Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI
El presidente de Ecuador Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional en la que era minoría y que estaba por destituirlo mediante un juicio político. Según la Constitución ecuatoriana esta disolución implica que Lasso siga gobernando por decretos leyes durante seis meses, pero se convoca a elecciones para el 20 de agosto para la presidencia y Asamblea Nacional. El nuevo gobierno electo asumirá en noviembre.
Después de un año en el que se produjo un levantamiento popular contra Lasso, la crisis actual es a causa de la pelea entre la Asamblea Nacional (con una mayoría política entre el correísmo -“Revolución Ciudadana”-y el movimiento indigenista Pachakutik) y el gobierno liberal de Lasso.
Lasso pretende imponer ahora una Ley “antiterrorista”, con el pretexto de combatir a las mafias del narcotráfico. Es una ley represiva que da más facultades al ejército y policía contra futuros levantamientos populares. También busca profundizar más el saqueo minero y petrolero imperialista, y leyes que afectan, a los derechos laborales, cada vez más restringidos en Ecuador. Dicen para “favorecer las inversiones” (es decir a los grandes patrones capitalistas).
El gobierno de Lasso