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Acusados por delitos de lesa humanidad fueron absueltos en Rosario: “Es un fallo intentendible”

CAUSA VILLAZO

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a 17 acusados por los delitos  de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 como represalia de la pueblada conocida como el Villazo, que sucedió en 1974 en Villa Constitución. Se estableció el día 6 de febrero de 2026 a las 20 horas para la lectura de los fundamentos.

ANDAR en Rosario

(Agencia Andar) El Tribunal, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a los 17 acusados: el ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y un ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo; los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio y los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el ex oficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evalúa Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares.

“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, amplía la abogada.

La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, agrega.

Los hechos ventilados durante el debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar. Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de esa fábrica.

www.andaragencia.org/17-acusados-por-delitos-de-lesa-humanidad-fueron-absueltos-en-rosario-es-un-fallo-intentendible/

Andar 04/11/25

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Derechos Humanos Nacional

REPERCUSIONES SOBRE EL JUICIO CONOCIDO COMO LA HUERTA

Torremare: “Fue un grosero error del tribunal no encuadrar los delitos padecidos por trabajadores de fábricas como crímenes de lesa humanidad”

A fines de octubre se realizó la última jornada del juicio en el que se ventilaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi cuatro años de audiencias, centenares de testimonios y 191 casos de víctimas de delitos como tormentos, secuestros ilegales y homicidios, entre otros. El abogado querellante por la APDH y miembro de la CPM, Guillermo Torremare, valoró que el veredicto haya sido leído en Tandil, tal como lo reclamaron insistentemente los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas. La referente de derechos humanos de Tandil, Petra Marzocca, aseguró a ANDAR que una segunda etapa en torno a esta causa será lograr que Casación revierta la gran cantidad de absoluciones otorgadas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La causa que acaba de ser juzgada es el resultado de varias investigaciones penales que, con los años, se fueron acumulando en un mismo expediente con el objeto de resolver en un mismo debate los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.

Entre ellos, el CCD La Huerta –nombre con el que se conoció popularmente a la causa-  estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil, y operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército dentro de la subzona 12.

Luego de 104 jornadas de producción de prueba –solo unas pocas fueron llevadas a en alguna de las ciudades mencionadas y fuera de Mar del Plata, al contrario de lo que reclamaban desde antes del juicio los organismos y sobrevivientes-, el viernes 24 de octubre se dio lectura al veredicto a instancias del Tribunal Oral Federal 1 con asiento en la ciudad balnearia y con la integración de los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer.

Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret, las cuales eran esperadas por las distintas querellas en el juicio. Sin embargo, lo que nadie preveía era que se otorgaran 27 absoluciones, que serán apeladas ante el Tribunal Federal de Casación.

“Ha sido un juicio muy largo, con más de tres años de debate oral y con muy pocas jornadas en las ciudades donde se cometieron los hechos: dos en Tandil y una en Azul, y el resto en Mar del Plata donde tiene asiento el TOF 1. Aun así, pudimos lograr que la lectura del veredicto se realizara en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos de la Provincia y la región”, afirmó a ANDAR el abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare.

“En esa ciudad fue donde se cometieron la mayor cantidad de delitos y donde funcionaron la mayor parte de los 14 CCD investigados. Sobre la parte resolutiva, y aclaramos que aún tenemos que conocer los fundamentos del fallo que se darán a conocer a mediados de diciembre, creemos que evidentemente los jueces han valorado y apreciado la prueba de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, hay un caso de una de las condenas cuya pena fue establecida en 6 años de prisión para el delito de violación de una víctima mientras ésta permanecía privada ilegalmente de su libertad. Es decir, una pena desproporcionadamente baja”, amplió.

