¡Es la tierra, estúpidos!

Ignacio González Lowy (VOZ ENTRERRIANA)

El problema de la tierra, el de su propiedad y uso, es uno de los más profundos y “transversales” de nuestra historia económica y política, regional y nacional. En Formosa, antes en Jujuy y en el Chaco, en Santiago del Estero, pero también en Soldati y en el Gran Buenos Aires, y ahora de nuevo en Santa Elena; el reclamo, en un país con una de las densidades de población más reducidas del mundo, es el mismo: tierra para vivir, trabajar y comer.

Este tema, lejos de solucionarse, durante los gobiernos kirchneristas se profundizó (tal como lo demuestra, por más que lo quieran maquillar, el último Censo nacional de población, así como las estadísticas que elabora la Federación Agraria Argentina). Sus dos vertientes más conocidas, la concentración y la extranjerización de la propiedad de la tierra, así como su faceta más “moderna” (la imposición del monocultivo sojero), cada vez provocan con más fuerza las consecuencias que siempre les conocimos: expulsión, empobrecimiento, hambre, despoblamiento rural y crecimiento de las villas miseria en las periferias de las grandes ciudades… Ahora, además, vuelven con un viejo recurso que parecía (y sólo parecía) olvidado: el asesinato a sangre fría como herramienta para acrecentar y consolidar el poder de los latifundistas.

Los medios masivos de “comunicación”, incapaces de ignorar un tema que las organizaciones populares le impusieron (ni los medios, ni el gobierno nacional, ni la oposición “republicana” dijeron nada de los crímenes contra la comunidad Qom en Formosa hasta varios días después de cometidos), tuvieron que incorporarlos a su agenda… pero a su modo. El problema no era el de la tierra, sino el del “respeto por la ley”.

El Estado no está “ausente”

En Formosa, la comunidad Qom ocupa desde hace años tierras que legítimamente les pertenecen, por historia y por ley. En Soldati, miles de compatriotas (de la Patria Argentina y de la Patria Grande) levantaron sus ranchos sobre tierras inutilizadas, convertidas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un cementerio de autos. En Santa Elena, los colonos defienden las hectáreas que están trabajando hace más de 15 años, mientras Busti, Menem y sus continuadores, rifaban y negociaban el frigorífico y sus alrededores, regalándole a Constantini, Tres Arroyos y similares, lo que los trabajadores podrían haber defendido y levantado con un mínimo apoyo gubernamental.

Efectivamente: mientras la firma Tres Arroyos seña con 180 pesos hectáreas que valen 25.000, la “justicia” (el juez de La Paz, Horacio Soldano) le da la razón, y la policía se presta a reprimir a las familias que están allí trabajando; el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes corre presuroso a avalar el atropello y la represión contra los colonos. ¿Qué más hace falta para que los filósofos y pensadores progres, posmodernos, “nacionales y populares”, se enteren de que el Estado en Argentina nunca estuvo -en estas décadas- “ausente”? El Estado está, dice presente, toma partido y busca imponerse por la fuerza. Que lo haya venido haciendo siempre del mismo lado, al menos desde 1976, es otra cosa; pero, como las brujas, ¡estar está!

La tierra y la ciudad

El periodista entrerriano Tirso Fiorotto, tras analizar los datos que arrojó el Censo Nacional 2010, señala que Entre Ríos continúa siendo una provincia que expulsa a sus habitantes, “a razón de 50 personas por día hábil”. El departamento La Paz, donde se encuentra la estancia El Quebracho y los terrenos en disputa en Santa Elena, es uno de “los de peor rendimiento poblacional, con una estructura expulsora que asombra (sólo el 1% de crecimiento demográfico en una década)”.

Estos datos, sumados a los ya conocidos de que desde la década del ‘90 en Argentina “desaparecieron” 160 mil pequeños productores rurales, mientras las tierras cultivadas con soja crecían y actividades como la tambera eran condenadas a muerte, indican la decisión gubernamental de, como mínimo, no impedir que en el campo sigan poniendo la ley los latifundistas de siempre y los nuevos. Esos que, como George Soros y Luciano Benetton, acumulan de a cientos de miles las hectáreas que conforman sus propiedades blanqueadas en la Argentina.

