Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con el economista Julio Gambina. Comenzamos el programa haciendo referencia al crimen social de Castelar, no me gusta llamarla tragedia y precisamente hoy publicaste un artículo: “El fracaso de las privatizaciones”. Me quedé con varias cosas, pero en particular con una que quisiera que desarrollaras. Se trata de tu afirmación: “La rebelión popular de 2001 golpeó duro en el paradigma ideológico del neoliberalismo, pero la institucionalidad estructural no mutó y así como los ferrocarriles siguieron siendo administrados por empresas privadas, el régimen privatista se mantuvo instalado y sostenido por subsidios públicos, muy pocas empresas privatizadas fueron estatizadas y cuando ocurrió se explicó por falencias o incumplimientos explícitos en la operatoria de la actividad, tal el caso del Correo, algunas líneas ferroviarias y el propio sistema de jubilaciones en plena crisis mundial durante el pico que afectara al mundo financiero en 2009”.
Te interrogo sobre esto porque en “¿Sin Salida?” venimos desarrollando una serie de entrevistas que pretenden hacer un balance de estos diez años de kirchnerismo. Hace dos semanas comenzamos con Claudio Katz. Particularmente, me llamó la atención esta afirmación tan fuerte que “la institucionalización no mutó”.
Julio Gambina (JG): Para tratar de ser didáctico puedo ampliarlo a distintas esferas de lo que llamo lo estructural-institucional.
En los ’80 y, sobre todo en los ’90, se modificó de manera muy importante la relación capital-trabajo, favoreciendo la flexibilización laboral y salarial con un impacto claro en una redistribución regresiva del ingreso, con merma de salarios, crecimiento del desempleo, el subempleo, la informalidad en el trabajo y esos son temas que se mantienen.
Fijate que pese al importante crecimiento económico en la última década del nivel de actividad y el empleo, el último dato estadístico del Indec señala que el 34.6% de los trabajadores están en situación informal.
Los subsidios a las empresas privadas superan el gasto en salarios de la administración pública
