La marcha de la burocracia sindical roja-rojita es una estafa política contra los trabajadores

Que no nos engañe aquel «contra la burocracia»: estamos ante una convocatoria de la burocracia sindical del PSUV, encabezada por Marcela Máspero y Stalin Pérez, aquella que ha sido cómplice de las más terribles arremetidas del gobierno contra los trabajadores, la misma que ha dicho que el aumento del IVA es una medida «progresiva» y que la superdevaluación de la moneda es una medida «necesaria», esa burocracia que ha claudicado a la posición presidencial según la cual la autonomía sindical es «un veneno de la Cuarta República», y que con su silencio avaló las palabras de Chávez cuando aseguró que enfrentaría personalmente y a través de la militarización cualquier huelga en empresas estatales, declaraciones realizadas en Guayana en marzo de 2009.

Marcha en apoyo al gobierno y contra la autonomía sindical

No es una marcha «contra el capital», sino en apoyo a un gobierno que, aunque se dice «socialista» y «obrerista», atropella con saña a la clase obrera, y está empeñado en echar sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de la crisis capitalista, violando su derecho a la contratación colectiva, ignorando órdenes de reenganche, limitando las libertades sindicales y hasta encarcelando a los que hacen uso del derecho a huelga. Un gobierno que en los hechos es un aliado incondicional de los empresarios y las transnacionales. El carácter burocrático y progubernamental de la marcha ya son suficientes razones para que la clase obrera rechace tajantemente esa convocatoria de la cúpula sindical del PSUV, la cual intenta hacerse con una posición semejante a la que en su momento tuvo el Buró Sindical de Acción Democrática, como correa de transmisión de las políticas gubernamentales en contra de los trabajadores. Marchar es apoyar a estos burócratas en ese cometido contrarrevolucionario.

La «nueva LOT» que propugnan los burócratas sindicales del PSUV incluye la odiosa figura de los «consejos de trabajadores», figuras organizativas obligatorias, que violan la autonomía sindical. Están enmarcadas en una concepción según la cual, los sindicatos son «economicistas y capitalistas» por definición, mientras que los «consejos de trabajadores» no deben luchar por reivindicaciones económicas, sino «políticas». Para delatar aún más el carácter reaccionario de estos consejos, el último borrador de la reforma a la LOT establece que los «consejos de trabajadores» deben «garantizar la producción», lo cual les convierte en consejos de esquiroles, cuya tarea es garantizar que no se ejerza el derecho a huelga. Marchar con la burocracia sindical del PSUV es apoyar este engendro legal contra los trabajadores.

La burocracia apoya el ataque a los trabajadores en las empresas compradas por el gobierno

El apoyo a las compras de empresas por parte del gobierno, procesos en los cuales se pagan indemnizaciones altísimas a los empresarios, pero se pisotean los derechos de los trabajadores, es otra muestra del carácter reaccionario de esta marcha. Que explícitamente se apoye el proceso de estatización de Agroisleña y Owen Illinois, es una traición miserable a los trabajadores, ya que se trata de procesos en los cuales el gobierno ha enfrentado a los trabajadores con las botas de la Guardia Nacional Bolivariana, las patotas de motorizados del PSUV, y el «gas del bueno» de las bombas lacrimógenas.

Muy lejos de ser las «expropiaciones revolucionarias», que tanto publicita el gobierno, estas compras de empresas son jugosísimos negocios para la burguesía. En estas transacciones se garantizan todas las prerrogativas de los empresarios pero no se respeta ninguno de los derechos de los trabajadores. No se garantiza la estabilidad laboral ni la libertad sindical. Se mantienen la tercerización y el trabajo precario, se desmejoran las condiciones laborales y se desconocen las conquistas contractuales.

La lucha de clases ha dividido aguas de manera muy clara en estos casos: de un lado el gobierno, con sus cuerpos represivos, bandas de choque del PSUV, y la burocracia sindical a su servicio; del otro han estado los trabajadores resisitiendo. Y CCURA, por supuesto, ha acompañando a los trabajadores de Owens, Metalgráfica, Superenvalic, y Agroisleña.

Con el apoyo a las estatizaciones de empresas realizadas recientemente, la burocracia sindical reafirma que se ha colocado del lado del gobierno, en contra de los trabajadores.

