Soldati: se ponen de acuerdo para traicionar a ocupantes y a vecinos
Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)
El acuerdo que declararon los gobiernos de Macri y de Kirchner se basa en la promesa más ignorada y bastardeada de todos los gobiernos capitalistas: la ejecución de planes de viviendas populares. En este caso, el «plan ni siquiera tiene un monto o un número de viviendas definido. Sólo establece que el Estado nacional colocará «un peso por cada uno que ponga el Estado porteño». A juzgar por «los pesos» aportados por Macri durante 2010, el plan macro-kirchnerista cubriría el déficit habitacional porteño al cabo de… 66 años.
Por eso, los mismos funcionarios aclararon que es un «plan de largo plazo», y Macri insistió que se trata de un ‘plan de urbanización’ -apertura de calles, instalación de una comisaría y alguna escuela, y la regularidad de los servicios de vaciamiento de pozos ciegos. Se trata de un plan de control social, no de una salida al reclamo de viviendas. Lo mismo ocurría con las promesas de escrituración de Macri, que legalizaba la tenencia en la villa, para facilitar luego la compra subrepticia de terrenos por parte de los especuladores que ‘miran’ desde hace tiempo la zona sur. Los Macri y los Kirchner acordaron, en definitiva, un plan de desalojos para futuras ocupaciones de tierra. Han unificado sus políticas de represión. Nada más.
De la represión al cerco, del cerco a la represión
Ningún funcionario se acercó al Indoamericano a exponer esta propuesta. Tampoco le fue transmitida a las organizaciones que defendían o representaban a los ocupantes, con excepción del puntero kirchnerista Salvatierra, quien anunció de inmediato que se retiraba del parque. Quien llevó el anuncio a los ocupantes fue la Gendarmería. A quienes abandonaban la toma, los gendarmes le entregaban un comprobante para gestiones por viviendas «ante quien corresponda». Para reforzar la intimidación, ocuparon el parque con efectivos, carros hidrantes y otros aprestos de desalojo.
Las familias no abandonaron el parque en nombre de una difusa promesa de vivienda: lo hicieron por el temor a las represalias del nuevo frente único oficial, el mismo que actuó los primeros días bajo el comando de la Federal y la Metropolitana. En las últimas 72 horas, la Gendarmería y la «asistencia social» habían convertido a la toma en un verdadero campo de refugiados. El conflicto terminó como comenzó, con un acuerdo entre Macri y el gobierno K para desalojar a los ocupantes. Bajo la crisis política desatada por las muertes de la represión, el gobierno kirchnerista intentó una diferenciación con Macri y hasta llegó a ofrecer «tierras» a los ocupantes. Pero muy pronto, los K advirtieron que su afán de diferenciarse de Macri era peligroso para ellos mismos. El acuerdo entre el «federal» Aníbal y el «metropolitano» Macri reproduce, punto por punto, las pretensiones iniciales del jefe de Gobierno: el desalojo inmediato, la sanción a la toma, la negativa de cualquier conquista o derecho por medio de la lucha.
Para los ocupantes, su movilización terminó de la misma manera. Iniciada por impulso de punteros acicateados por los choques entre el gobierno de la Ciudad y los K, quedó concluida cuando éstos depusieron sus entuertos de clase; sus punteros se incorporaron a la rosca antes, incluso de que fuera anunciada. Las enormes necesidades de los ocupantes quedaron secuestradas por una disputa de los dueños de poder. No hay posibilidad de una victoria real sin organización propia, independiente, y planes de lucha diseñados en base a una discusión colectiva.
Perspectiva
Los Macri y Kirchner celebran haber doblegado a los ocupantes con extorsiones y amenazas, sin haber resuelto nada. La crisis de Soldati ha sacado a la luz una inmensa crisis social. Por un lado, la especulación inmobiliaria encarece el suelo y el techo. Por el otro, el achatamiento salarial y el trabajo tercerizado o precario (mucho más el trabajo esclavo de los inmigrantes en la zona sur) imposibilitan el acceso al crédito o, incluso, a un alquiler. Macri y Kirchner defienden por igual el copamiento del suelo urbano por parte del capital financiero (como quedó harto evidente en Calafate). Que los dos gobiernos debieran anunciar un «plan de viviendas» ambiguo, bajo la presión de la toma, revela, en definitiva, que no tenían ninguno antes de esta crisis y que tampoco lo tienen ahora.
El fin de la ocupación no cancela la inquietud popular instalada en los barrios precarios, en las villas y entre los trabajadores inscriptos, hace años, en planes oficiales de vivienda. Los ocupantes, en su mayoría de las villas de la zona, se plantean ahora la tarea de reagruparse para exigir colectivamente el derecho a la vivienda.
Los vecinos
¿Los llamados vecinos ganan algo con el acuerdo? El destino del Parque Indoamericano, abandonado por décadas, no será resuelto en función de sus intereses, sino de la marcha de los negocios inmobiliarios que impulsa la Corporación del Sur. Su ámbito territorial seguirá bajo la tensión de la presencia de miles de personas que se hacinan en villas en constante crecimiento. La inflación podrá licuar sus cuotas hipotecarias y solamente para algunos, pero desata una carestía que pone en peligro su capacidad de supervivencia social. Incluso, muchos de ellos podrían pasar a integrar las filas de sus coterráneos de barrio. El punterismo en sus filas es infinitamente más nocivo que el que actúa en las villas, porque responde a las patotas criminales de la burocracia sindical. Los de K y de ‘Mauricio’ tienen las fichas puestas en ambos lados. Es hora de que el movimiento barrial desarrolle los intereses comunes de villeros y pobladores de conglomerados habitacionales, contra los del capital y de sus gobiernos. Es el método para derrotar a fascistas y xenófobos.
Argenpress 16/12/10