Por su parte, Petra Marzocca -una de las referentes de la organización Memoria por la Vida en Democracia de Tandil y cuyos hermanos y cuñada fueron desaparecidos durante la última dictadura- afirmó a ANDAR que “fue mucho el trabajo de décadas en la búsqueda de pruebas con las que dar precisión y detalles a hechos que ocurrieron hace casi 50 años. Y las dificultades del paso del tiempo quedaron expresadas en el debate oral, con largas discusiones con las defensas acerca del valor de los testimonios”.

Con respecto a las 27 absoluciones dictadas por el tribunal, Marzocca evaluó: “Nunca pensamos que pudieran llegar a tantas y fue muy impactante escucharlo, sobre todo para las víctimas sobrevivientes. Nos plantea una cuestión muy compleja en cuanto a cómo la vamos a abordar ante el Tribunal de Casación. Entendemos que este juicio contó con jueces sin experiencia previa en juicios de lesa humanidad, y eso tal vez puede haber influido en su consideración de los hechos y la valoración de la prueba”.

Cabe aclarar que a cuatro de los que resultaron absueltos no se les había formulado acusación durante el juicio, por lo que la absolución para ellos estaba descontada, pero hay otros imputados –como el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez- que también resultaron beneficiados a pesar de que todo el bloque acusador consideraba probadas las responsabilidades de cada uno.

Asimismo, 16 de los imputados originales que tenía la causa fueron, por el paso del tiempo, apartados de la investigación por problemas de salud o por fallecimiento, lo que evidencia el creciente y preocupante escenario de la impunidad biológica respecto a quienes cometieron delitos imprescriptibles en el marco del terrorismo de estado.

Una de las principales críticas que los organismos de derechos humanos y querellas realizaron al fallo tiene que ver con que los casos de víctimas de trabajadores de fábricas de la zona (Loma Negra, Avellaneda y otras) no fueron considerados en el marco del plan general del terrorismo de estado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires sino como delitos cometidos por fuera de ese contexto, lo que implica la prescripción de la acción penal y la imposibilidad de juzgarlos hoy.

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Derechos humanos: el revisionismo no es solo de derecha

Villarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70′. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.

La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.

Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los “libertarios” no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.

En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.

Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.

Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.

Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.

Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza “los peronistas de Perón” relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.

La aparición de Villarruel

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Derechos Humanos Nacional

Emotivo homenaje a 50 años de la Masacre de La Plata

Foto de portada: Presentación del acto. 

Escribe José “Pepe” Rusconi

El viernes 19 de septiembre, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, se llevó a cabo un emotivo acto para recordar a los ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) asesinados por bandas fascistas los días 4 y 5 de septiembre de 1975, en la antesala del golpe de Estado. La actividad fue organizada por la Comisión por Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, integrada por familiares, amigos, compañeros de militancia y partidos de izquierda, entre ellos Izquierda Socialista.

El lugar estuvo colmado de militantes y activistas de distintas generaciones. Entre los asistentes se encontraban referentes de derechos humanos como Elsa Pavón (Abuelas de Plaza de Mayo-Asociación Anahí), Marta Úngaro (hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices), Carlos Zaidman (AEDD) y María Laura Bretal (Justicia Ya!).

El acto comenzó con las intervenciones de los abogados de derechos humanos Guadalupe Godoy y Eduardo “el Negro” Soares, quienes denunciaron la impunidad que persiste alrededor de estos crímenes y destacaron la importancia de sostener la lucha por justicia, tanto en este caso como en las causas de lesa humanidad ocurridas antes y después de la dictadura militar. Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria entregaron a los familiares los legajos policiales de algunos de los militantes asesinados, parte del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
Amigos y compañeros compartieron recuerdos cargados de emoción sobre Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Carlos “Diki” Povedano, Oscar Lucatti y Patricia Claverie. También se recordó a Susana Zaldúa y Susana Guzner, hermanas de Adriana y Ana María, quienes lucharon hasta el final de sus vidas para lograr justicia.

