El kirchnerismo y la burocracia sindical no tienen nada de gracia

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Humoradas 1

Rodeada del impresionante marco militar que brindaba la formación de los 6000 efectivos de gendarmería, con pertrechos de guerra y acompañada por la nueva Ministra de Seguridad, Nilda Garré, la presidenta, prosiguió con un llamado al Poder Judicial para que «actúe» esto es, «que así como las fuerzas de seguridad deben dar precisamente seguridad, la Justicia, tiene que dar justicia, y eso significa castigar a los que delinquen» y superar el debate entre «garantistas o mano dura”.

Clara y específica fue también la presidenta días antes, cuando advirtió, mediante una humorada, a los trabajadores de la industria hidrocarburífica, que acababan de firmar un pacto de paz social con los popes de las petroleras: y “ahora…si me cortan una ruta los mato o los meto presos”. Por supuesto que nadie la tomó en serio. Se trataba de un “chiste” como el que dicen las madres cuando temen que su niño inquieto se ensucie la ropa antes de la fiesta. Sólo los psicólogos más serios, que bien se sabe, son personas mal pensadas, observarían con prudencia una declaración de este tipo, para teorizar de seguido que “detrás de cada broma se expresa un deseo o una intención”.

Días antes de la humorada, Mariano Ferreyra había cortado las vías con el objetivo de protestar contra la explotación de los trabajadores tercerizados, en empresas donde la burocracia sindical funciona como patronal, y recibió un plomo que le quitó la vida; Elsa Rodríguez resultó herida de gravedad en el mismo hecho con una bala insertada en la cabeza y aun lucha por su vida.

Las humoradas por advertencias son también tan argentinas, como el colectivo o el dulce de leche, pasó con la viuda de Perón, “apretaremos cinco tuercas por día” afirmó en el momento de mayor actividad de las bandas de la triple A; pasó con Menem y su decálogo de privatizaciones o cuando afirmó que no quería volver a ver a nuevas madres “dando rondas en la Plaza de Mayo”. Ya antes, había pasado con Alfonsín que había denunciado seriamente “el pacto sindical-represivo” en épocas de la dictadura; para terminar pactando una provocación con las patotas de la SIDE y efectivos de la Comisaría 2°, que reventaron y saquearon la sastrería Modart (ubicada en Perú y Avenida de Mayo) en medio de una represión indiscriminada, con el objetivo de desacreditar una marcha obrera. Esto fue el 9 de septiembre de 1988.

Delito de instigación

Más del 50% del código procesal penal, que se utiliza en la represión del conflicto social, fue elaborado en los largos años de procesos dictatoriales que nos ha tocado vivir a los argentinos. El tercer gobierno de Perón, también colaboró con este código derechista que termina haciendo de la lucha obrera y popular una cuestión de policía. La burguesía demócrata, resguarda estas leyes porque nunca sabe cuando volverá usarlas.

La burguesía, en cualquiera de sus variantes, que decretó no hace mucho la muerte del conflicto social y el comienzo de una nueva era, donde ella es y será hegemónica y la democracia el único régimen de dominación posible; no le saca el ojo al llamado “factor subjetivo de la situación política”, las organizaciones de la clase obrera y el pueblo, (fundamentalmente los partidos obreros que luchan por el socialismo) mientras, por las dudas, le saca brillo al código penal procesista.

Es porque el conflicto social lejos de desaparecer se mantiene como factor histórico en el desarrollo de las sociedades, en su evolución y en sus crisis, que el código penal dictatorial apenas fue modificado. No hay mejor forma de análisis, para entender la relación entre las burguesías y las dictaduras, que la continuidad de las leyes represivas y la de las políticas económicas de despojo a los trabajadores.

Después de esto ¿Quién necesita de las declaraciones de un genocida como Videla, para informarse que la burguesía es militarista cuando lo considera necesario o populista cuando los negocios lo demandan?

Ahora, el gobierno nacional y popular recurre a la figura del cabecilla, “el autor intelectual de un hecho”, lo cual es desde siempre extremadamente peligroso y reaccionario en manos del Estado, porque coloca en el papel de sospechoso de un delito a cualquiera luchador que sea opositor o que proteste en contra de las políticas oficiales, sin necesidad de recurrir a pruebas que avalen la participación de estas personas en un hecho determinado. Por supuesto, que los autores intelectuales de los crímenes de la derecha nunca son alcanzados por esta figura procesal.

Ahí esta Isabel Perón y tantos otros derechistas y fascistas, “intelectuales” de la represión criminal que enluto a las familias y compañeros de los luchadores obreros y populares, que han sido absueltos de culpa y cargo o que soportan varias condenas perpetuas cómodamente en sus casas. Ahí están los Pedraza y los Fernández, que ni siquiera han sido citados por la justicia pese a que todos los caminos, en el asesinato de Mariano y en el atentado homicida de Elsa, conducen a la Unión Ferroviaria.

Frente a los incidentes de Constitución, el Partido Obrero acaba de denunciar que existe una orden contra un dirigente cordobés de esta agrupación, que nunca se movió de Córdoba en los últimos días. Es el más claro ejemplo de persecución política.

Provocadores

Este 23 de diciembre, el kirchnerismo, como Alfonsín en el ´88, ya tuvo su Modart y esto ha abierto un debate que no deja de ser central para la vida política nacional y el futuro de los trabajadores.

El gobierno está empeñado en cerrar pactos sociales con las distintas burocracias de los sindicatos que le permitan transitar tranquilamente el tramo que lleva hasta las elecciones de octubre.

La burocracia no se resiste a pactar, pero pone sus condiciones, aunque, como en el caso de los trabajadores petroleros del sur no sabe si los va a poder cumplir. Una de ellas es la liberación de las patotas que asesinaron a Mariano, porque en caso de seguir la investigación con los criminales en la cárcel, pueden rodar las cabezas de Pedraza y Fernández, contratantes y planificadores de la emboscada que le costó la vida al joven militante del PO.

La liberación de la patota y la mantenimiento del régimen de tercerizadas son dos objetivos centrales en la negociación de los futuros pactos sociales.

En Constitución la burocracia puso un nuevo elemento sobre la mesa. La provocación está montada con el objetivo de que el gobierno nacional equilibre la balanza y coloque a los trabajadores Jorge Hospital y Omar Merino, del PO, como rehenes de una futura negociación.

En realidad, a esta altura, la figura de extorsión debería serle aplicada al gobierno y a la propia burocracia sindical, que no entienden otro juego en el funcionamiento mafioso del poder que el de la toma y daca.

El reclamo por la libertad de Jorge Hospital y Omar Merino, así como el del militante, en huelga de hambre, Roberto Martino del MTR, se unen inexorablemente, al reclamo por la investigación del asesinato de Mariano y al intento de homicidio en contra de Elsa Rodríguez, a los homicidios de los hermanos tobas de Formosa y a los crímenes resueltos por el pacto progre-xenófobo (kirchnerista- macrista) en Soldati.

Los últimos hechos represivos no son una humorada y han puesto sobre el tapete, nuevamente la lucha por las libertades democráticas en la Argentina.

La campaña represiva CFK, Garré y la burocracia sindical, forma parte del plan de operaciones del nuevo ministerio de seguridad y cuenta con el aval de los jueces que, frente al crecimiento de la crisis y de la conflictividad social cerraron por el momento el abstracto debate entre «garantistas o mano dura».

En esta dirección trabaja también la prensa oficialista que realiza extensos artículos para justificar el tratamiento policial del conflicto obrero.

El kirchnerismo ha encontrado su eje, después de tanta ambigüedad entre las palabras y las cosas; ahora se prepara para ir a los hechos, exigiendo el disciplinamiento social.

Humoradas 2

Dice una hipótesis sobre los sangrientos episodios del último Perón:

El viejo líder se cansó de proponer a los jóvenes de la JP para que se sumaran al justicialismo como su ala progresista, abandonando naturalmente el uso de la violencia y aceptando el proceso de pacificación, que vino a reconstruir después de la expulsión de las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanuse, y de exterminio del clasismo obrero.

Perón le pedía a su “juventud maravillosa” que se dejara de joder con los trabajadores –“eso, muchachos, es cosa de lo que ustedes llaman burocracia sindical, que luchó durante 20 años para que los obreros sigan siendo peronistas”- y que se dedicaran a actividades de gestión para encarrilar detrás de las banderas del justicialismo toda la enérgica dinámica social anticapitalista que fundó el Cordobazo.

El general no logró en su momento, que este cambio de jóvenes “imberbes”, pequeños burgueses, católicos y foquistas a funcionarios progres se realizara en su medida y armoniosamente. Y entonces, no hizo más que aceitar la maquinaria represiva criminal de la triple A; que tuvo su continuidad en los grupos de tareas de la dictadura genocida. Con seguridad el viejo general se fue a la tumba pensando “ya van a aprender cuando sean viejitos”. Y, como en otras tantas cosas que tenían que ver con el movimiento, Perón no se equivocó. Los ahora viejos “militantes de las formaciones especiales”, aprendieron.

Aprendieron: que la burocracia ES el movimiento obrero peronista; que la Juventud Sindical es una institución del Estado; que el disciplinamiento social empieza por la persecución política de la izquierda; que el FMI puede invadir las estadísticas del país sin que perdamos la soberanía; que la provocación, la sanata y el chicaneo son actividades lícitas si sirven para el objetivo de conservar la renta. Que el encarcelamiento y el asesinato de luchadores están justificados en nombre del sacrosanto derecho a la propiedad privada. Que pactar con la derecha, no es funcional a la derecha; mientras que cualquier muestra de independencia en el movimiento obrero, si lo es.

“Partido sin obreros”, “Partido obrero duhaldista”, partido “Obrero” –dicen ahora los viejitos chicaneros- pero ¿Quién les cree?

Aníbal Fernández, era funcionario del gobierno de Duhalde cuando en Avellaneda asesinaron a Kosteki y Santillán. Él, fue uno de los que impuso la tesis de que “los piqueteros se mataron entre ellos”. También lo intentó en Soldati, cuando dijo que las balas de la federal salieron de “tumberas”… mañoso y consecuente el hombre.

Lo de el nacional y popular Héctor Timerman es peor. Cuando joven fue responsable de la publicación de un diario aliado a la dictadura videlista, ¿pecado de juventud? No, seguramente herencia familiar de negocios. ¿Que sabe Timerman de un partido sin obreros? si lo mas cerca que tuvo un obrero fue como patrón y mientras miraba de reojo que por las dudas no se colara ningún activista sospechoso de subversión en la redacción de “La Tarde”

Horacio Verbitsky ¿cuando pasó por una fábrica? En una editorial repugnante, ya suficientemente respondida por los compañeros del Partido Obrero, justificó la represión al “partido sin obreros” y para llenar de contenido a su argumento menciona a Mariano Ferreyra, estudiante y obrero tornero en la realidad, simplemente como estudiante, y a Elsa Rodríguez como una “trabajadora informal” –le faltó, para completarla, acusarla de uruguaya-.

Nilda Garré, la flamante ministra de seguridad, se limitó en su conferencia de prensa a comentar como una vecina más lo que la televisión mostraba sobre los hechos de Constitución, sin mostrar una sola prueba que incrimine a los presos políticos del PO.

La lucha por las libertades democráticas en un país como el nuestro no se hacen con humoradas, advertencias disfrazadas de lapsus o chicanas de renegados.