Difundimos la siguiente información:
Zainuco denuncia la represión y las torturas del 24 de marzo en Neuquén
El organismo de derechos humanos Zainuco, de la provincia de Neuquén, realizó una denuncia judicial para reclamar que se investigue la brutal represión policial durante la marcha del 24 de marzo en la capital provincial y las posteriores torturas que sufrieron los ocho detenidos que fueron derivados a la Unidad de Detención Nº 11. Allí fueron obligados a desvestirse, a arrodillarse, les pisaron los pies, y los amenazaron con llevarlos a los pabellones con los demás detenidos de la Unidad para que los agredieran sexualmente. Además, les pusieron música de marcha militar con la finalidad de amedrentarlos.
(Miercoles 31 de marzo, Agencia Walsh) – La Asociación Zainuco, de Neuquén, presentó una denuncia por torturas en los tribunales de esa provincia por los hechos ocurridos en las últimas horas del 24 y la madrugada del 25 de marzo en la Unidad de Detención Nº 11. Ese día, durante la marcha en repudio al 34º aniversario del golpe militar de 1976, la Policía de la Provincia llevó a cabo una violenta represión en la cual resultaron detenidas 28 personas, entre mayores y menores. Además de solicitar que se investigue la represión, la denuncia del organismo hace hincapié en los 8 detenidos que fueron trasladados a la Unidad de Detención Nº 11.
Allí, fueron bajados de la camioneta policial uno por uno y fueron golpeados. Además, los hicieron desvestirse. Dentro de la Unidad los obligaron a arrodillarse y les pisaron los pies, a la vez que no les dejaban levantar las cabezas. Además, los amenazaron con llevarlos a los pabellones con los demás detenidos de la Unidad, y también con hacer que algunos detenidos de los pabellones los agredieran sexualmente.
Como si fuera poco, les pusieron música de marcha militar con la finalidad de amedrentarlos y en alusión a que el motivo de la movilización en la cual habían sido detenidos era el rechazo al genocidio perpetrado por las fuerzas militares en el último golpe de estado que sufriera nuestro país. Las torturas, cabe añadir, fueron se efectuaron con los rostros cubiertos de los efectivos.
«En primer lugar señalamos que estos hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos de los que fueron detenidos. Mucho mas grave aún es que hayan sido llevados a la Unidad de detención Numero 11, como una clara muestra de a provocación que a nuestro criterio se montó desde tempranas horas inundando la ciudad de policías uniformados y de civil, cuando más de 12.000 personas nos manifestábamos en una fecha que tiene una gran connotación pues se cumplían 34 años del golpe de Estado que llevo adelante las más terribles violaciones a los derechos humanos en nuestro país, por parte de las fuerzas represivas», dice la presentación judicial de Zainuco.
Luego, el texto agrega: «Prácticamente está de más señalar la extrema gravedad que reviste lo padecido por estas personas, por la entidad misma del trato del que fueron víctimas, de una perversidad y ensañamiento absolutamente injustificados, y por la relevancia política de estos hechos a la luz de las circunstancias en las que se produjeron, a saber: en el marco de una jornada de repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en nuestro país». «No nos cabe dudas que estas 8 personas fueron víctimas de torturas, llevadas adelante por el personal policial que lo hizo con total impunidad, y evidentemente avalados por los responsables del operativo represivo con la intencionalidad clara de enviar un mensaje a todos los que nos movilizamos ese día: el mensaje de quienes se consideran todavía con impunidad», agrega la denuncia.
El organismo de derechos humanos señala, por su parte, a los autores responsables de los hechos: «los oficiales de calle que actuaron durante aquella noche en la realización de las detenciones», muchos de los cuales vestían de civil sin ningún tipo de identificación policial; «el personal que se encontraba prestando funciones aquella noche en la Unidad de Detención nº 11, y que se encargó de la custodia de los detenidos»; «el jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén, Juan Carlos Lepén»; «el Secretario de Estado de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Guillermo Pellini». Estos últimos estuvieron presentes en lugar y momento en que se llevó a cabo el procedimiento de represión.
Por otra parte, Zainuco reclama que se solicite «informes de la nómina del personal que actuó en el operativo entre el 24 y 25 de marzo de 2010, y concretamente de los que realizaron detenciones»; «la nómina de efectivos que prestaron funciones en la noche del 24 de marzo de 2010 y la madrugada del 25 de marzo de 2010 en la Unidad de detención Nº 11»; que «sean llamados a prestar declaración las personas que fueron detenidas en la U11 en esa noche»; y que «se reclame copia certificada de los libros de guardia de la unidad de detención Nº 11 y de la Comisaría Primera correspondiente a los días 24 y 25 de marzo de 2010», entre otras medidas judiciales.
Además, el organismo reclamó que no intervenga en la investigación de la causa el fiscal Ignacio Di Maggio, ya que el mismo «tomó intervención en ejercicio de sus funciones en la noche de los hechos, por lo que de la investigación podría surgir que tenga algún grado de responsabilidad penal o administrativa en los sucesos denunciados, lo que hace temer la posibilidad de que se afecte la objetividad requerida en su actuación».
Anred 01/04/10