En el bloque de intervenciones políticas tomó la palabra la diputada provincial electa Mónica Schlotthauer, en representación de Izquierda Socialista. Recordó que los crímenes de la Triple A fueron el prólogo del terrorismo de Estado que luego instauraría la dictadura.

“El reclamo de justicia ha escrito los nombres de los compañeros de la masacre de La Plata junto a los de la masacre de Pacheco, Rodolfo Ortega Peña y otros miles asesinados por la Triple A”, expresó Mónica. “Esto obligó a reconocer una verdad histórica e incómoda: el terrorismo de Estado empezó con el gobierno antiobrero de Isabelita, un gobierno peronista, respaldado por la putrefacta burocracia sindical”.

Mientras evocaba la memoria de los caídos, la dirigente trazó un puente entre aquella etapa y las luchas actuales. Recordó que en los años previos al golpe se organizaron coordinadoras obreras que lograron unir a miles de trabajadores de distintas fábricas y sindicatos en un frente común de lucha.

“La rebeldía de esos años puso de pie a las coordinadoras que unían a la clase obrera, desde Ensenada hasta Tigre”, afirmó. “Ese ejemplo marcó a toda una generación, incluida la nuestra, y por eso seguimos peleando por la unidad de los luchadores para derrotar a la burocracia sindical que sigue entregando nuestras conquistas”.

Schlotthauer reivindicó también el legado político de los militantes homenajeados, enmarcando sus vidas en la construcción de un partido revolucionario para la clase trabajadora.

“Desde el morenismo seguimos insistiendo en la necesidad de partidos obreros que lleven a la clase trabajadora al poder y avancen en la construcción del socialismo”, dijo. “Cada año que pasa le da la razón a la lucha de nuestros compañeros asesinados”.

El acto contó con la presencia de una amplia delegación de Izquierda Socialista, entre ellos la diputada nacional Mercedes de Mendieta, la legisladora porteña, Mercedes Trimarchi; Miguel Sorans y Mercedes Petit, dirigentes del PST de aquel momento, junto a militantes de larga trayectoria en la corriente morenista. 

Desde la Flotilla Global Sumud, camino a Gaza, enviaron sus saludos el diputado nacional Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini, quienes participan en una misión internacional en apoyo al pueblo palestino.

El momento más emotivo llegó con la lectura del documento unitario por parte de Nora Zaldúa, hermana de Adriana. Entre aplausos y lágrimas, se reafirmó el compromiso de seguir luchando por justicia y por la causa por la que los ocho militantes dieron la vida.

El cierre se dio con todos los presentes de pie, levantando sus puños y entonando La Internacional, himno de la clase trabajadora. Así se selló la promesa de mantener viva la memoria y de continuar la pelea por la que lucharon Adriana, Hugo, Laucha, Ana María, Lidia, Diki, Oscar y Patricia.
“Vamos a seguir reclamando justicia y repetiremos sus nombres el día que logremos el triunfo definitivo: el día en que los trabajadores gobiernen hacia el socialismo”, concluyó Schlotthauer, arrancando una ovación.


Mónica Schlotthauer habló en nombre de Izquierda Socialista

https://youtu.be/CFHQiSnMXdg

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/24414-emotivo-homenaje-a-50-anos-de-la-masacre-de-la-plata

El Socialista 24/09/25

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Derechos Humanos Internacional

Desde Argentina exigen aparición con vida de la periodista nicaragüense Fabiola Tercero

Por Prensa UIT-CI

15/10/2024. En el marco del 37º Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, que se realizó en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, con alrededor de 80 mil personas según diversos medios de comunicación, las compañeras de la agrupación feminista Isadora – Mujeres en Lucha y de Izquierda Socialista exigen la aparición con vida de la periodista nicaragüense Fabiola Tercero quien cumple 85 días de «desaparición forzada».

