Los propagandistas del gobierno buscan instalar que “lo único posible” es votar por la reelección de Cristina. Es un planteo tramposo, totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora
Escribe: José Castillo
El fiscal federal Federico Delgado tiene «probado» que desde la base aérea de Palomar partían vuelos desde los cuales se arrojaban prisioneros a las aguas durante la última dictadura militar y le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial. En el dictamen, que se basa en la declaración de más de seis centenares de ex conscriptos, Delgado sostiene que los testimonios no aportan precisiones sobre los responsables o las víctimas, lo que impide efectuar una imputación concreta contra los jefes militares.
Las organizaciones elevaron un pedido al cumplirse dos años de la última desaparición. Fue Luciano Arruga el joven que desapareció en el Conurbano bonaerense. Pero la exigencia al Gobierno Nacional es por todos los casos. En Mendoza se registran tres casos. En noviembre una fiscal buscó en El Challao a los restos de los albañiles Garrido y Baigorria desaparecidos en 1990.
Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
En mi última contratapa expresé mi enorme tristeza por lo que acababa de hacer la Legislatura de Córdoba: quitar el nombre de Agustín Tosco a una avenida, a pesar de que ese nombre había sido votado meses atrás por la totalidad de los representantes de la ciudad de Córdoba. De inmediato me llegaron una cantidad de adhesiones a mi propuesta de no llevar a cabo esa medida de la Legislatura y que esa calle ancha llevara siempre el nombre de ese cordobés modelo del pueblo: Agustín Tosco. Por supuesto, los primeros de esos apoyos fueron del padre de nuestros ferrocarriles, el ferroviario e historiador Juan Carlos Cena, y de docentes de la universidad neuquina, encabezados por Edgardo Datri. La mano abierta del coraje civil y la generosidad ciudadana.
Durante el siglo pasado dos masacres de pueblos originarios todavía reclaman justicia. Dos masacres que a pesar de los años transcurridos, aún pugnan por salir del silencio. Masacres sólo comparables con las ocurridas durante los sucesos de la «Semana Trágica» y de «la Patagonia Rebelde» o con el terror vivido durante los años de la dictadura del «proceso». Napalpí Y Rincón Bomba interpelan nuestra conciencia. Pero el genocidio continúa. Sobre todo de las hermanas y hermanos originarios. Lento, silencioso. Nada es casualidad. Los terratenientes algodoneros, los Patrón Costas, hoy son los zares de la soja. Los mismos intereses. Los mismos asesinos. Nuestros hermanos son diezmados con exclusión, hambre, falta de atención sanitaria. Su cultura hoy como ayer, es mancillada y avasallada por quienes se creen dueños de todo. Los usurpadores de siempre. Porque la justicia es necesaria, porque el silencio debe terminar publicamos las reseñas históricas de lo ocurrido en ambas ocasiones. Porque es imprescindible no olvidar, no perdonar.
Hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro, incumplimiento del jornal diario, trabajo de menores, pago con vales, algunas de las irregularidades que se pudo relevar en un campamento de tareferos en Caraguatay. El Sindicato de Tareferos denuncia la ausencia de los inspectores del Ministerio de Trabajo para controlar las condiciones de la cosecha y la complicidad del poder político de la zona.
¿A qué se debe la falta de billetes? Es simplemente una expresión más de la inflación, esa que según el gobierno “no existe”. Se impone exigir un aumento de emergencia para que los trabajadores recuperemos nuestro poder adquisitivo
Escribe: José Castillo
En las últimas semanas, varios jueces cuestionaron la posibilidad de aplicar la ley de “reforma política”. Referentes de la oposición patronal cuestionaron puntos “oscuros”. El gobierno salió a defenderla. Se trata de una ley proscriptiva y reaccionaria. Una verdadera trampa política que hay que anular.
Escribe: Francisco Moreira
Autoridades de la comunidad Yecthakay fundamentan el reclamo de territorio propio con título comunitario y manifiestan que están dispuestos a movilizarse a la municipalidad si no hay respuestas favorables. Esta demanda de los Qom abre otro desafío para el Municipio de Tigre, ya que los reclamos indígenas tomaron volumen en el distrito durante el 2009 y 2010 a través del conflicto de Punta Querandí, un predio público de dos hectáreas con restos arqueológicos milenarios.
Por Indymedia Pueblos Originarios.
