Asesinato de Mariano Ferreyra. La ruta de un plan criminal

En la mañana del martes 16 se levantó el secreto de sumario en la causa del crimen de Mariano Ferreyra. El expediente, de diecisiete cuerpos, exige de una lectura cuidadosa. Pero de los primeros elementos que conocimos los abogados que actúan como querellantes y el PO, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, se confirma la existencia de un plan criminal. En él, dejaron las huellas todos sus actores.

La burocracia sindical

Queda claro, en primer lugar, que Pablo Díaz ejecutó la orden impartida por la directiva de la Unión Ferroviaria de reclutar a la patota, a la que encargó desalojar las vías y liquidar la resistencia de los tercerizados. Para ello, Díaz habilitó el empleo de la mayor violencia, con pleno conocimiento de que sus dirigidos portaban armas y se disponían a usarlas.
Díaz reclutó dos grupos de trabajadores y un grupo de «choque», entre los que se encontraban Favale, Sánchez y otros.

El ataque se efectuó después de más de una hora que los trabajadores tercerizados, militantes del Partido Obrero y de otras fuerzas se hubieran alejado de las vías. En ese marco se produce el asesinato de Mariano y las heridas de los demás compañeros.

En su declaración testimonial, Pedraza señaló que en el momento de los hechos estaba en un acto de la Unión Ferroviaria. Pero admitió que se mantuvo en contacto con «Gallego» Fernández, el número dos de la UF, quien se comunicaba permanentemente con Pablo Díaz.

La policía

En sus omisiones, la declaración del comisario inspector de la Federal Luis Osvaldo Mansilla, delata la liberación de la zona. Mansilla señala que, a partir de las ocho de la mañana, se implementó un servicio de prevención integrado, nada menos, que por tres divisiones de la Federal. Detalla el recorrido de la movilización y el de la patota en el terraplén. Aclara que entre éstos estaba Pablo Díaz y que se retiran del lugar a las 13:50 horas.

Pero, llamativamente, no da ninguna explicación acerca de dónde estaban ni qué hicieron con semejante operativo policial entre las 13:30 hasta las 13:50 horas, o sea, cuando sucedió el ataque criminal. Nadie se lo pregunta, tampoco, en la declaración testimonial. En igual sentido, declaran los otros jefes de las divisiones presentes, señalando «que sólo después se enteraron de lo sucedido».

La Ugofe, mucho más que un concesionario

Toda la participación de Ugofe, que denunciamos desde un principio, ha quedado acreditada en el expediente. Entre esas evidencias, está el mail con el listado de los trabajadores licenciados para concurrir a la estación Avellaneda a evitar el corte de vías; el licenciamiento de más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada y el reconocimiento de listados recibidos de la Unión Ferroviaria para la incorporación de trabajadores, entre los que figuraba el imputado Favale.

También surge que la Ugofe había licenciado trabajadores el 15 de octubre pasado, para que asistieran al acto que se realizó en River.

La «contención» posterior

De las escuchas que corresponden a los días posteriores al crimen, se revela cómo la Unión Ferroviaria se ocupó de «la contención de los muchachos»; o sea, los patoteros detenidos. Así, la burocracia provee al abogado D’Amico como defensor de Favale.

También surge de esas escuchas que Juan Araya, quien preside la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que controla las líneas concesionadas, hombre de conocido vínculo con Pedraza, es quien personalmente contrata al abogado Froment, defensor de varios otros detenidos. Los allegados a éstos, de todos modos, le reclaman «al menos dos abogados más para los muchachos».

En otras escuchas ordenadas por la jueza, se revela el trato familiar y directo de «Antonio» -que no sería otro que Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario- con «Juan», el operador de la Unión Ferroviaria que triangula la designación de los abogados y arregla «sacar todo» (sic) antes del allanamiento, entre otros servicios.

A Mariano no lo mató un «barrabrava desbocado», ni siquiera una «patota sindical fuera de control». La patota actuó en el marco de una operación criminal, que comprometió a toda una dirección sindical, a un concesionario ferroviario, a la Secretaría de Transportes del Estado, y a la policía que abrió el escenario del crimen.

Claudia Ferrero

Abogada querellante