Los nuevos desequilibrios de la economía argentina (Parte IV – Final)
Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)
Agresiones y concesiones
El modelo prioriza la contención social y por eso combina la instrumentación de las exigencias de los capitalistas con la aceptación de demandas populares.
El primer curso se verifica en la política de tolerancia hacia la inflación y en la negativa a aplicar controles de precios. Los aumentos de salarios que en las negociaciones colectivas parecen importantes, en la práctica sufren la poda de la carestía. La estrategia subyacente es aguardar una distensión de los precios o avanzar hacia algún pacto social con los empresarios y los sindicatos.
A lo largo de siete años de crecimiento los salarios de los trabajadores formales se recuperaron junto al empleo, siguiendo la pauta del ciclo económico. Pero las ventajas logradas por los patrones con los atropellos de los 90 han permitido mantener el costo laboral unitario por debajo del promedio tradicional. La política oficial ha convalidado todos los incrementos de la productividad que refuerzan la explotación.
Los salarios del sector formal se han recuperado, pero su participación en el ingreso nacional continúa relegada. En cualquier medición del repunte, la mejora de los sueldos ha sido inferior a la productividad y a las ganancias.
El modelo reafirmó el trabajo en negro. El segmento informal aglutina a la mitad de la población laboral y tiene alta gravitación no solo en las pequeñas empresas, sino también en las grandes compañías y el estado. Es cierto que el número de formalizados ha crecido en los últimos años, pero esa mejora no guarda relación con cualquier otro número de la economía. Al igual que la inflación, el gobierno tolera la precariedad laboral porque allí se localiza una gran reserva de salarios bajos.
Es indudable que la pobreza y la indigencia han caído significativamente desde los terribles indicadores del 2001. Esta reducción fue un resultado combinado de la mejora del empleo y la continuidad del asistencialismo. Pero esta disminución ha quedado amenazada desde el 2007 por los rebrotes de la inflación. El modelo tendió a sustituir la pobreza del desempleado por la miseria del trabajador precarizado y este resultado no es ajeno a una política económica que asegura altos beneficios a los grupos patronales.
Este efecto se corrobora también en el agravamiento de la desigualdad. Muchos indicadores destacan que la brecha entre ricos y pobres se ensanchó durante el crecimiento, consolidando una fractura latinoamericana que Argentina había logrado evitar durante la mayor parte del siglo XX.
En síntesis: el esquema económico recompuso todos los índices sociales frente a las dramáticas magnitudes del 2001, pero no restituyó los niveles de pobreza, salario o empleo predominantes en los ciclos de mayor normalidad. Estos porcentajes se mantienen por debajo de los promedios vigentes en esos períodos. Tomando en cuenta el largo período de crecimiento a tasas chinas de los últimos años, salta a la vista que el propio modelo es responsable de la polarización social.
Pero este resultado no anula otro dato clave: la política económica actual ha incluido importantes concesiones sociales, que representan conquistas para el movimiento popular. El gobierno avala una política salarial permisiva, que reinstaló la negociación colectiva en el centro a la vida laboral. El salario mínimo fue aumentado y los gremios estatales que protagonizaban prolongados conflictos lograron ciertas mejoras. Estos beneficios no se extendieron a los trabajadores informales, pero los avances en un sector suelen repercutir favorablemente sobre el otro.
En los últimos siete años se expandió el empleo público, quebrando un tabú del neoliberalismo. La pérdida de puestos de trabajo que generó la recesión del año pasado, fue por ejemplo compensada con la ampliación de cargos estatales, especialmente en las provincias. En su endiosamiento de la libre contratación del mercado, los derechistas identifican esta extensión con el clientelismo y la ineficiencia. Pero la obtención de un empleo estatal estable constituye un apreciado logro para cualquier oprimido.
La asignación por hijo que se implantó el año pasado no es universal, resulta insuficiente en número y monto, absorbe planes anteriores y tiende a ser desvalorizada por la inflación. Pero también plasma un principio de conquista. Amplió significativamente la población necesitada de cobertura y creó las condiciones para extensiones sucesivas del programa. En lugar de financiarse con impuestos a los acaudalados, esta iniciativa se nutre de la previsión social. Pero su implementación comienza a concretar una vieja demanda del movimiento social
Lo mismo ocurre con las jubilaciones. El gobierno reunificó la estructura previsional mediante la nacionalización de las AFJP, con la intención de asegurar fondos para la deuda y prevenir el colapso de un régimen previsional vaciado. Maneja el dinero del sistema sin ningún control, recure a sospechosas operaciones con títulos públicos y otorga explícitos subsidios a las grandes empresas. Pero estos desarreglos no desmienten el avance logrado con la desaparición del régimen de capitalización. Esta eliminación ha sido progresiva y contraria a las políticas imperantes en el resto del mundo.
