Desalojan en Salta a familias diaguita-calchaquíes

Raquel Schrott – Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

Ismael Viveros sobre el desalojo de cinco familias diaguita-calchaquíes

El 17 de diciembre un grupo de familias de la comunidad Las Pailas fue desalojado del predio de 25 hectáreas que ocupaba, a 16 kilómetros de la localidad de Cachi (Salta). Entrevista a Ismael Viveros (29), al frente, desde hace un mes, de las cincuenta familias que componen la comunidad.

P: La persona que se presenta como dueña de las 25 hectáreas de tierra, ¿cuándo toma contacto con la comunidad?, ¿cómo surge el conflicto con Carlos Alberto Robles?

R: Hace dos años más o menos que llegó y dijo que es el dueño. No se cómo, porque esas tierras eran fiscales; Carlos Alberto Robles llega y empiezan todos los problemas… En el allanamiento dice que nosotros hemos usurpado esas tierras, pero nosotros nunca hemos usurpado porque ahí vivimos ancestralmente, desde nuestros bisabuelos hasta ahora.

P: Generalmente, las comunidades denuncian que los desalojos de este tipo se realizan sin una orden judicial. En este caso, ese documento sí les fue presentado. ¿Quedaban claras las razones de la medida?

R: Había una orden de desalojo firmada por la jueza Mónica Faber. El juicio comenzó a mediados de agosto y ahora sale la sentencia, pero ninguna de las familias fue citada a declarar en una mediación: llegó una citación diciendo que iban a desalojar. Desalojaron a las familias, rompieron todas nuestras casas y destrozaron los cultivos que teníamos: pasaron con una topadora, tiraron abajo las casas y después pasó un tractor con la rastra por arriba de todos los cultivos. Quedamos sin nada; por eso es que estamos desamparados totalmente.

P: Las familias de Quintín Cruz, Egdmidio Liquín, Andrés y Gerardo Mamani, y Quintina Prieto, todas ellas desalojadas, ¿dónde se encuentran hoy?

R: Unas tienen casita en terrenos chiquitos y las otras están en casa de familiares. Estamos a la orilla del camino, en el ingreso de la propiedad de nosotros. Ahí hemos armado una carpita.

P: Durante la intervención policial los cultivos que mantenían esas familias (porotos, pimientos, maíces, papas y arvejas) fueron destruidos totalmente. ¿Cómo impactó esto en la comunidad? Los alimentos que obtenían de esas tierras, ¿estaban destinados al autoabastecimiento de las familias o a la venta local?

R: Al autoconsumo. Eso es lo único con lo que nosotros podemos vivir; esa es la forma de subsistencia para nuestras vidas.

P: La comunidad denunció que con la desocupación se desconoció la Ley 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades originarias y suspende los desalojos. Sin embargo, hay quienes dicen que la situación de Las Pailas no estaba contemplada por la norma porque la comunidad no había sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

R: La anterior presidenta, Ana María Viveros, no presentó los papeles. Le dijimos que presente y ella nunca presentó… Cuando me eligieron a mi, yo sí presenté; tengo el número de expediente de la personería jurídica en trámite desde el 10 de diciembre. Hace un año que estamos conformados como comunidad, pero no legalmente todavía.

P: ¿Pudieron establecer algún canal de diálogo con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)?, ¿obtuvieron alguna respuesta del Estado provincial?

R: Con Derechos Humanos hemos mantenido diálogo; hemos mantenido diálogo con la ministra de Justicia y ella nos prometió agilizar la personería jurídica y el reglamento territorial que se nos pide como comunidad para constituirnos legalmente. Estamos esperando… La intendencia, los legisladores, nada.

¿Qué evaluación hacen de este hecho desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Salta?

R: Esto es muy impactante, porque en Las Pailas nunca se dio algo así; se sienten muy dolidos.