La Diputada Nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Mónica Schlottahuer junto a la diputada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Trimarchi, la Secretaria General de ATEN (sindicado de docentes de la provincia de Neuquén) Angélica Lagunas y la Diputada Nacional electa Mercedes de Mendieta, denunciaron que la periodista feminista nicaragüense Fabiola Tercero Castro cumple 85 días de «desaparición forzada» y denunció el silencio que guarda al respecto el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

De esta manera se suman a la campaña internacional que realizamos desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) en solidaridad con las organizaciones que piden la aparición de Fabiola y otros activistas desaparecidos, como el exdiputado indígena Brooklyn Rivera y el opositor Jaime Navarrete Blandón.

Desde la UIT-CI llamamos a los sectores que, en el mundo, se reclaman democráticos, como intelectuales, periodistas, artistas, personalidades políticas, sindicales, estudiantiles, de la lucha socio-ambiental a reclamar por la aparición y liberación inmediata de la periodista feminista Fabiola Tercero y demás personas en la misma situación en Nicaragua.

Reproductor de vídeo

uit-ci.org/index.php/2024/10/20/argentina-exigen-aparicion-con-vida-de-la-periodista-nicaraguense-fabiola-tercero/#:~:text=Reproductor%20de%20v%C3%ADdeo

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General

A 55 años de la revuelta de Stonewall: en Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ sigue luchando por sus derechos

Por: Mujeres en Lucha

A 55 años de la histórica primera revuelta de personas sexo género diversas, ocurrida en el local Stonewall en Nueva York, contra la represión y persecución policial, la iniciativa feminista Mujeres en Lucha, aliada en la lucha contra toda forma de explotación, opresión y discriminación, propias del sistema patriarcal y capitalista, nos pronunciamos a favor de la histórica lucha de la comunidad LGBTIQ+ por sus reivindicaciones, que hoy en día en Venezuela siguen estando pendientes y son cada vez más urgentes.

Retroceso en las luchas LGBTIQ+

Después de más de 20 años de falso socialismo, los gobiernos de Chávez y Maduro no solo no han permitido el avance en la conquista de derechos, sino que se ha retrocedido, destinando recursos del Estado para financiar grupos religiosos, conservadores y anti derechos. Estos sectores han establecido vínculos con funcionarios estatales, en distintos niveles del gobierno, con el objetivo de impedir que se haga un debate y se legisle por el derecho al matrimonio igualitario, la identidad de género, ni siquiera el mero cambio de nombre en la cédula de identidad se puede ejercer plenamente en Venezuela, tampoco se ha podido avanzar en una ley contra la discriminación; el reconocimiento de estos derechos es garantía de derechos humanos, tales como salud, educación, vivienda, entre otros. Forzando a buena parte de la población venezolana, especialmente a las personas de escasos recursos, a la migración, a la explotación de sus cuerpos y mano de obra, y exponiéndolos a diversas formas de violencia, poniendo en riesgo sus vidas solo porque su identidad de género y su sexualidad no se corresponde con el mandato machista, blanco y heterosexual.

Tal es el retroceso que están a la orden del día los discursos de odio contra la comunidad sexo, género diversa, tanto en representantes del gobierno nacional, local, autoridades del Ministerio Público, entre otros. No escapan de estos discursos de odio, candidatos y representantes de los partidos de la derecha patronal que para nada tienen en cuenta en sus agendas electorales, responder a las necesidades y derechos de las personas LGBTIQ+, sobre todo porque tradicionalmente esta burguesía patronal está estrechamente vinculada con las más conservadoras creencias religiosas pentecostales, evangélicas y cristianas.

Una vez más el gobierno de falso socialismo y los partidos patronales se dan la mano cuando se trata de discriminación, opresión y explotación de la población como cantera para imponer una política de ajuste capitalista que se afinca sobre los hombros de las grandes mayorías de los sectores populares para que sostengan a unos pocos sectores económicos privilegiados que requieren, cada vez, acumular más capital, por eso la bonificación de los salarios y pensiones de hambre, junto a la represión selectiva, el amedrentamiento, los discursos de odio, la discriminación, el retroceso en la garantía de derechos, son parte de la misma ecuación tanto para el gobierno como para los partidos patronales. 

