Por Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista y la UIT-CI
28/8/2026. El 4 de octubre se realizarán elecciones en Brasil. Se elegirán presidente y vice, gobernadores, senadores y diputados nacionales.
La disputa se concentra en las dos principales fuerzas políticas, la alianza de Luiz Inácio Lula da Silva con el empresario Geraldo Alckmin y el bolsonarismo, apoyado por Donald Trump. La mayoría de las encuestas los colocan en una disputa muy ajustada, aunque con una leve ventaja para Lula.
Con la segunda población más grande de América y el segundo PBI del continente, Brasil tiene una importancia estratégica. Por eso, esta elección despierta un gran interés. Como en otros países de la región, el hartazgo con la falta de soluciones y el doble discurso de los gobiernos de la izquierda reformista, que no avanzan en medidas de fondo a favor de las masas populares, ayudaron a fortalecer salidas mesiánicas de ultraderecha. Es lo que vimos con el chavismo en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Gabriel Boric en Chile, con Gustavo Petro en Colombia e incluso con el peronismo kirchnerista en nuestro país. Los fracasos de estos gobiernos capitalistas de conciliación de clases colocaron en escena a la ultraderecha en Latinoamérica.
En Brasil no fue diferente. Para ganar elecciones y mantenerse en el poder, Lula y el PT abandonaron su programa original de gobierno de las y los trabajadores y se aliaron con sectores de la burguesía brasileña. No por casualidad, en sus primeros mandatos el vice de Lula fue José Alencar, un gran industrial textil de Minas Gerais que en aquella época pertenecía al PL, partido que hoy cobija a los Bolsonaro. También colocó como presidente del Banco Central a Henrique Meirelles, CEO mundial del BankBoston. Actualmente, su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin, un conservador vinculado históricamente al Opus Dei, exgobernador de São Paulo por el PSDB, donde aplicó represión y duros ajustes contra la educación y la salud.
Ese abandono del PT de su programa originario provocó la ruptura de un importante sector de dirigentes y activistas que en 2004 fundaron el PSOL. La nueva organización levantó un programa clasista, antiimperialista e internacionalista. Lamentablemente, por el oportunismo electoralista de su dirección mayoritaria, terminó aliándose nuevamente al PT, sumándose a cargos políticos y ministeriales y abortando un proyecto importante para la clase trabajadora. Ese giro oportunista determinó en 2023 la salida de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), sección de la UIT-CI. Sin embargo, corrientes que se reivindican del trotskismo, como el MES que encabeza Luciana Genro y otras, continúan siendo parte de este frente de colaboración de clases que llevará a una nueva frustración a la clase trabajadora.
Las alianzas del PT sólo le permiten repartir las migas del banquete
Después de cuatro mandatos, interrumpidos por uno de Jair Bolsonaro, Lula y el PT no revirtieron los graves problemas de las y los trabajadores, no enfrentaron al sistema financiero internacional ni provocaron un cambio estructural con la ruptura con la economía capitalista. La Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), denuncia esta situación. “En medio de un escenario de gran injerencia de los Estados Unidos, Lula no responde correctamente. Hace discursos y adopta medidas mínimas, pero no enfrenta a la Casa Blanca, Trump, las Big Techs y los nazisionistas de Israel […] Mientras tanto, mantiene una política económica al servicio de las multinacionales y los empresarios, ataca el salario y disminuye la inversión pública” (Combate Socialista Nº 218).
Las alianzas electorales y los compromisos económicos con sectores de la burguesía le impiden aplicar políticas de impacto popular y lo limitan a repartir las migas del banquete. Lula y el PT hacen concesiones al agronegocio y al sistema financiero y entregan las tierras raras a empresas ligadas al gobierno de Trump. Han implementado profundos ajustes a la educación y la salud. Como en Argentina, el problema del endeudamiento popular es gravísimo y afecta a más de 80 millones de personas adultas. Avanzaron con las privatizaciones y amenazan con una nueva reforma jubilatoria en su próximo mandato. Todo al servicio de mantener un “superávit saludable”, como exige el sistema financiero.
Tierra fértil para la ultraderecha