Algunos sectores de pasado progresista aparecieron ligados, nuevamente, a la más rancia oligarquía golpista en la sesión preparatoria del congreso de principios de diciembre de 2009. Según palabras de alguno de sus más conspicuos referentes, hay que dejar de lado los prejuicios y apoyar cualquier iniciativa “si favorece al país”.
Relataba un diplomático ecuatoriano en Argentina que los gobiernos progresistas especialmente el de su país, Venezuela y Bolivia se esforzaban en trabajar sobre las coincidencias antes que en pulir diferencias. Esa táctica procura consolidar un núcleo de acuerdos mínimos frente a los intentos de recuperar terreno perdido de parte de un imperio que se torna especialmente peligroso en tanto cursa su peor crisis histórica, quizás terminal. Ahora, si acaso la recurrencia a tal estrategia pretendiera erigirse en razón de aquéllos rejuntes, precisamente con los socios vernáculos de los intentos restauracionistas, tengo la impresión que algo no se ha entendido bien.
Por su parte, desde el oficialismo, a pesar de haberse desprendido de algunos lastres, tampoco se acierta en la estrategia de alianzas, no sólo desde un punto de vista ideológico -progresista, en línea con la descripción del diplomático ecuatoriano- sino desde lo estrictamente pragmático.
Citando voces del gobierno nacional, el diario Página 12, el 13 de diciembre aludía al subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EEUU, Arturo Valenzuela, como “una visita que no despierta entusiasmo”. “Son arbitrarios, además no dicen nada acerca de que Argentina es el país de la región que más confrontó con Irán…Cristina Kirchner hizo un duro reclamo a Ahmadinejad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no mereció ningún comentario público por parte de Washington”, en alusión a la postura del gobierno respecto de la –cuanto menos- dudosa pesquisa respecto de los atentados a la embajada de Israel y la sede la AMIA, como lo sugiere, entre tantos otros, la obra del recientemente fallecido periodista y ensayista Carlos Suarez (Autoatentados, Gemelas pentágono y CIA – El pacto oscuro detrás del 11-S) y sus citas, cuya comprometida obra no mereció el destaque, ni siquiera en medios ajenos al conglomerado neoliberal, en el epílogo de su prolífica vida, como sucede invariablemente con colegas menos sinceros.
En el año 2005 Néstor Kirchner prorrogó (suspendió el cómputo temporal de) las licencias a radios y televisoras por diez años. Pese a que los servicios complementarios no tienen caducidad, también resultaron beneficiados CableVisión y Multicanal (grupo Clarín y fondos de inversión norteamericanos) cuya explotación se extendía hasta 2006 y que ahora dispondrán de 10 años más, informaba el diario La Nación en junio de ese año. Otros de los favorecidos eran Daniel Vila y Marcelo Tinelli. Sin embargo, al primer intento de mover una pieza del tablero neoliberal, en oportunidad de la acertada pretensión de limitar los devastadores agronegocios propiciados las multinacionales químicas y semilleras, la camándula mediática no dudó y de poco valieron las prebendas. A propósito de canonjías, la ley 21540, sancionada en el año 1977 con la firma de Videla, concedió a los obispos católicos una jubilación de privilegio equivalente al 70% del sueldo de un juez de primera instancia. «Gozarán de esta asignación los prelados que acrediten setenta y cinco (75) años de edad o incapacidad, y que hubiesen cesado en sus cargos por alguna de dichas causales”, reza su texto.
El penúltimo intento para su derogación ocurrió en el año 2002. Duhalde finalmente vetaría parcialmente la ley 23966 y este régimen «especial» –eufemismo por «de privilegio»- sobreviviría. Por si algún incauto pudiera pensar que sus excelencias reverendísimas recién empiezan a vivir de nuestros aportes a los 75 años, me permito recordar que hasta entonces, por imperio de la ley 21950, suscripta por Videla y Martinez de Hoz, perciben el 80% del sueldo de un juez.
