Doble discurso y criminalización de la protesta en la era Kirchner

El debate sobre el rol que cumple el Gobierno nacional en la defensa o no de los derechos humanos tiene diferentes posturas. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, en mayo del 2003, marcó para muchos una nueva forma de manejarse en lo más alto del poder nacional en varios sentidos, entre otros, el de la “no represión de la protesta social” y el de un manejo consensuado con las organizaciones sociales.

Diferentes agrupaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras, vienen denunciando la continuidad por parte de los organismos oficiales a nivel nacional de la criminalización de la protesta social. Esto incluye a distintas instancias del Poder Judicial y especialmente, a gobernadores -muchos de ellos firmes aliados del gobierno central- y al propio Poder Ejecutivo Nacional.

Según el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en el país hay 5000 causas contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.

La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.

Para detallar este panorama es importante enumerar algunos de los casos sucedidos en el transcurso de 2010. Uno de estos fue el de Bariloche donde tres pibes fueron fusilados, hubo 21 heridos, decenas de detenidos en las diferentes comisarías, la mayoría torturados en los calabozos frente al Centro Cívico y al monumento a Roca, mientras seguían reprimiendo la movilización popular. A un pibe le quebraron el brazo cuando le pisotearon la mano con los borceguíes, que dijeron “con esta ya no vas a poder tirar más piedras”. Río Negro es ejemplo de cómo un gobernador radical Miguel Saiz, aliado al gobierno kirchnerista, sostiene y avala al aparato represivo que le toca administrar. Fue Saiz quien le pidió -a Cristina Kirchner- el envío de tropas de Gendarmería. Es Saiz quien sostiene un ministro de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también Saiz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”. Es la presidenta Cristina Kirchner quien le brindó todo el apoyo del gobierno “nacional y popular” y puso a su disposición a la gendarmería.

Otro de los casos de abierta represión ocurrió 10 de mayo de este año cuando la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, Salta, se movilizaba pidiendo que la provincia libere los fondos del Plan Federal de Emergencias Habitacional y que las empresas petroleras y constructoras de la zona incorporen a los trabajadores locales. El gobierno de Salta respondió reprimiendo y persiguiendo a los manifestantes. En el marco de estas persecuciones, fue detenido José “Pepino” Fernández, dirigente de la UTD. Unos 300 compañeros/as del dirigente se concentraron en la Ruta Nacional 34 para pedir por su liberación y una vez más, las fuerzas represivas provinciales, bajo las órdenes de su responsable directo, el gobernador Urtubey, y las federales, bajo el mando del gobierno nacional, reprimieron el corte con gases, balas de goma y plomo e ingresar a los barrios para cazar más y mejor.

También el aparato represivo se despliega contra aquellas comunidades que se organizan y protestan contra la expansión de la frontera agropecuaria y los proyectos de la mega minería. Así sucedió con el desalojo de indígenas en diversas provincias del país, como fue el caso del asesinato del cacique Javier Chocobar, integrante de la comunidad Chuschagasta en la provincia de Tucumán. En esa oportunidad otras cuatro personas sufrieron heridas de bala. Este tipo de tensiones se dieron también en las provincias de Salta, Chaco, Catamarca y Neuquén. Uno de estos ejemplos es el caso de una magistrada neuquina que dictó una orden de desalojo sobre el territorio de ocupación tradicional de la comunidad Currumil. En estas circunstancias, las fuerzas policiales, mediante el uso de palos y balas de gomas, reprimieron y desalojaron por la fuerza a decenas de familias de su territorio ancestral. En efecto, la policía avanzó brutalmente contra los pobladores, sus casas y sus animales. Persiguió a jóvenes, ancianos y niños hasta sus propias viviendas llevando adelante una cacería de personas. En un clima de extrema tensión en la que hubieron varios heridos y se creó pánico en la población, la policía hasta quemó banderas del Pueblo Originario Mapuche que estaban levantadas en las viviendas, para incitar más la violencia.

De la misma manera la represión es dirigida contra las movilizaciones denunciando la minería a cielo abierto, realizadas en distintas provincias del país. Así ocurrió en la provincia de Neuquén, en rechazo a la instalación de una empresa de origen chino que pretendía explotar cobre en el paraje Campana Mahuida, donde habita una comunidad mapuche. En San Juan y Jujuy también se hicieron escuchar los reclamos contra esta actividad y contra la explotación aurífera en los glaciares cordilleranos. El 15 de febrero de 2010, en Andalgalá, Catamarca, la Gendarmería Nacional y la policía provincial, con perros y equipos especiales para reprimir apaleó y arrastró a un grupo de asambleístas que cortaban la ruta para evitar la instalación de una mina de extracción de oro y plata.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina en el 2010, “el gobierno nacional ha hecho una bandera de la actitud de no reprimir el conflicto social, pero como resulta evidente no controla lo suficiente para que sus estructuras dependientes apliquen esa norma, o no reacciona cuando quienes reprimen son aliados políticos provinciales.”