Con esta nacionalización se crearon también mejores condiciones para luchar por los aumentos para los jubilados. Esta demanda se ha intensificado, frente a los inconsistentes argumentos que esgrime el gobierno para resistir el otorgamiento del 82%. No solo hay superávit en las cajas del sistema, sino que la reinstauración de los aportes patronales permitiría comenzar a sostener ese porcentaje en el tiempo. También aquí se perciben las dos caras de la política oficial. Por un lado mantiene al grueso de los pensionados en la mínima y acható la pirámide de cobro y por otra parte otorgó ajustes, introdujo un principio de movilidad y amplió la cobertura a un gran número de desposeídos.
Todo el panorama social está signado por este tipo de conquistas frágiles, limitadas y amenazadas, que pueden revertirse por la propia dinámica del modelo capitalista. Pero son logros que obedecen a la vitalidad de las luchas sociales, en un país con récords de manifestaciones, paros y cortes de calles. El gobierno reconoce esta realidad y por eso se ha manejado con cautela frente a la protesta social.
Programa y estrategia
Como el modelo y sus alternativas derechistas expresan proyectos de las clases dominantes, resulta necesario construir otra opción al servicio de las mayorías populares. La condición de este curso es un programa que exprese las urgencias de los oprimidos.
Durante la recesión del año pasado las prioridades populares estuvieron concentradas en la defensa del empleo y en reclamos de suspensión de los despidos. Con el reinicio de la recuperación, el centro de atención vuelve a ubicarse en las demandas salariales, que ahora necesitan una escala móvil para contrarrestar los efectos de la inflación.
El 82% para los jubilados se encuentra en centro de la escena, junto a la necesidad de equiparar el haber mínimo con el salario básico. Se puede comenzar a concretar estos objetivos, si las grandes empresas vuelven a tributar lo que tradicionalmente aportaban. Pero resulta indispensable asegurar que el dinero de la previsión social se utilice para los jubilados, poniendo fin al desvío de estos fondos para otras financiaciones del estado. Las cajas deben ser administradas por quiénes las solventan y el tesoro debe asegurar sus recursos por otros canales.
También la generalización y el aumento de la asignación por hijo son factibles, mediante una reforma impositiva que grave a los grandes patrimonios y permita la efectiva universalización de ese ingreso. En vez de canalizar los fondos públicos hacia las grandes empresas, corresponde incrementar de inmediato el presupuesto de educación y salud. Este aumento es indispensable para cerrar la impúdica brecha que separa a los colegios elegantes y a los hospitales privados, de los servicios públicos degradados que utiliza la población sin cobertura.
Cualquier mejora en el nivel de vida popular necesita mecanismos de control de precios, para impedir que la inflación neutralice esos avances. Pero la estabilidad de precios también requiere que las finanzas públicas se equilibren sin mayor endeudamiento. En lugar del canje, la emisión de títulos, los arreglos con Club de Paris y la convivencia con el FMI se necesita investigar los viejos pasivos que el gobierno recicla y suspender durante esa inspección las cuestionadas erogaciones.
El estado puede financiarse con la postergada reforma impositiva. Siempre se reconoce la urgencia de esta transformación, pero nadie se atreve a ponerla en marcha. Mientras el IVA persiste en porcentajes inadmisibles, continúan exentas la herencia y las transacciones financieras.
Con ciertas acciones prioritarias, un proyecto popular podría comenzar a reorganizar la producción al servicio de las mayorías. Para instrumentar estas iniciativas es necesario cortar los canales de sabotaje que utilizan los grandes capitalistas, frente a cualquier amenaza a sus privilegios. El control de cambio y la estricta regulación estatal de los capitales que ingresan y salen del país es una medida elemental, que no rige en Argentina.
Pero el desarrollo del país también necesita la centralización de todos los recursos financieros en manos del estado. Un sistema de banca pública -que asigne el crédito en función de las prioridades productivas- permitiría implementar un proyecto industrial eficaz. Esta acción debería complementarse con la reversión del mono-cultivo sojero, incentivando la diversificación agropecuaria. En este marco, el comercio exterior nacionalizado y el manejo estatal de los principales precios de compra-venta agrícola contribuirían a remodelar la economía. Establecerían los cimientos para una reindustrialización sostenida en la nacionalización de los recursos básicos.
