Autor: Debates y Política

La “estatización” de Cristina es un verso electoral

A pocos meses del fin de su mandato, Cristina Kirchner anunció que el estado se hará cargo de la administración de los ferrocarriles. ¿Qué mueve al gobierno a tomar estas medidas tras 12 años de sostener el esquema menemista de empresas privadas con enormes subsidios? ¿Es cierto que así se van a recuperar los ferrocarriles?

Escribe: Antonio Farés

Fue el principal anuncio en la apertura de sesiones del Congreso. “Voy a enviar un proyecto de ley para recuperar la administración de los ferrocarriles argentinos por parte del Estado”, dijo Cristina. Y argumentó que esto supondría un ahorro de 415 millones de pesos. Sin darse cuenta, le estaban dando la razón al cuerpo de delegados del Sarmiento y a la Lista Bordó que desde la privatización en 1994 denuncian que lo que existe en materia ferroviaria es una sociedad perversa, donde los empresarios se quedaban con las ganancias, el estado con las pérdidas y los usuarios con un servicio cada vez peor.

Durante 10 años la política ferroviaria kirchnerista consistió en mantener las privatizaciones menemistas y renovar los contratos de concesión a los mismos empresarios, subsidiando fuertemente sus ganancias. Nunca se controló el destino de esos fondos millonarios. Se cajoneaban todas las denuncias de corrupción y desidia formuladas por los ferroviarios del Sarmiento, la Auditoría y organizaciones de usuarios.

No al techo del 30%

En la Casa Rosada tienen un sueño. Enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar las escalas a partir de las cuales los salarios pagan impuesto a las Ganancias; con eso descomprimir la situación salarial, y dejar el camino libre para que se firmen en paritarias salarios alrededor del 30%, mucho menor a la inflación real. Sería como “firmar la paz social hasta el final del mandato de Cristina”, piensan alrededor de la presidente. Un plan antiobrero que nada tiene de “nacional y popular”. Si en décadas pasadas el ajuste pasaba por la rebaja directa de los salarios, en la década kirchnerista lo fue bajo otras formas: pérdidas mensuales de salarios que nunca le ganaron a la inflación. Eso significa que en todos estos años se han transferido cifras siderales desde los bolsillos de los trabajadores a los de las patronales.

Pero el plan oficial dista mucho de llevar sabor dulce a las oficinas K. Para el próximo 31 de marzo está fijado un paro general del transporte que hasta ahora el gobierno no ha podido desactivar. Es que si se llegara a aprobar una ley que baje Ganancias, empezaría a regir para más adelante, mientras el robo sigue en pie. Por ejemplo, un gremio que en paritarias aspire a lograr un 29% de aumento, deberían firmar por un 38% por el robo de Ganancias. Esto ha llevado a que no sirva trabajar horas extras ni ningún otro sacrificio extra para ganar un poco más. Todo se lo lleva el estado con el fin de recaudar para hacer asistencialismo y pagar puntualmente la deuda externa. La prueba del robo es tal que en 2005 eran 200 mil los trabajadores que tributaban Ganancias, y ahora, 1,1 millón, llevándose en muchos casos hasta cuatro sueldos por año.