Retos del movimiento LGBTIQ+

Este escenario es un gran reto para el movimiento LGBTIQ+. Cada vez es más urgente dar la batalla contra los discursos de odio que se materializan en ataques hacia las identidades, enfrentar el ajuste de los gobiernos y lograr conquistar los derechos humanos correspondientes, sin embargo, la campaña electoral para las presidenciales de este 28 de julio 2024 ha atentado contra la unidad del movimiento. 

Si algo ha quedado demostrado, especialmente en los últimos años, en las movilizaciones y protestas de la comunidad sexo género diversa, es la unidad de acción para enfrentar la lucha por sus reivindicaciones. A pesar de la diversidad de visiones políticas, cada una de las organizaciones sociales defensoras de estos derechos, ha actuado de manera unitaria en la defensa de sus principales reclamos, sin embargo, recientemente algunos referentes del movimiento optaron por apoyar al candidato de la derecha patronal, Edmundo González Urrutia, lo que produjo tensiones en el movimiento producto de la amenaza de que prevalecieran intereses político-electorales por encima de la lucha unificada por la conquista de históricas y urgentes reivindicaciones.

Desde Mujeres en Lucha seguiremos haciendo un llamado amplio para impulsar las movilizaciones de la clase trabajadora, las juventudes, mujeres y disidencias por la conquista y defensa de cada uno de los derechos por la dignidad de la humanidad hasta lograr alcanzar un mundo socialista, donde vivamos plenamente en una real libertad.

¡Iglesia y Estado asunto separado!

¡Contra toda forma de explotación, opresión, discriminación y violencia!

¡Hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos!

LaClase.info 04/07/27

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Derechos Humanos Ecologia Internacional Sociedad

Mekorot: el agua como herramienta de dominación

Por Galizia Alfano Paula , Ferreyra Silvia

Publicado en Dossier, Guerra y genocidio en Palestina: colonialismo y resistencias en tensión, Nuestra América

El genocidio sistemático del sionismo hacia el pueblo palestino está siendo televisado y replicado en redes sociales frente a los ojos del mundo entero. La destrucción, la muerte, el saqueo y la violencia están todas juntas, diseminadas en un pequeño territorio frente a las costas del Mar Mediterráneo. El pueblo palestino, particularmente en Gaza, está sufriendo una segunda Nakba más cruel y más profunda que la primera. 

Más de 35.000 asesinades, la mayoría mujeres e infancias, miles de casas destrozadas, casi ningún hospital en pie, el acceso al agua y el servicio eléctrico fueron diezmados y más de un millón de personas se convirtieron en refugiadas. Estas son algunas de las brutales consecuencias provocadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a 7 meses de la contraofensiva israelí, luego de los ataques de Hamas el pasado octubre. 

A pesar de las exigencias de los pueblos del mundo para que se detenga la violencia, e incluso con una resolución de la ONU en la que se exigió un cese al fuego, el asedio no se detiene y goza de una magnánima impunidad frente a todas las violaciones de derechos humanos que comete. Pero para comprender los hechos cabe reforzar algo muy importante: la ocupación no comenzó el 8 de octubre, son 76 años de colonialismo, saqueo y destrucción de los cuerpos y territorios del pueblo palestino. 

Si bien mucho se dice y analiza sobre este mal llamada guerra —porque no es otra cosa que un genocidio—, y existen serios y profundos análisis del caso, poco se menciona del carácter profundamente extractivista que tiene esta ocupación. Es en esta perspectiva que pone el foco en los territorios, los bienes comunes y su despojo, que este artículo pretende analizar la ocupación israelí. Para ello daremos a conocer a un actor que opera tras bambalinas y del que poco se sabe aunque sea uno de los pilares centrales para la realización, profundización y viabilidad del apartheid: la empresa estatal de agua israelí, Mekorot. 