Respetar la ley

Tuvieron que esperar que haya un par de muertos en Capital Federal para enterarse, pero el problema de la tierra para vivir y trabajar, de la falta de viviendas propias y del hacinamiento, es nacional, y en el país no tiene rincón que sirva como excepción. Lo que no cuentan, los medios masivos K y los de Clarín, es que esto es fruto de políticas de Estado. Sí, los famosos consensos que tanto reclaman, las políticas que se continúen “más allá de quien gobierne”, en Argentina existen.

Así, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para defenderse ante la inexplicable subejecución del presupuesto asignado para viviendas en la ciudad que él gobierna (apenas se gastó el 16,8% de lo previsto a tal efecto para 2010, mientras los asentamientos y las villas seguían creciendo -un 50% desde el censo de 2001), dijo que su gobierno fue el que más casas construyó (más de dos mil), en comparación con los anteriores. Esto es como si alguien fusilara a tres personas y se defendiera diciendo: “yo no soy un asesino, mis vecinos mataron como a 15 cada uno”. En todo caso, si sus datos son ciertos, lo único que demuestran es que sus políticas antipopulares, también en esta materia, son similares a las de sus predecesores (y en ésta caen todos: radicales, duhaldistas, kirchneristas…). Ni más ni menos que eso.

Por ello, Macri y Aníbal Fernández, con diferentes tonos y nivel de burradas, coincidieron en señalar que el problema principal era el respeto por la ley que dice que los “okupas” no eran ciudadanos desesperados buscando hacer valer su derecho constitucional a una vivienda digna (Artículo 14 bis), sino usurpadores. Solamente quien ya no puede más, definitivamente, soportar la humillación y la bronca de amontonar a su familia en una casilla de cuatro por cuatro, pagando alquiler en una villa miseria (constituyendo así el estrato social más bajo que pueda existir en el país), puede considerar como opción el “mudarse” a vivir bajo chapas a un descampado donde no hay luz, gas, agua ni cloaca. Ante esa realidad de miles y miles de compatriotas, tanto Macri como Fernández responden buscando el modo de garantizar “la ley”.

Esa “institucionalidad” que dicen defender y que evidentemente mucho no importó la tarde en la que la Federal y la Metropolitana mataron, entre las dos, a dos ciudadanos en el primer desalojo; es la que permitió (¿y motivó?) que lleguemos a esta situación dramática y que aún hoy no hayamos avanzado un paso en su solución. El tano Nardulli, coordinador de la CCC de Soldati, contó que sin tocar el “parque” Indoamericano, se podían ocupar las 6 manzanas linderas al ferrocarril, “un terreno lleno de matorrales y yuyos que es tierra de nadie. Ya hace un tiempo le propusimos al ministro Santilli hacernos cargo de la desratización y de desmalezar, para que tuviera trabajo la misma gente que hoy está ocupando, y combatir las enfermedades como el dengue. (…) Pero el gobierno prefiere que allí vivan las ratas, y no la gente que no tiene techo”. Eso es una política de Estado, y se repite, desde hace décadas, a lo largo y a lo ancho del país. En la ciudad de Buenos Aires se traduce en la UCEP con que Macri barre a los indigentes bajo la alfombra, y en Formosa y Entre Ríos (provincias gobernadas por Kirchner-adictos) le toca a la policía provincial; pero los que ganan y los que pierden en cada caso, son los mimos…

Ahora bien, ¿cómo es que a ninguno de estos gobiernos y a sus amigos periodistas se les ocurrió nunca pedir balas (de plomo y de goma), gases lacrimógenos y desalojo por la fuerza, para los terrenos que el Lawn Tennis Club de Buenos Aires ocupa ilegalmente desde hace casi 20 años en Palermo? Incluyen plazas, bosques y paseos. ¿Y los terrenos “usurpados” por los gerenciadores de los complejos comerciales de Punta Carrasco y Costa Salguero? ¿Por qué no pidieron “topadoras” y carros hidrantes en estos casos?