En el año 2006 realicé personalmente un pedido de anulación de la “jubilación” asignada al fantasma que sobrevuela La Falda (Córdoba), como calificó el diario La Voz el domingo 13/12/09 al ex obispo de Santa Fe Edgardo Storni, recientemente condenado a 8 años de prisión por abuso sexual agravado, ya que para su obtención ni siquiera se acreditaron esos mínimos requisitos. Cancillería, de quien depende la Secretaría de Culto, en paupérrima argumentación, impropia del nivel burocrático involucrado, desaprovechó una oportunidad de comenzar a saldar esta deuda de la democracia e iniciar el repudio a la herencia del golpe militar que beneficia a la jerarquía católica, con la peregrina idea de ganarse su favor.
La respuesta fue la automática alineación de los obispos con toda la runfla conservadora encabezada por la Sociedad Rural, en oportunidad del aludido sabotaje de la patronal agraria en el año 2008.
La nueva ley de medios audiovisuales intentó y logró en buena medida, reparar –aunque hasta ahora sólo en el marco teórico- algunos de esos yerros y sirvió para recordar la inexplicable vigencia de leyes provenientes de la última dictadura, aunque nadie recordó que la denostada ley de radiodifusión compartía con aquéllos regímenes “especiales” su origen espurio: Todas pertenecen al período golpista que asoló Argentina entre marzo del 76 y diciembre del 83.
Sin embargo la ley 21540 iba a pasar otra prueba de fuego. Por estos días se cumple un año de la sanción de la ley 26475, que anuló regímenes de privilegio derivados de la dictadura o por servicios cumplidos en ese periodo. Por caso, alcanzaría a la jubilación del ministro de economía y estandarte del brazo civil del golpismo, José Martinez de Hoz o Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda.
En sus considerandos decía el dictamen de la comisión de la cámara de diputados: “El congreso derogó en el 2002 en su totalidad las jubilaciones especiales no obstante el ex presidente Duhalde la vetó casi en su totalidad, … (como decíamos) [Pero] “la medida no alcanzó a los colaboradores civiles de la última dictadura militar (quedaron vigentes las leyes 22731 y la ley 21540)”, y más adelante agregaba:
“…no consideramos que constituyan derechos adquiridos ciertos privilegios que se otorgaron en un Estado que no era de derecho.”. ¡Sentencia de muerte para nuestra conocida ley 21540!
Vana ilusión. La parte dispositiva de la ley omitió toda referencia a la misma, que recibía así otro indulto. No pasó mucho tiempo para que la jerarquía católica, doblando la apuesta, volviera a dar signos inequívocos de que no convalidaría ningún cambio, por mínimo que fuera.
La estrategia de aspirar a obtener el plácet del tándem EEUU-Israel (el lobby militar-propagandístico más poderoso del planeta) de las corporaciones nacionales y multinacionales mediáticas o de la Iglesia en base a concesiones, no ha hecho sino demostrar su absoluta ineficacia, aun mirándolo desde un pragmatismo nada ejemplificador. Si lo hacemos desde el plano ideológico, tales inconsecuencias deslucen todavía más plausibles actitudes del gobierno argentino, como la temprana condena al golpe cívico-militar de Honduras o –bien que con menos energía- las bases norteamericanas en Colombia, en contraste con el silencio o la complicidad de buena parte de la dirigencia vernácula, desde que el régimen usurpador hondureño se encuentra sustentado, precisamente, en la corporación mediática agremiada, la jerarquía católica, los Estados Unidos y los oficiales de entrenamiento y el sofisticado equipamiento suministrados por Israel a ese ejército de ocupación, también dedicado a la protección del candidato «ganador» del simulacro eleccionario hondureño. No casualmente, los mismos que vienen participando desde hace años en el “Plan Colombia” y aplauden con entusiasmo los “siete puñales en el corazón de América”. Estos ejemplos, apenas emblemáticos, solo pretenden recordar la lección de la historia, que la realidad se encarga de certificar cotidianamente: La derecha no comparte poder.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
03/01/10