Colonialismo de colonos 

Desde el comienzo de la ocupación en 1948, más del 80% del territorio de la Palestina Histórica fue anexado por el Estado israelí violando así el Plan de Partición  (1947,ONU) en el que se preveía sólo un 40 % de las tierras para la constitución del mismo. Ahora bien, hablar de anexión de un territorio no se circunscribe estrictamente a la pérdida de tierra disponible para una población, sino también a la capacidad de reproducir la vida, a la libre circulación y a la posibilidad de sostener prácticas culturales, religiosas o económicas. 

 A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos israelíes implementaron un plan sistemático de limpieza étnica hacia el pueblo palestino mediante métodos opresivos basados en la expoliación de los bienes comunes y de los territorios. Además de incontables violaciones a los derechos humanos, como la construcción de muros, la criminalización, la persecución y el asesinato, el sionismo centró parte de su estrategia  colonialista en la destrucción o monopolización de los bienes comunes del pueblo palestino.

Mediante el avance violento de asentamientos ilegales, aplicando desalojos forzosos a las familias palestinas e instalando allí a colonos israelíes, destruyendo casas, poblados y campos agrícolas, principalmente de olivos —práctica milenaria del pueblo palestino—, privatizando los servicios públicos, prohibiendo la libre circulación, generando desempleo y pobreza, es que profundizan el apartheid y el asedio. Pero hay un elemento clave para la concreción material de estos asentamientos que es vital para el expansionismo sionista: el agua.

Mapa acuíferos palestinos

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Derechos Humanos General Internacional

EEUU veta por tercera vez una resolución para pedir desde el Consejo de Seguridad de la ONU un alto el fuego en Gaza

El veto de EEUU bloquea un Consejo de Seguridad de la ONU que espera votar una nueva resolución sobre Gaza
La Administración de Joe Biden ha vetado ya dos veces en solitario sendas resoluciones que pedían un alto el fuego en el enclave palestino.

El texto, que había sido presentado por Argelia no ha contado con el visto bueno de EEUU, que justifica su posición afirmando que «no es el momento» para llevarla a cabo.

Redacción HuffPost / Europa Press

Estados Unidos ha bloqueado de nuevo este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que considera que «no es el momento» porque no contribuiría a un acercamiento entre el Gobierno israelí y Hamás. Con esta, ya son tres las ocasiones en las que el país norteamericano ha frustrado las expectativas de la ONU de intentar acordar un alto el fuego provisional en la región.

El texto había sido presentado en esta ocasión por Argelia y abogaba por el respeto del Derecho Internacional en la Franja y ya había sido recibido con reticencias por Estados Unidos, que habría planteado una propuesta alternativa en la que se aparcaba el llamamiento a un alto el fuego inmediato.

Finalmente, la delegación norteamericana ha hecho valer su derecho de veto para tumbar la resolución argelina con un único voto en contra. De los otros 14 países miembros del Consejo, 13 han votado a favor, mientras que Reino Unido –que también tiene capacidad de bloqueo– ha optado por la abstención.

«A veces la diplomacia lleva más tiempo de lo que nos gustaría», ha argumentado la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, antes de hacer efectivo el ‘no’ de Washington, alegando que las negociaciones en marcha son especialmente «sensibles» y que la resolución «complica estos esfuerzos».

Para el embajador ruso Vasili Nebenzia, la posición de Estados Unidos concede a Israel «licencia para matar», mientras que el representante chino, Zhang Jun, considera que la Administración de Joe Biden se equivoca en su posición en un momento en el que cientos de miles de palestinos viven al límite en la Franja de Gaza.

