Ataque a las pensiones: el 74% de la población está en contra del retraso de la edad de jubilación
Mientras el gobierno prepara nuevas medidas contra la clase trabajadora reduciendo las pensiones, la mayoría de los españoles se opone a ellas, especialmente al retraso en la edad de jubilación.
El 74% de los españoles rechaza retrasar la jubilación para garantizar el sistema de pensiones
El 74% de los españoles se opone a la propuesta del Gobierno de elevar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años para asegurar el sistema público de pensiones, según se desprende del V estudio internacional de AXA sobre jubilación.
Sólo un 9% estaría a favor de aplicar esta medida, con lo que sitúa a España como el país europeo más reacio a aumentar la edad de retiro, muy por encima de Reino Unido, Francia o Portugal, donde la oposición no supera el 55%.
Alemania e Italia, con un 71% y 69%, se acercan más al rechazo de los españoles a prolongar la vida laboral, recomendación realizada desde Bruselas para afrontar los cambios de los flujos demográficos.
Como alternativa para garantizar la viabilidad de la Seguridad Social, los españoles se decantan por incrementar la carga contributiva por parte del Estado, con un 45% que se declara a favor. Mientras, un 33% prefiere decidir por sí mismo en el ahorro para su retiro.
Retiro ideal a los 59 años
Los trabajadores españoles consideran que los 59 años es la edad ‘ideal’ para retirarse, si bien se resignan y estiman que éste no les llegará hasta los 64 años, es decir, cinco años más tarde de los que desearían.
La edad efectiva de jubilación en España se sitúa, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en los 61,5 años y, según la Seguridad Social, en los 63,7 años. Esta situación se explica en que el 40% de los españoles jubilados lo hizo cuando cumplió la edad establecida.
Pensiones: Trabajo estudia que computen los mejores y los peores años de cotización
El Gobierno es consciente de que, una vez superada la reforma laboral, la gran asignatura a superar en el próximo trimestre es la reforma del sistema de pensiones y la revisión del Pacto de Toledo.
Pero, al mismo tiempo, tiene muy claro también que no le conviene abrir un nuevo frente con los sindicatos, especialmente tras el pulso de la huelga general del 29-S, y que necesita el apoyo de las minorías de la izquierda parlamentaria , por lo que los responsables del Ministerio de Trabajo, y en especial el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, están barajando fórmulas intermedias que permitan compensar el impacto y los efectos negativos para el trabajador de la ampliación a 20 años del periodo de cotización para tener derecho a acceder a una pensión contributiva.
Con este objetivo, una de las fórmulas que tiene el Ejecutivo encima de la mesa es que los 20 años de cotización computables para el cálculo de la cuantía de la pensión no sean, obligatoriamente, los últimos 20 años cotizados, como ocurre ahora, sino que se establezca una fórmula en la que se computen los 12 ó 15 años de máxima cotización a lo largo de la vida laboral y los 8 ó 5 de cotización más baja, estableciendo así una media, que fijaría el importe de la prestación a percibir finalmente por el trabajador.
Con esta opción, cuyo coste están evaluando los técnicos del Ministerio de Trabajo para ver si es viable económicamente, se conseguiría evitar la penalización que la fórmula de los últimos años cotizados conlleva para los parados de larga duración, que al perder el puesto de trabajo en los últimos años de su vida laboral y no encontrar empleo se ven obligados a cotizar el mínimo a la Seguridad Social después de haber cotizado por bases más altas durante los años anteriores.
Equidad y contributividad
Los últimos informes elaborados por Analistas Financieros Internacionales (Afi) confirman que cualquier ampliación del periodo de cómputo conlleva un descenso de la pensión a percibir. Y en el caso de la reforma que proyecta el Gobierno, pasar de los 15 años a los 20 se traduciría en una caída de la pensión media de entre el 4,2 y el 5,5 por ciento, es decir, una reducción de un punto porcentual por cada año de ampliación.
Es por este motivo que desde la patronal CEOE se ve con buenos ojos esta fórmula del porcentaje de años, que podría ser elegible. En concreto, el documento sobre las Aportaciones de CEOE al Documento sobre la Revisión del Pacto de Toledo, aprobado el pasado miércoles por la Junta Directiva de la organización empresarial, expone que «las reglas actuales pueden ser enormemente desfavorables para trabajadores que experimenten situaciones de desempleo o reducciones importantes de rentas salariales al final de su vida laboral».
Por tanto, considera necesario «establecer la cotización durante toda la vida laboral como base fundamental de la determinación de las prestaciones». Así, añade el documento, además de valorar mejor el esfuerzo contributivo de cada trabajador «actuaría como elemento básico de justicia, teniendo un impacto muy favorable en la sostenibilidad del sistema».
Edad de jubilación
La patronal, que propone también que exista «una mayor relación entre la contribución realizada y la prestación percibida» para hacer el sistema sostenible, insiste en exigir una «estricta y urgente» separación de la financiación de las prestaciones contributivas y del complemento a mínimos , «que debería estar financiado desde hace tiempo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».
Respecto la ampliación de la edad de jubilación, la opción que también estudia el Gobierno es conseguir que se cumpla de manera efectiva la edad legal de 65 años, frente a los 63 años en que está hoy la edad real de retiro laboral, suprimiendo las formas que ahora permiten acortar la edad tope. El alargamiento obligatorio hasta los 67 años pasaría a ser una opción a medio plazo, optando a corto plazo, por un alargamiento únicamente voluntario.
Donde si se va actuar con contundencia el Ejecutivo es en el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas con el objetivo de conseguir que, si se producen, no tengan efectos financieros negativos para el Estado.
Kaos. Laboral y Economía | prensa
21/09/10