Macri, los bolivianos y la ley

Poco se puede agregar a esta altura sobre el desprecio por “la ley” que desde su nacimiento tuvo el grupo Macri. Desde la compra y el manejo escandalosos del Correo Argentino, hasta los 200 millones de dólares que, según Claudio Lozano(*), la sociedad argentina le transfirió al mismo Correo Argentino, a Sideco y a Socma (Grupo Macri) “con el proceso de pesificación y licuación de los pasivos privados con el sistema financiero local aplicado a comienzos de 2002” (Duhalde presidente), pasando por los negociados del grupo durante la administración porteña de Carlos Grosso (que le permitió hacerse cargo de los recursos del gobierno de la ciudad por medio de UTE-Renta) y llegando a los actuales negociados de Macri padre con el gobierno kirchnerista; los ejemplos sobran.

Pero Mauricio acusa a los inmigrantes de violar “nuestras” leyes. Lo dice desde Capital Federal (el territorio nacional que -proporcionalmente- menos creció en cantidad de habitantes según el censo 2010), mientras su mujer sigue enriqueciéndose a costa del trabajo semi-esclavo en los talleres textiles donde explota a los mismos bolivianos y paraguayos a los que su esposo difama. Mientras tanto, de paso, dichos inmigrantes son los habitantes de este suelo que más impuestos pagan (en proporción a sus ingresos) cuando pagan el 21% del IVA cada vez que compran sus ropas, sus comidas y los útiles escolares de sus hijos. Una idea: preguntémosle a Wal-Mart, a Telefónica y a Repsol, si le entregan al fisco el 21% de lo que recaudan, y después volvamos a conversar sobre quiénes son los “ilegales”, los “aprovechadores”, los “usurpadores”, los “vividores”…

Doble discurso desaforado

La represión en Formosa, en Pampa del Indio (Chaco), en Jujuy y en Santiago del Estero, más el intento de desalojo de los colonos en Santa Elena, muestra que este problema lejos está de solucionarse (al menos por esta vía) y que en su derrotero los gobiernos kirchneristas y el de Macri tienen más coincidencias que diferencias. Argentina tiene una densidad de población de 14 habitantes por kilómetro cuadrado (en Holanda son más de 400 personas las que coexisten en esa misma extensión): no podemos permitir que nadie (lo diga con una sonrisa fascista o con seriedad “nacional y popular”) diga que acá sobra gente. Ni argentinos, ni bolivianos, ni paraguayos, ni marcianos. Que los mismos medios de comunicación y políticos que reciben como a visitantes ilustres a los técnicos del FMI que volvieron a ser llamados para que nos digan qué tenemos que hacer (para volver a vaciarnos, a endeudarnos, a cobrarnos, a empobrecernos…), nos digan que los inmigrantes de los países fronterizos son los culpables de la falta de vivienda y de lugar para los argentinos; es la mayor hipocresía que a nadie se le podría haber ocurrido en los últimos 520 mil años.

“¡Es la tierra, estúpidos!”

Mientras el gobierno de Macri y el de CFK sigan corriendo el eje y mirando para otro lado, habrá que decírselos así. Mientras la soja siga avanzando en tierras de los latifundistas y se siga expulsando a los pequeños productores del campo, a los chacareros, a los campesinos hijos de campesinos y nietos de campesinos; las villas miseria de las ciudades seguirán creciendo y llegará un día en que los countries y los barrios privados no tendrán modos ni muros que logren aislarlos completamente de una realidad que una parte (minúscula pero poderosa) de nuestra sociedad no quiere ver. Mientras el acceso a una vivienda digna en Argentina siga siendo privilegio y no ley, con créditos que exigen garantías y sueldos mínimos inalcanzables para una mayoría de los compatriotas (el 40% de los cuales, encima, trabaja sin papeles), el problema de la vivienda (y su marco general: el de la tierra) seguirá estallando y provocando violencia, enfrentamientos y muertes. Si la tierra y la vivienda siguen siendo un derecho en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, pero un sueño inalcanzable en la realidad de las mayorías; los bellos discursos gubernamentales acerca de los derechos humanos serán, sustancialmente, sólo eso: bellos discursos.

Escribió el profesor Luis Laferriere, director del Proyecto de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER): “¿Cómo justificar que mientras se asignan más de 50 mil millones de pesos de subsidios para los grandes grupos empresariales, se siga agravando el alarmante déficit habitacional? ¿Cómo se puede entender que en un país que ha tenido uno de los períodos de mayor crecimiento sostenido de su PBI desde el año 2003, no pueda atender un derecho humano tan esencial para 15 millones de personas?”