Un programa de este tipo puede contribuir a la construcción de la alternativa popular si no gira en el vacío. Es útil para avanzar en la gestación de un tercer polo político. Esta opción es indispensable para superar la falsa polarización que han creado el gobierno y la derecha. Para lograr un país de igualdad, justicia y democracia hay que crear una alternativa de izquierda. La experiencia indica que esta construcción no es sencilla y debe confrontar con vicios muy arraigados en los colectivos militantes.
En la coyuntura actual se plantean, además, dos condiciones para convertir el programa en realidad.El primer requisito es desenvolver un discurso y una acción claramente diferenciados de la derecha. Este señalamiento es obvio, pero se ha tornado necesario desde el alineamiento que tuvieron algunos sectores de la izquierda con la Mesa de Enlace. Esa inadmisible alianza asume en la actualidad otras modalidades de convergencia con sectores reaccionarios en campañas contra la deuda, el ingreso universal o las jubilaciones.
También se ha generalizado cierta repetición de la vacua retórica constitucionalista que propagan los conservadores y no pocas copias del libreto que difunden los medios de comunicación enemistados con el gobierno. Cuestionar al kirchnerismo desde este flanco es tan suicida, como equiparar a los derechistas con el gobierno. Esta identificación desconoce las conquistas sociales y democráticas logradas en este período.
Un error inverso se comete al adoptar actitudes de resignación frente a los Kirchner, con el argumento del mal menor o de “lo único posible”. Suponer que el enemigo siempre está fuera del gobierno equivale a aceptar la validez del simplificado libreto oficial. Esta conducta genera desmoralización, al suponer que la única elección factible es entre el status quo y un futuro más adverso. Es ilusorio ver al krichnerismo como una fuerza embarcada en batallas permanentes contra la derecha. Existen varios ejemplos de alineamientos oficiales en las peores causas en disputa.
La coyuntura actual es propicia para avanzar en la construcción de una tercera fuerza. Hay un movimiento social muy vital que recepta con simpatía las ideas de la izquierda. No sólo ha irrumpido una generación de luchadores que reclama la democratización sindical. También predomina un clima latinoamericanista, que torna atractivos los ideales socialistas y antiimperialistas. Es un buen momento para transitar el camino hacia las grandes metas de emancipación.
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Resumen:
El modelo actual surgió de una inédita debacle y recompuso la acumulación, manteniendo la inserción agro-exportadora. Modificó las hegemonías en el bloque dominante y sin adscribir al neo-liberalismo eludió rupturas posliberales. Busca recuperar la gravitación industrial, presenta tintes neo-desarrollistas, limitó la valorización financiera y no prioriza la primarización. Pero coexiste con el esquema sojero y no favorece a las mayorías populares.
Los grupos tradicionales venden sus firmas y no pesan entre las multinacionales latinas. La “argentinización” de los servicios y el capitalismo de amigos repiten antecedentes fallidos de industrialización. No existen empresarios dispuestos a asumir el riesgo de la inversión fabril y tanto la modernización agraria como la falta de financiación, obstruyen la reindustrialización.
La inflación, la fuga de capitales y la baja inversión retratan la conducta de los capitalistas. El gobierno resiste los ajustes cambiarios, pero otorga subsidios que socavan el superávit fiscal e inducen el endeudamiento.
Al igual que en Sudamérica se renueva la dependencia de las exportaciones básicas. Argentina mantiene un lugar intermedio, diferenciado de la periferia inferior y de los BRICs, mientras se acrecienta la distancia con Brasil.
Las consecuencias atenuadas de la crisis global no obedecen a los ajustes de la ortodoxia, ni a las intervenciones estatales de la heterodoxia. Cambió el contexto y la localización de la crisis global, pero no su manejo. Aunque los motores del modelo se han deteriorado, no se avizora un retorno a los 90.
Hay tensiones entre el intento industrialista y la primarización. El gobierno y la oposición derechista agigantan las divergencias, oscureciendo las coincidencias en los temas estratégicos.
El modelo expresa la relación de fuerzas y la acción de un gobierno distanciado del derechismo y del reformismo. La política de contemporización social combina exigencias capitalistas con aceptación de demandas populares. Es necesario construir una tercera alternativa.
Argenpress 28/07/10