La crisis política sin repercusión social

Como con la Resolución 125 por las retenciones móviles, la iniciativa del gobierno de garantizar el pago de la deuda externa creando un fondo especial con una parte de las reservas por medio de un DNU, desató un nuevo conflicto político.

La primera fase de este conflicto, el llamado «culebrón Redrado», terminó cuando el otrora «golden boy» fue despedido del BCRA. De inmediato comenzó una segunda fase alrededor de la designación de Marcó del Pont como su sucesora, la anulación del DNU original y la sanción de uno nuevo, especificando la aplicación de los fondos, que ahora está en discusión.

La transición entre una y otra fase no ha sido gratuita: declaraciones elevando cada vez más la apuesta de uno y otro lado; la estrategia de la oposición de derecha de judicializar la política -insólitamente acompañada por parte de la centroizquierda- tuvo una contrapartida simétrica del oficialismo; en el Congreso senadores y diputados disputan ferozmente la composición de las comisiones y los votos para habilitar o no el tratamiento; la Suprema Corte observa a la Presidenta para que tenga «mesura» al referirse a los jueces y ésta lo considera un intento de «censura». Mientras la Conferencia Episcopal no podía quedarse afuera, convocó a «superar el clima de confrontación permanente».

Conflicto de poderes

A esta situación la oposición de derecha y la gran mayoría del complejo mediático llaman «crisis institucional» dando idea que se está al borde del abismo o, como dijera algún periodista radial, bailando en el Titanic. Sin embargo crisis institucional hubo en el 2001. No había gobierno, el Congreso cerró sus puertas y sus miembros, con la excepción de Luis Zamora, eran repudiados donde estuvieran; multitudes se agolpaban en las escalinatas de tribunales repudiando a la Corte. Los trabajadores ocupaban fábricas e impugnaban la sacrosanta propiedad privada y en las calles y en las plazas cientos y miles de ciudadanos cortaban la circulación y debatían sobre los grandes problemas nacionales, pasando por arriba de las instituciones y de la propia Constitución Nacional.

En la crisis actual no pasa nada de esto. Los poderes que garantizan la gobernabilidad están funcionando, aunque, como explica el senador Pichetto en un reciente artículo en el diario La Nación (15.03.10), «luego de las elecciones del 28 de junio se ha traducido institucionalmente en lo que definimos más arriba como un gobierno dividido». Define así la situación que se plantea cuando un gobierno no tiene mayoría en el parlamento.

En rigor la crisis actual ha tomado la forma de un «conflicto de poderes», propio de esta etapa del capital a nivel mundial en que los poderes ejecutivos tienden a primar por sobre los legislativos y judiciales. Es una expresión más de la crisis que arrastra la democracia burguesa, cuyas instituciones van perdiendo funcionalidad en relación a las necesidades de la acumulación del capital. Esto explica por qué en el artículo mencionado el jefe de la bancada oficialista en el Senado argumenta porqué es necesario «limitar la división de poderes».

Lo que no se discute

A primera vista el conflicto se ubica en el plano económico, no es otra cosa que una disputa respecto de con qué recursos se paga la deuda, porque en pagarla no hay discrepancia alguna entre las fracciones en pugna, con la excepción de la centroizquierda. Puede legítimamente pensarse que subyace otro debate entre neoliberales, partidarios de bajar el gasto público y por lo tanto del ajuste fiscal y el neodesarrollismo que encarna el gobierno, partidario del impulso sostenido al consumo y la expansión del mercado interno. No mucho más.

Ahora, estos debates existen -y, como con las retenciones, no da lo mismo cómo se resuelvan- sin embargo son la superficie de la cuestión, y por eso no alcanzan para explicar tamaña crisis. Incluso el volumen de fondos en juego, poco más de cuatro mil millones de dólares, no guarda proporción con la magnitud de la confrontación. Por si fuera poco, la situación económica sigue un curso favorable manteniendo los pronósticos de crecimiento, del tres al seis por ciento para este año, y las representaciones empresarias -UIA, Mesa de Enlace, Adeba, cámaras de Comercio y Construcción- más allá de sus intereses corporativos no dan grandes señales de descontento, pero sí envían mensajes en el sentido de que hay que terminar este sainete y garantizar la gobernabilidad a futuro.

La disputa que se mostró en el conflicto por las retenciones móviles entre dos bloques del capital no se expresa en esta coyuntura, por el contrario la confrontación es política de cara a las elecciones del 2011, y sus orígenes se encuentran en las derivaciones y tensiones que permanecen desde el conflicto con el campo. Sin embargo, a diferencia de aquélla no sólo no hay aquí ningún elemento progresivo sino que se trata de una crisis en las alturas, de las burocracias políticas, a la que la ciudadanía asiste sin involucrarse, sin entender ni interesarse demasiado.

¿Acción destituyente?

Los resultados electorales del 28 de junio pasado envalentonaron a la oposición de derecha que se arropa con un manto republicano mientras responde con una agresividad creciente a las iniciativas gubernamentales intentando, sin suerte, reeditar el conflicto por la resolución 125. El oficialismo ve en esto una actitud «destituyente», cuando no decididamente golpista.

Sin embargo los objetivos de la derecha parecen ser otros, esencialmente borrar todo rastro del 2001. Por un lado: volver a los ’90 en materia económica; eliminar toda decisión o política que involucre logros sociales o avances democráticos -ley de medios, nacionalización de las AFJP, juicios por violaciones a los DDHH- y limitar la política internacional de relaciones con gobiernos que, en el proceso de reformas sociales, avanzan en rupturas parciales con el imperialismo -Venezuela, Ecuador, Bolivia-. Por el otro: desgastar al gobierno y que llegue rengueando al 2011.

Una política propia

Si algo destaca en esta crisis es que no aparece con claridad una política independiente. Parte de la centroizquierda se muestra como un intento de romper con el bipartidismo, pero en su accionar antigubernamental terminan más de una vez asociados a la derecha, mientras que en las últimas semanas impulsando, acertadamente, la investigación de la deuda, han formulado la necesidad de una auditoría con el agregado que mientras ésta se realiza se consignen los pagos en el Banco de Basilea. Una concesión incomprensible, como no sea prenda de futuras alianzas electorales.

No parece que haya espacios para una acción destituyente, menos aún para un golpe, aunque en la debilidad político-institucional existente nada debiera descartarse. Los trabajadores y los sectores populares deben tener en cuenta esta situación. Es imperioso salir al cruce de la derecha y el imperialismo, tanto como no avalar el pago de la deuda externa, con los recursos que fueran, ni que se vuelva a un nuevo ciclo de endeudamiento. Al mismo tiempo poner el eje en las necesidades sociales insatisfechas, en que el país puede autofinanciarse con el ahorro interno a condición de que se ponga un freno definitivo a la fuga de capitales y se condicione a los bancos y en paralelo que se imponga una reforma tributaria progresiva y promover un replanteo del presupuesto nacional para el año en curso.

Es la oportunidad para desenvolver una campaña nacional respecto de la deuda, desenmascarar su carácter fraudulento e ilegítimo, impulsar su investigación y suspensión unilateral de los pagos hasta tanto se tengan los resultados, luego se verá qué es lo que hay que pagar.