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¿Al servicio de la “libertad de expresión”?

Barras K

¿Al servicio de la “libertad de expresión”?

Afiche convocando al juicio contra periodistas en Plaza de Mayo
Afiche convocando al juicio contra periodistas en Plaza de Mayo

Carteles “anónimos” amenazan a periodistas de los principales medios. Patotas oficialistas impiden presentar un libro sobre el Indec. El gobierno gastando millonadas en la más burda propaganda oficialista. ¿Así se garantiza la “pluralidad de voces” tan mentada por el kirchnerismo?

Escribe: José Castillo

Desde que Kirchner rompió la alianza que sostuvo durante sus primeros años con el Grupo Clarín y empezó la guerra contra el multimedio, comenzaron a escucharse los argumentos oficialistas de “hacer oir otras voces”. Así, durante el año pasado, el gobierno obtuvo la aprobación de la nueva ley de medios audiovisuales, con la que prometía dicha democratización. Lo dijimos entonces y lo volvimos a repetir hace un par de semanas cuando el gobierno intentó “reavivar el tema” con una manifestación hacia Tribunales: ni esa ley en particular, ni el gobierno kirchnerista en general está interesado en lo más mínimo en “ampliar”, “democratizar”, o “hacer que se escuchen expresiones distintas”. Esa ley y cada una de las acciones que han venido implementando tienen como único objetivo tener más medios al exclusivo servicio de propagandizar su gobierno. El silenciamiento es absoluto en todos los medios oficialistas (Canal 7, Radio Nacional) de los conflictos obreros, las luchas de los organismos de derechos humanos que el kirchnerismo no controla y los pronunciamientos de la izquierda.

Pegatinas y el “juicio” de Hebe

En las últimas semanas, la ofensiva kirchneristas contra cualquier voz opositora ha pegado un salto. A las ya acostumbradas diatribas de la presidente y Néstor, y a la abrumadora propaganda que acompaña las transmisiones de “Futbol para todos”, se le sumó primero la pegatina de carteles sin firma (pero de inconfundible origen “K”) contra los principales periodistas críticos del gobierno y un supuesto “juicio popular” motorizado por Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo por complicidad de distintos periodistas con la dictadura.

Nosotros sabemos que Clarín y La Nación son empresas patronales. Denunciamos sus complicidades con la dictadura cuando todos hacían la vista gorda (incluso los Kirchner) y denunciamos la responsabilidad directa de Ernestina de Noble en la apropiación de niños (ver recuadro en pág. 4). Conocemos también (y sufrimos) la manipulación de estos medios (y también de otros, hoy “amigos” del gobierno, como C5N).

Pero no nos confundimos. La parodia de “juicio popular” en Plaza de Mayo es una acción política de propaganda oficial. Tan evidente resultó este montaje kirchnerista que prácticamente quedó aislado, y con unos cuantos voceros K tomando distancia. El gobierno solo argumentó que “cada uno es libre de hacer lo que quiera”.

El programa del canal público 6-7-8 es el botón de muestra de su “pluralidad” hacia todo aquel que no comulgue con la política oficialista, de cualquier signo político que sea. Los afiches anónimos atacan a periodistas de los medios patronales que tienen un punto en común: haber realizado denuncias contra el gobierno.

Silenciar y patotear

Los trabajadores y la izquierda sabemos como sigue esto. Como ya pasó con la represión de Kraft, donde Canal 7 fue el único medio que la silenció. Como está pasando con la lucha de los trabajadores de Crítica, o los de Radio Nacional por su sindicalización. O el último 24 de marzo, donde la multitudinaria columna de Memoria, Verdad y Justicia fue ignorada por la televisión oficial, que incluso manipuló las cámaras en la Plaza de Mayo para que no se la viera ni siquiera de fondo. Más grave aún, en la Feria del Libro la voz de los compañeros del Indec denunciando la intervención intentó ser silenciada directamente por una bandas de barras K enviadas por el patotero Moreno .

Nada de esto está al servicio de una mayor “pluralidad de voces”. Por eso estamos en contra de que se le cercene a cualquiera el derecho a expresarse, o que se hable de “escrache” –la acción que utilizaban los hijos de desparecidos para denunciar a los genocidas impunes- ante la intimidación y amenaza por parte del gobierno para que un periodista, o un luchador, no puedan hablar. Y lo hacemos no por una defensa de la “libertad de expresión” en abstracto, sino porque esas restricciones, amenazas y silenciamientos, siempre terminan cayendo contra los que pelean: los trabajadores y la izquierda.

El socialista 05/05/10

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