La inacción por parte del Consejo previsiblemente desencadenará una nueva sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados todos los Estados miembro de la organización y en el que ningún país tiene posibilidad de vetar texto alguno.

https://www.huffingtonpost.es/global/eeuu-veta-tercera-vez-resolucion-pedir-consejo-seguridad-onu-alto-fuego-gaza.html

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Derechos Humanos General Internacional

El último recurso de Julian Assange

Fuentes: The Chris Hedges Report / Ilustración: Mr. Fish, Assange, el Nuevo Prometeo

Por Chris Hedges | 20/02/2024 | Conocimiento Libre

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Julian Assange presentará esta semana el último recurso ante la justicia británica para evitar su extradición. Si es extraditado, será la muerte de las investigaciones sobre los entresijos del poder por parte de la prensa.

Si esta semana se deniega a Julian Assange el permiso para recurrir su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Supremo de Londres, no le quedará ningún recurso dentro del sistema judicial británico. Sus abogados pueden pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud del artículo 39, que se concede en «circunstancias excepcionales» y «sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable». Pero no es nada seguro que el tribunal británico acceda. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la Regla 39 o puede decidir hacer caso omiso de una petición del TEDH para permitir que dicho tribunal europeo estudie su caso.

La persecución de casi 15 años contra Assange, que se ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se hace en el marco de la extradición a Estados Unidos, donde sería juzgado por presunta violación de 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917, con una posible condena de 170 años.

El «delito» de Julian es haber publicado en 2010 documentos clasificados, mensajes internos, informes y vídeos del Gobierno y el ejército de Estados Unidos, facilitados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo y las condiciones a las que estaban sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes -incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que abatieron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos ellos captados en el vídeo Collateral Murder– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense trata de borrar de la historia.

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Derechos Humanos Internacional

Dentro de la prisión de Belmarsh con Julian Assange

El fundador de WikiLeaks teme que su encarcelamiento, la vigilancia del gobierno estadounidense y las restricciones a la financiación del grupo hayan ahuyentado a nuevos denunciantes.

por Charles Glass

Una audiencia de dos días en el Tribunal Superior de Londres, los días 20 y 21 de febrero, determinará si al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se le concederá una apelación contra la extradición a Estados Unidos. La decisión de extraditar, tomada por la entonces ministra del Interior, Priti Patel, podría acarrear una pena de prisión de hasta 175 años por cargos de espionaje e intrusión informática, por haber revelado crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán y Guerras de Irak. Podría tener graves repercusiones en el periodismo. En la edición de este mes, Charles Glass visitó a Julian Assange en la prisión de Belmarsh, donde ha estado durante casi cinco años. «Su encarcelamiento, la vigilancia del gobierno estadounidense y las restricciones a la financiación de WikiLeaks alejan a posibles denunciantes», escribió Glass.

MP Belmarsh, Londres, 14.30 horas del miércoles 13 de diciembre de 2023. Julian Assange entra a la zona de visitantes. Destaca en la columna de 23 prisioneros por su altura – 6′ 2″ – y sus sueltos mechones blancos con barba recortada. Entrecierra los ojos, buscando un rostro familiar entre las esposas, hermanas, hijos y padres de los otros reclusos. Estoy esperando, según lo asignado, en D-3, uno de los alrededor de 40 juegos de pequeñas mesas de café rodeadas por tres sillas tapizadas (dos azules y una roja) atornilladas al piso de lo que parece una cancha de baloncesto. Nos detectamos, caminamos hacia adelante y nos abrazamos. Es la primera vez que lo veo en seis años. «Estás pálido». Con una sonrisa traviesa, bromea: «La llaman prisión pálida».

No ha estado al aire libre desde que se refugió en la estrecha embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012. Las ventanas francesas de la embajada permitían vislumbrar el cielo; Aquí, en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, su domicilio desde el 11 de abril de 2019, no ha visto el sol y está confinado en una celda durante 23 horas al día. Su única hora de recreación se desarrolla entre cuatro paredes, bajo supervisión.