Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Supremo de que le concedan permiso para recurrir varios de los argumentos contra la extradición que la juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se les concede el recurso, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una «grave violación» de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos no permite; que Julian no debe ser extraditado para ser procesado cuando la Ley de Espionaje «se está ampliando de una manera sin precedentes e imprevisible»; que los cargos podrían ser modificados dando lugar a que Julian se enfrente a la pena de muerte; y que Julian no recibirá un juicio justo en los EE.UU. También están pidiendo el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julian.
Si el Tribunal Supremo autoriza a Julian a recurrir, se programará una nueva vista en la que alegará los motivos de su recurso. Si el Tribunal Supremo deniega a Julian el permiso para apelar, la única opción que le queda es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.
La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue impulsada por la administración de Donald Trump tras la publicación por parte de WikiLeaks de los documentos conocidos como Vault 7, que exponían los programas de ciberguerra de la CIA, incluidos los diseñados para vigilar y tomar el control de automóviles, televisores inteligentes, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.
La cúpula del Partido Demócrata se volvió tan sanguinaria como los republicanos tras la publicación por parte de WikiLeaks de decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos cargos demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.
Los correos electrónicos de Podesta sacaron a la luz que Clinton y otros miembros del Gobierno de Obama sabían que Arabia Saudí y Qatar -que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton- eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton mantuvo con Goldman Sachs, por las que cobró 675.000 dólares, una suma tan elevada que sólo puede considerarse un soborno. Los correos electrónicos mostraban a Clinton diciendo a las élites financieras que quería «comercio abierto y fronteras abiertas» y que creía que los ejecutivos de Wall Street eran los mejor posicionados para gestionar la economía, una afirmación que contradecía sus promesas electorales de reforma financiera. Expusieron la estrategia de la campaña de Clinton, autodenominada «Pied Piper» (flautista de Hamelín), que utilizaba sus contactos en la prensa para influir en las primarias republicanas «elevando» a lo que ellos llamaban «candidatos más extremos», para asegurarse de que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento previo de Clinton de las preguntas de un debate de primarias. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como una de las artífices de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que abrillantaría sus credenciales como candidata presidencial.
Algunos periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los diarios de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.
La cúpula demócrata, que intentó culpar a Rusia de su derrota electoral frente a Trump -en lo que se conoció como Rusiagate-, acusó a los correos electrónicos de Podesta y a las filtraciones del DNC de haber sido obtenidos por piratas informáticos del Gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el exdirector del FBI, «no desarrolló suficientes pruebas admisibles de que WikiLeaks supiera o incluso estuviera voluntariamente ciego ante» cualquier supuesto hackeo por parte del Estado ruso.
Julian ha sido perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del Gobierno estadounidense desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, él era independiente. Su objetivo era desenmascarar al poder.
Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes o los puestos de control de EE.UU., incluyendo a mujeres embarazadas, ciegos, sordos y no menos de 30 niños.
Hizo públicas las muertes no comunicadas de más de 15.000 civiles iraquíes y la tortura y maltrato de unos 800 hombres y muchachos, de entre 14 y 89 años, en el centro de detención de Guantánamo.
Nos mostró que Hillary Clinton ordenó en 2009 a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y otros representantes de dicho organismo de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía la obtención de sus ADN, escaneo del iris, huellas dactilares y claves personales de acceso.
Sacó a la luz que Obama, Hillary Clinton y la CIA apoyaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente, y lo reemplazó por un régimen militar asesino y corrupto.
Reveló que Estados Unidos lanzó en secretó misiles, bombas y ataques con drones en Yemen, que provocaron la muerte de decenas de civiles.
Ningún otro periodista contemporáneo ha estado a la altura de sus revelaciones.
Julian es el primero. Nosotros somos los próximos.
(N. del T.): *Analista de las Fuerzas armadas de EE.UU. que filtró al New York Times los Papeles del Pentágono.
** Medidas de seguridad del sistema penitenciario estadounidense, muy restrictivas, para presos especialmente peligrosos
Fuente: https://chrishedges.substack.com/p/assanges-final-appeal
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El último recurso de Julian Assange