La cuestión salarial

El reclamo por un aumento general de salarios es algo que nosotros tenemos por bandera desde hace años. Pero los burócratas sindicales del PSUV no dicen en qué porcentaje consideran que deben aumentarse los salarios. De hecho, la burocracia roja-rojita se ha dado por satisfecha con los pírricos aumentos de salario de los últimos años, incluyendo el miserable 10%+15% de este año.

Nosotros, en cambio, exigimos un salario mínimo igual a la canasta básica, tal y como establece la Constitución en su artículo 91, y una escala móvil para que el salario se homologue trimestralmente al índice inflacionario. Así lo hicimos cuando marchamos el 12 de marzo en Maracay, contra el plan de ajuste del gobierno. Y, a diferencia de la burocracia sindical roja-rojita, siempre denunciamos aquellos aumentos salariales por debajo del índice inflacionario.

El terrorismo patronal es política de Estado

Finalmente está el tema del terrorismo patronal. Ciertamente, existe una política de Estado antisindical y antiobrera, de persecución y criminalización de aquellos dirigentes obreros combativos y clasistas, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero los burócratas que secuestraron la UNETE no se refieren a esa política del gobierno contra los trabajadores. No levantan la exigencia de libertad inmediata para el preso político Rubén González, víctima de la directriz presidencial de no permitir huelgas en empresas estatales. En más de un año que lleva preso el secretario general del sindicato de Ferrominera, los burócratas sindicales del PSUV han guardado un silencio canalla, que los convierte en cómplices de la criminalizaciónd de la huelga. Que en pleno juicio contra un dirigente obrero convertido en preso político, una marcha «de trabajadores» no exija su inmediata liberación, demuestra que sus convocantes son cómplices de la política de Estado que hace del derecho a huelga un crímen.

Esta marcha tampoco exigirá que el gobierno deje de proteger con la impunidad a los asesinos de los 7 mártires de la UNETE-Aragua. No exige el acatamiento inmediato de más de 2000 órdenes de reenganche del sector público, y alrededor de 1000 en el sector privado, que son ignoradas por los patronos. No exige que se respeten la inamovilidad y los beneficios contractuales de los trabajadores de las empresas estatizadas. No exige respeto al derecho a la sindicalización en el sector público, ni respeto al derecho a huelga. Tampoco exige que cese la criminalización de la acción sindical y la protesta obrera. En definitiva, sus convocantes son cómplices del verdadero terrorismo patronal que ejerce el gobierno y que alienta a los patronos privados a hacer lo propio.

Hay que romper con la burocracia sindical roja-rojita y levantar una agenda de lucha autónoma

Llamamos a los trabajadores a no caer en la trampa que les tiende la dirigencia pesuveca. Frente a la oferta engañosa de estos traidores de la clase obrera, llamamos a levantar de manera unitaria, una agenda de luchas por la defensa de los derechos que están siendo sistemáticamente violados por patronos públicos y privados. Para tal fin, estamos llamando a la realización de un Encuentro Nacional Sindical este 14 de noviembre en Caracas, con la participación de sindicatos del sector alimentos, encabezados por Frank Quijada y Juan Crespo, sindicatos de la UNETE-Aragua, petroleros, y que está abierto a todos los sindicatos y corrientes sindicales dispuestos a pelear de manera autónoma.

Algunas propuestas para alimentar una campaña unitaria, que planteamos de cara a dicho Encuentro son:

– Por un aumento general de salarios no menor a la inflación proyectada para este año. Por un salario mínimo igual a la canasta básica y escala móvil.
– Por la defensa de los derechos de los trabajadores de las empresas compradas por el gobierno, en las llamadas «expropiaciones».
– Por el derecho a la discusión de contrataciones colectivas, congelada en el sector público por órdenes del Ejecutivo Nacional.
– Contra la criminalización de la actividad sindical y por la defensa del derecho a huelga.
– Por la eliminación del IVA.
– Para exigir el acatamiento de las órdenes de reenganche que el gobierno y los patronos privados ignoran
– Por libertad inmediata para Rubén González y Sabino Romero, presos políticos del movimiento obrero y popular.
– Por el respeto a la convención petrolera en PDVSA.

¡Ninguna confianza en burócratas rojo-rojitos o en gobiernos burgueses! ¡La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!