Persecución a las y los trabajadores
El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, en su informe sobre la violación a la libertad sindical en el primer semestre del 2010, relata que se ha incremento un 15% la cantidad de denuncias por violaciones a la libertad sindical respecto al mismo período del año anterior. Según el informe, un porcentaje muy significativo de estas violaciones (el 69%) se cometen contra trabajadores que están en procesos de organización o consolidación de sus organizaciones gremiales. El 39% de las violaciones a la libertad sindical se dirigió a limitar procesos organizativos (creación de sindicatos, elección de delegados, realización de asambleas, etc), el 35% se explica por respuestas de la patronal a conflictos que no incluyeron paro (principalmente en el marco de movilizaciones), y el 15% por respuestas de la patronal a conflictos con paro.

A lo largo de 2009 y de lo que va del 2010 se produjeron conflictos sindicales que tuvieron un nivel elevado de repercusión pública, como el de los trabajadores de la empresa Kraft (ex Terrabusi). Los trabajadores de la empresa Kraft-ex Terrabussi ocuparon parte de la fábrica en reclamo por despidos, y el 25 de septiembre de 2009 la policía de la provincia de Buenos Aires –con 300 efectivos- reprimió a los trabajadores que se encontraban dentro y fuera de la planta. En total, 12 personas resultaron heridas y 65 fueron detenidas. Un juez penal de San Isidro justificó la medida por entender que los trabajadores habían desbordado el legítimo derecho de huelga. Por este caso fueron procesados Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario, junto a otros delegados y activistas obreros, poco después que el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, había salido a pedir abiertamente represión, demostrando la complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los trabajadores, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.

Otro caso de represión en el contexto de despidos a trabajadores se produjo a principios de año, cuando el 18 de febrero efectivos de la Policía Federal reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes concentrados en la Avenida General Paz, frente a la metalúrgica ex Roberto Bosch.

Pero el gobierno se vale tanto de la fuerza como también de los aceitados mecanismos judiciales.

La criminalización y judicialización de la protesta social tiene que ver con el desplazamiento del conflicto social al ámbito judicial con un sentido fuertemente desarticulador de la lucha social, individualizador de la acción colectiva y por lo mismo, despolitizante.

La criminalización de la protesta es una cuestión eminentemente política y no jurídica
Contra los trabajadores del subte, entre los que se encuentra delegado Néstor Segovia, pesan distintas causas penales por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA que pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.

El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados Gastón Platowsky y Leo Bonnani del Casino Buenos Aires es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos.

También veinticuatro trabajadores y delegados ferroviarios de la línea Sarmiento, el año pasado fueron llevados a juicio. En este caso lograron, con la movilización unitaria, la absolución, pero pesan sobre ellos otras causas.

Asimismo se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y los militantes que apoyaron solidariamente su lucha, contra los despidos que impuso la patronal. De igual forma Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial y el Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.

Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete. También en uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solana del Frente Popular Darío Santillán, que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.

Estudiantazo y criminalización
Ante el conflicto de la toma de los colegios por parte de los alumnos secundarios en la Capital Federal, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner salio a “respaldar” a los chicos. «No me parece demasiado lo que piden (los estudiantes porteños). Por lo que escuché piden un plan de obras. No me parece demasiado», enfatizó la presidenta. Ante estas declaraciones, diferentes organizaciones sociales se preguntan por qué cuando la protesta denuncia irregularidades del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri la postura kirchnerista es de “apoyo”, pero si la denuncias son sobre las prácticas clientelares de los punteros barriales, el gatillo fácil de la Policía Federal o la defensa de la educación pública, las personas participantes de estas acciones son procesadas.

Ese es el caso de los jóvenes estudiantes que se encuentran afectados por la política de criminalización. Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado, por la democratización de los estatutos de la UBA, y contra diez dirigentes estudiantiles, por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también la situación de los dirigentes estudiantiles Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro, que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft -Terrabussi, y continúa en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.

