Los jubilados argentinos y la deuda externa
Diego Bossio, director de la Administración Nacional de la Seguridad Social en Argentina, explicó a la Corte Suprema que el organismo no está en condiciones de actualizar los haberes a todos los jubilados. No pagará automáticamente la movilidad que reconoció el alto tribunal. Cumplir con la Justicia y reajustar los haberes tendría un costo de $37.000 millones por año. Y otros $71.000 millones en pagos por la retroactividad. Argumenta que, para el presente año, sólo está autorizado a cancelar en sentencias un máximo de $2.400 millones, es decir, poco menos del 2% de los 137.000 millones que se gasta en el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.
La preocupación es que en la justicia previsional se acumulan más de 470.000 demandas y el cúmulo de trabajo aumenta en forma exponencial mes a mes.









