Panorama de los jucios a represores, avances y retrocesos, una cuestión política
A poco de cumplirse 27 años del retorno de la democracia sólo 123 miembros de la colosal estructura represiva puesta en marcha durante la dictadura militar han sido juzgados.
Es una cifra importante, teniendo en cuenta que envejecen tras las rejas algunos jerarcas, como Luciano Benjamín Menéndez –recientemente le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria-, Jorge Eduardo el “Tigre” Acosta o Miguel Osvaldo Etchecolatz, que tuvieron bajo su mando centenares de rufianes y torturadores, pero no alcanza a ser representativa de cadenas de mando, grupos de tareas y guardias involucrados en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de 30.000 personas.
La Justicia, entre morosa e inexperta, demoró cinco años en hacerse eco de un reclamo que los organismos de derechos humanos hicieron desde el reinicio de las causas por delitos de Lesa Humanidad: la unificación de los expedientes que tramitaban por víctimas y represores individuales, y el juzgamiento –en grandes juicios- por todos los delitos de cada centro clandestino de detención. El 3 de marzo de 2008, bajo la resolución 13/08, la Procuración General de la Nación dispuso algunos lineamientos generales para acelerar los juicios a genocidas. Entre ellos, destacaba la necesidad de evitar “arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad”. La resolución aparecía como la respuesta a un diagnóstico de los principales obstáculos dilatorios que había hecho la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimientos de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, creada en el ámbito de la Procuración en el año 2007. Ese informe, en agosto de 2007, exponía algunas demoras injustificables en la instrucción de las causas: Tribunales con vacantes en los cuales no habían sido seleccionados los jueces subrogantes, los “cuellos de botella” en algunos Tribunales Orales, la falta de un plan eficaz de protección de testigos para estos juicios, y el alojamiento de los imputados en bases militares o navales, dependencias policiales y prisión domiciliaria, y sólo un mínimo porcentaje (17%) en cárcel común.
A partir de la resolución 13/08, aunque con reticencias de implementación en algunas provincias o jurisdicciones donde algunos miembros del Poder Judicial provenían de tiempos de la dictadura, como Mendoza, Bahía Blanca o Salta, por mencionar algunos, los juicios al Terrorismo de Estado comenzaron –en líneas generales- a acelerarse.
El dato se refleja en el aumento gradual de juicios y condenas: hasta diciembre de 2008 habían sido condenados 61 represores. Durante 2009 esa cantidad aumentó más de la mitad, alcanzando su condena 99 miembros de las fuerzas represivas. Hasta junio de este año habían sido condenados 15 más (4 de ellos tenían condenas anteriores), y se espera que en el corto plazo reciban su sentencia los 133 imputados de los nueve juicios que están en marcha: entre ellos, los marinos de la Esma, los asesinos de Margarita Belén y los desaparecedores de Vesubio, Automotores Orletti, y el circuito ABO (Club Atlético, el Banco y Olimpo). Por otro lado, hubo un aumento sostenido de las personas procesadas, que en la actualidad alcanzan los 656.
Mientras tanto, los procesos tienen todavía ciertos puntos oscuros y otros pendientes: por un lado, una preocupante tendencia a cambiar las cárceles comunes por detenciones domiciliarias (el caso ya mencionado de Menéndez, o el del médico policial Jorge Bergés, entre otros), o la gran cantidad de prófugos, algunos ya con remotos pedidos de captura. Por el otro, la impunidad que todavía gozan algunos actores implicados en las aberraciones de la dictadura: por ejemplo, los jueces y fiscales que rechazaron sistemáticamente los recursos de Habeas Corpus que presentaban con desesperación los familiares de los desaparecidos (En el Juicio a las Juntas, se estableció que se presentaron entre 1976 y 1982 más de 14.700 recursos, la mayoría contestados en forma negativa).
Con la confirmación de la previsible connivencia de Clarín, La Nación y La Razón con las huestes de Videla, cristalizada en el traspaso forzoso de Papel Prensa en su favor, recién ahora comienza a dibujarse en la agenda oficial –enmarañado en la disputa que el gobierno mantiene con el grupo monopólico de la viuda de Noble- un reclamo pretérito de los organismos de derechos humanos y una porción de la sociedad: el juzgamiento a las complicidades de ciertos sectores civiles con el régimen militar. Al disciplinamiento de gran parte de la prensa –en algunos casos, como los ya mencionados, abierta colaboración- durante la noche de la desaparición, habría que sumar otros rubros del ramo empresarial: el imperio azucarero Ledesma, las automotrices Ford y Mercedes Benz, las acereras y metalúrgicas Acindar, Astarsa y Dálmine Siderca (la lista sigue), han sido entusiastas confeccionadores de listas negras de trabajadores activistas, y hasta han prestado sus instalaciones para que las fuerzas represivas montaran allí mismo verdaderos centros clandestinos de detención.
Esas empresas y otros beneficiados del proyecto económico de Martinez de Hoz, como la Sociedad Rural o la UIA, hoy siguen integrando los grupos económicos que, más o menos enfrentados con el kirchnerismo, gravitan en la escena sociopolítica atentando contra los intereses de las clases populares y los sectores más postergados del espectro social.