Listas negras pero en Gualeguaychú
El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, pide a la Justicia las listas negras con los nombres de los alumnos que toman las escuelas. El Gobierno Nacional tiene la lista con los nombres de los asambleístas que cortaron el puente Gualeguaychú y los denunció penalmente.

Según el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia “este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos por el gobierno como defensores de una ‘causa nacional’ a ser tratados como delincuentes”.

El corte del Puente Internacional General San Martín sobre la ruta 136 que viene manteniendo desde hace más de tres años la Asamblea Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú, en reclamo contra la instalación de la pastera Botnia-UPM sobre el margen del Río Uruguay, significó para el kirchnerismo un fuerte dilema sobre la táctica a utilizar para acabar con un corte que viene teniendo repercusiones en las relaciones diplomáticas con el vecino país.

Tras la decisión del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de levantar el corte sobre el Puente y pedirle al gobierno que mande la Gendarmería para hacer uso del libre tráfico en el mismo, el Gobierno nacional presentó ante la Justicia «una denuncia penal con nombres y apellidos», en la causa contra quienes cortan el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. «Hemos presentado una denuncia penal con nombres y apellidos y hemos aportados datos», precisó Aníbal Fernández. Fernández afirmó también que para el gobierno nacional el conflicto con Uruguay por la pastera Botnia «terminó cuando se dictaminó el fallo» de La Haya, y consideró a los asambleístas de Gualeguaychú «han tenido actitudes radicalizadas».

«No es justo», «es extorsivo», «no nos representan», «no tienen vergüenza», fueron algunas frases que se escucharon por parte de los asambleístas. La represión no solo abarcó el ámbito judicial, también en lo discursivo el Gobierno nacional amenazó a los asambleístas, ya que a través del Ministro de Justicia Julio Alak, el gobierno aseguró que debe ser desalojado el acceso al puente y destacó que «hay una orden judicial expresa, clara y contundente» que tiene que ser acatada por los asambleístas. «El gobierno la va a hacer cumplir, a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho».

Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones como el caso de Roberto Martino dirigente del MTR a quien el pasado 17 de julio la Cámara Federal confirmó el procesamiento y su prisión preventiva por oponerse al estado genocida de Israel. De igual forma, José Villalba, Karina Germano, Claudio Olivera y Daniel Rodríguez se encuentran procesados o condenados, por nombrar solo algunos. Siguiendo esa estrategia, el Tribunal Oral Federal Nº3 de Capital Federal condenó a tres años y ocho meses al líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche, y a tres años y seis meses de prisión a Raúl Lescano. Además de los dirigentes, otros seis militantes fueron condenados a 3 años de cárcel.

Juan Carlos Beica por su parte, fué condenado por el delito de opinión pero quedó recientemente absuelto. El que no corrió su misma suerte es Rubén Saboulard, que continúa procesado.

Es en este sentido que diferentes organismos de derechos humanos denuncian que “durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar”.

Si repasamos los procesos judiciales contra luchadores y luchadoras sociales en los últimos años, vemos cómo fueron avanzando en el camino de la criminalización de la protesta. Hace 20 años, los detenidos en una marcha eran fichados por una averiguación de antecedentes o una contravención. Más adelante, esas detenciones ya originaban causas penales, con imputaciones por delitos excarcelables, como atentado y resistencia a la autoridad, daño o lesiones, combinación tan frecuente fue llamada «el combo manifestación».

El actual gobierno, que ya en 2005 había batido el récord de presos políticos en sus calabozos desde 1983, se hizo especialista en la materia. Como declaró en alguna oportunidad Aníbal Fernández: “a los que saquen los pies del plato, los vamos a esperar con el código penal en la mano”.

Sin embargo, es importante volver a destacar que el derecho a la protesta es un derecho constitucionalmente legitimado, siendo una obligación del Estado su garantía y protección. “El derecho a la protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (Art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (Art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos (…). Además no sólo está reconocido el derecho a la protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (Art. 8)”, señaló el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en su discurso sobre ‘Criminalización de la protesta social’ que dio en la Facultad de Derecho de la UBA.

Entonces, cuando se criminaliza la protesta, es decir, la organización colectiva de la vida, cuando se utiliza el Código Penal para “castigar” a quienes expresan las fallas del sistema; el Estado apunta a varios objetivos: por un lado intentar acallar y frenar el conflicto social, y por otro trata de correr el eje de discusión del conflicto social al ámbito judicial.

En este contexto, no es casual la negativa del gobierno de los Kirchner a impulsar medidas políticas o sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años. Hablando de la defensa de los DD.HH. pero al mismo tiempo negándose a despenalizar la protesta.