El 21 de diciembre pasado., como se sabe, fue el desenlace de los juicios incoados contra jefes de la represión depuestos, como Jorge R. Videla y otros mandos de la pesadilla 1976-1983.
Las cartas, pasadas tres décadas largas de los atroces acontecimientos examinados, ya están bastante echadas.
Por Atilio A. Boron *
En estos días, Cuba se enfrenta a un dilema de hierro: o actualiza, revisa y reconstruye su modelo económico o la revolución corre el serio riesgo de sucumbir ante la presión combinada de sus propios errores y las agresiones del bloqueo norteamericano. Los países de América latina y el Caribe, así como la casi totalidad de los de Africa y Asia, no pueden permanecer indiferentes ante esta situación o limitarse a contemplar cómo la revolución libra, sin otra ayuda que sus propias fuerzas, esta decisiva batalla.
Ni la sentencia de cadena perpetua para Videla, ni el nuevo pedido de pruebas de ADN a los herederos de Herrera de Noble, pueden ocultar el giro a la derecha en la política de Estado del Gobierno Nacional con la creación de un Ministerio de Seguridad, nada menos que como reacción a la emergencia de la lucha por la vivienda con ocupaciones de tierra por parte de miles de trabajadores sin techo.
El sindicalista y dirigente del partido Unidad Socialista de Izquierda, Orlando Chirino, a propósito de la extensión de la inamovilidad laboral, explicó que es el propio gobierno quien se encarga de que el decreto se convierta en letra muerta, cuando realiza despidos masivos, y citó el caso de Agropatria, empresa nacionalizada en la que fueron despedidos dirigentes sindicales y numerosos trabajadores luego de la sustitución patronal.
Caracas, 18 de diciembre.- Durante el peculiar acto de lanzamiento de un «Instituto Superior de Estudios Políticos del PSUV», en el Hotel Alba Caracas, el presidente Chávez firmó este viernes el ejecútese de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. Por medio de esta ley, se delega por 18 meses en el Ejecutivo la potestad de elaborar decretos leyes en el área económica, el área de manejo de calamidades, seguridad y defensa, así como el «sector de las telecomunicaciones, tecnología de la información y mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas», según reza el texto legal.
Las declaraciones del Jefe de Gabinete no aportan soluciones a conflictos sociales prioritarios.
Antes de que termine de escurrirse el Bicentenario, con sus discursos y espectáculos, con sus muertos y resucitados, permítasenos poner sobre la mesa una cuestión de principios. Se trata de la libertad. Y de la dignidad de la persona humana. Y del derecho de los pueblos.
Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)
El cambio estructural planteado por la revolución socialista obliga a pensar y a trabajar activamente en la conformación de un Estado que sustituya, en todas sus expresiones y componentes, al viejo Estado burgués legitimado por la democracia representativa. Para ello es necesario que quienes integran las filas de la revolución estén completamente dispuestos a promover el cuestionamiento de todas sus manifestaciones y a no darle curso a las ambiciones personales que contravienen la consigna bolchevique de darle todo el poder al pueblo.
La ocupación de tierras, las muertes de inmigrantes limítrofes y la reacción xenófoba de parte de funcionarios públicos profundizaron el debate sobre los derechos humanos de la población migrante y la necesidad de achicar la brecha entre lo que dice la Ley de Migraciones y la realidad. En ese marco crece la migración femenina y son imprescindibles campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes.