Día 23:
“Zurdito”
2 de octubre
Hoy se incorporaron al debate los dos nuevos fiscales designados por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y las defensas recusaron a uno de ellos, Mariano Domínguez. Luego declararon cuatro testigos: un militante, dos choferes de la empresa Chevallier y un fotógrafo del diario Clarín.
Antes de comenzar el debate, pusimos en conocimiento del tribunal las amenazas que sufrió anoche uno de los testigos, José César Andino, militante del MTR. Andino fue abordado cerca de su domicilio por dos sujetos que se movilizaban en moto, lo arrinconaron en un callejón y le exigieron que no declare en el juicio. Esto fue inmediatamente denunciado ante la justicia. El testimonio de Andino –que se ha hecho público por los medios- acredita la presencia de una escopeta entre la patota, lo cual es compatible con una de las heridas que recibió Nelson Aguirre. El abogado y socio del Jockey Club, Alejandro Freeland –que defiende los mafiosos y matones que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados-, dijo que las denuncias por amenazas que realizaron numerosos testigos eran “ridículas y grandilocuentes”. Ambos adjetivos le caben perfectamente a él mismo, pero no a los amenazados.La Cámara de Casación los tomó muy seriamente en cuenta cada vez que denegó los reiterados pedidos de excarcelación de Pedraza y su patota –además, claro, del intento de soborno a los camaristas de la sala tercera.
La cuestión de los nuevos fiscales
Freeland fue también quien recusó la designación de Domínguez. Los demás abogados defensores mayoritariamente adhirieron a su planteo. Freeland sostiene que la investigación de la causa –de la cual Domínguez participó como secretario de la fiscal de instrucción, Cristina Camaño- estuvo intencionalmente direccionada contra los acusados, “ya que no se investigó la historia completa; por empezar, el intento de cortar las vías, que constituye un delito federal”. El objeto procesal del juicio –por decirlo en términos legales- lo constituyen un homicidio y tres tentativas de homicidio, no el intento de los tercerizados por cortar las vías. Su reclamo, además, finalmente fue legitimado por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de 1500 obreros ferroviarios. Esto, luego del crimen de Mariano.
La designación de Carlos Gamallo –como fiscal coadyuvante- y de Domínguez, como fiscal “ad hoc”, estuvo precedida por fuertes choques entre la fiscal María Luz Jalbert, las querellas y el tribunal. Para la prensa, Jalbert, cuya función es acusar, “se encontraba más cerca de las defensas” que de las partes acusadoras, por haber apoyado varios de sus pedidos en las primeras jornadas del juicio. Otros cuestionamientos se refieren a su método de interrogatorio, reiterativo y que prolonga innecesariamente los testimonios, lo cual -sumado a las chicanas de las defensas- empantana el debate sistemáticamente.
De la instrucción en la que participó Domínguez, surgió la acusación contra Pedraza y la patota de haber pergeñado y ejecutado un “plan criminal” contra los tercerizados. A los policías, sin embargo, el ministerio público los acusó por “abandono de persona agravado”. La policía –como queda cada vez más claro- fue parte activa y necesaria de ese plan criminal. La instrucción no avanzó sobre los funcionarios políticos responsables por su accionar. Por otra parte, en la causa paralela a la que investiga el crimen de Mariano, por “defraudación al Estado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, no hay avances –y la procuración general no adoptó ninguna medida particular al respecto. Esa causa coloca el foco sobre los fondos estatales entregados a la cooperativa “Unión del Mercosur”, perteneciente a Pedraza, su entorno familiar y la cúpula de la Unión Ferroviaria. Se trata de una investigación clave para avanzar sobre la línea de empresarios y funcionarios que saquean los subsidios multimillonarios del Estado en complicidad con la burocracia ferroviaria. Ugofe y los funcionarios de Transporte son los grandes ausentes en el juicio por el crimen de Mariano.
Las defensas acusaron al gobierno de “interferir” en el desarrollo del juicio. Queremos recordarles a los abogados defensores que sus clientes -Pedraza y compañía-, continúan jugando a fondo en el copamiento oficialista de la CGT –justamente ayer, la fracción de la burocracia que más decididamente apoya a Caló se reunió en la sede de la Unión Ferroviaria- y participando de los negocios ferroviarios junto a las empresas y funcionarios del transporte.
La abogada María del Carmen Verdú señaló en la audiencia que “esta querella no va a pronunciarse sobre qué fiscal le gusta más, porque no somos las partes, sino el ministerio público como órgano independiente quien tiene la facultad de ordenar cuántos y qué fiscales deben intervenir en el juicio”. “Lo importante es que avancemos en el trámite de este debate hacia la sentencia. Esta recusación, como muchas otras cuestiones que vienen afectando la dinámica del debate, es otro intento de las defensas, frente a la imposibilidad de romper el cerco de hechos probados que se cierne sobre los imputados, de obstaculizar el proceso”. Estaremos muy atentos al desarrollo del juicio y a la conducta de los nuevos fiscales. La otra querella, representada por el Cels, apoya las nuevas designaciones, en tanto la fiscal Jalbert pidió prórroga hasta el jueves para contestar los argumentos de las defensas.
Los testimonios
Un testimonio muy importante fue el de Gerardo Dell Oro, fotógrafo de Clarín que fue enviado a cubrir los hechos poco después de las 14 horas, cuando ya había ocurrido todo. Explicó que llegó al lugar con muy poca información, “algo sobre un corte de vías”. Caminó por el terraplén y tomó fotos, primero, de un grupo numeroso que caminaba por las vías en sentido de Barracas hacia Avellaneda con actitud jovial. Más atrás, lo seguía un grupo más reducido, de seis u ocho personas, con gesto adusto. Era el núcleo dirigente de la patota: allí estaban Pablo Díaz, Gustavo Alcorcel, Francisco Pipitó y Juan Carlos Pérez, entre otros. Dell Oro también vio policías sobre las vías. Preguntó a algunos de los que integraron la patota qué había pasado con el corte. “Hicimos que pase el tren, lo hicimos por los usuarios”. Luego escuchó a sus espaldas una frase escalofriante: “y bueno, un zurdito menos”. Dell Oro todavía no sabía que Mariano había sido asesinado.
Poco después, el fotógrafo bajó a la calle Luján y recorrió la esquina donde cayó Mariano. Aseguró que el lugar no estaba cerrado al paso y vio al subcomisario Garay “conversando” con otros policías, sin dar ninguna indicación sobre las medidas a tomar.
Otro testimonio fue el de Lucas Malaspina, militante dela TPR, quien participó de la movilización del 20 de octubre de 2010. Lucas explicó que luego de la primera agresión que sufrieron al intentar subir al terraplén para cortar las vías, “decidimos irnos, porque teníamos muchos compañeros heridos”. Luego relató que, en el segundo ataque, “tratamos de defendernos”. “Ellos venían preparados con palos y piedras y, como hemos visto, con armas de fuego”. Declaró haber visto un tirador en el centro de la calle, de características similares a las de Favale.
También declararon dos choferes de Chevallier, quienes no aportaron demasiados detalles.
La próxima audiencia será el jueves, en la que se esperan importantes testimonios que avanzaran sobre la trama política y económica que motivó el plan criminal de Pedraza.
03/10/12