Más setentistas que nunca: volvió la patota
La escalada de aprietes, amenazas y ataques contra trabajadores que defienden sus derechos ha alcanzado una nueva altura con el incendio del auto de un trabajador en el porteño barrio de Flores.
Diego Rojas / PLAZADEMAYO.COM
Las amenazas ejercidas sobre los choferes de colectivo de la línea 60 cambiaron su carácter a través de la transformación de cantidad en calidad. Esta madrugada, el auto de Néstor Marcolín, delegado sindical de los trabajadores de la línea que más público transporta en Buenos Aires, fue prendido fuego frente a su casa en el barrio de Flores.
No es el primer apriete que sufre el cuerpo de delegados de esa empresa. Sin embargo, es el episodio más alarmante de una serie de amenazas, tiros con armas de fuego, golpizas y provocaciones ejercidas por patoteros sindicales, barrabravas e, incluso, respetables empresarios. El atentado contra Marcolín se realizó en la víspera de unas asambleas para discutir reivindicaciones laborales programadas por los trabajadores en las cabeceras de la línea. Ante el atentado, que remite a las peores épocas de la Argentina, los trabajadores decidieron el paro, que se encuentra en realización.
“A las dos y media de la mañana llegué con mi señora y mis hijos a mi casa en el barrio de Flores –cuenta a plazademayo.com el delegado Marcolín–. A las tres sentí un ruido muy extraño, como una explosión, y salí a la calle. Entonces vi el auto prendido fuego. Llamé inmediatamente a los bomberos. Uno de ellos fue el que me dijo que esto no había sido un accidente, sino un incendio intencional. El mismo bombero llamó a la policía, que puso el auto bajo custodia y llamó a peritos policiales para investigar”.
El atentado marca un pico en los ataques de la empresa y la dirección del sindicato Unión de Tranviarios Automotor (UTA) contra la organización sindical de los trabajadores, que se ubica en la oposición a la jefatura gremial. En 2008, cuando se realizaron las elecciones que consagraron a la nueva comisión interna, una patota armada bajó de la Traffic del sindicato donde se transportaban las urnas para el comicio. La patota empezó a disparar balas de plomo para dispersar al activismo de la oposición, que iba a ganar la elección, como indicaban todos los pronósticos. Los atacantes fueron repelidos y la elección se llevó a cabo. Así se desplazó a la lista oficialista y comenzó el mandato sindical de un grupo de trabajadores que quería hacer cumplir las leyes laborales y que repudiaba a los delegados oficialistas y a su dirección, a la que acusan de actuar en connivencia con los empresarios.
“No podemos permitir un atentado –dice Daniel Farella, otro de los delegados sindicales–. No es el primer ataque que hemos sufrido, tenemos 20 denuncias hechas. Sin embargo, la policía no dice nada, la ministra Garré no dice nada. A veces pienso que esperan que uno de nosotros muera para que empiecen a actuar”. Las denuncias que los delegados realizaron demuestran un modus operandi repetido en los conflictos sindicales que se producen en el país. Direcciones sindicales burocratizadas recurren a patotas y barrabravas para lograr la paz social, tan cara al oficialismo, atacando a la oposición en los lugares de trabajo o en manifestaciones gremiales. El método que se conoce como la “tercerización de la represión”.
–Ya se lastimó a trabajadores –continúa Farella–. El mes pasado, antes de las elecciones que revalidaron nuestro mandato, dos personas se subieron a un colectivo, le mostraron un arma al chofer y le pegaron una trompada, mientras le decían que tenga cuidado en las elecciones.
–¿Quién realiza estos ataques? –pregunta plazademayo.com.
–Es gente de la UTA y de la empresa, ya que trabajan en forma conjunta. Reclutan a barrabravas que están en las inmediaciones de la cabecera, sin hacer nada. Y que aparecen cuando los llaman porque hay discusiones. Están armados. Son una amenaza permanente.
“Dentro de la empresa circulan ex delegados de otras líneas, armados, vigilando, sin cumplir ninguna función –denuncia Ángel Perticaro, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz de la línea 60–. Son ex delegados que como no pudieron revalidar sus mandatos por el repudio debido a su corrupción y accionar antiobrero, son traídos a otras empresas para que metan presión a los trabajadores. Actúan como sicarios de la empresa”.
–¿Qué se intenta producir con estos ataques?
–Nosotros nos oponemos a los intentos de precarización de la empresa. Los mecánicos están bajo el convenio de UTA. La empresa los quiere tercerizar. De ser así, estarían laburando 12 horas y por un salario igual a la mitad de lo que corresponde. A los empresarios y al sindicato les resulta insoportable que haya unos delegados que hagan cumplir a rajatabla el convenio colectivo de trabajo.
En la empresa Monsa S.A., nombre que rige la línea 60, decidieron no dar declaraciones a la prensa. Ricardo González, del área de Personal, dijo a plazademayo.com que la empresa no realizaría, por el momento, declaraciones sobre el tema. Similar posición tuvo el sindicato.
–No hay paro –dijo un individuo que se identificó como Juan González en la sede sindical de la UTA–. No hay paro, no sé de qué me hablás.
–No se ven colectivos 60 circulando por Buenos Aires. Es su línea más importante y los delegados dicen que declararon el paro. ¿En el sindicato desconocen esta situación?
–No sé de qué me hablás. No hay paro.
–¿Podría hablar con un dirigente de la organización?
–Están en el ministerio de Trabajo.
–¿Por el paro de la línea 60?
–Los compañeros no tienen por qué decirme sus movimientos. No hay paro. No sé por qué están en el ministerio de Trabajo.
Sin embargo, los usuarios que se dirigen del centro hacia la zona norte o viceversa, o cualquier transeúnte de los recorridos de todos los ramales de la línea insignia del transporte colectivo en Buenos Aires o alrededores, dan cuenta de la falta de circulación de los tradicionales ómnibus amarillos.
La escalada de aprietes, amenazas y ataques contra trabajadores que defienden sus derechos ha alcanzado una nueva altura con el incendio del auto de un trabajador en el porteño barrio de Flores. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, cuyo padre fue chofer de colectivos (según contó la semana pasada al burlarse de la medida de fuerza de los trabajadores del subterráneo, escindidos de la UTA luego de ataques similares) debería actuar para que cese la persecución. Es una tarea pendiente de suma urgencia.
20/09/11