Hay que reestatizar el gas y el petróleo
La crisis energética es el producto más palpable de la continuidad entre las políticas menemistas y actuales. De las privatizaciones del petróleo y el gas de los primeros años 90, no modificadas ni un centímetro, peor aún, fueron profundizadas por el kirchnerismo.
Resulta urgente y fundamental planificar una nueva matriz energética. Que empiece priorizando las necesidades populares: todo el país debe tener acceso, sin dificultades, a los medios necesarios para calefaccionarse y cocinar. Es necesario entonces empezar por extender y universalizar el tendido de la red de gas natural a todo el territorio argentino, en particular al Noreste argentino y a las grandes barriadas populares que rodean a las grandes ciudades del país, hoy desconectados.
Habrá que discutir también cómo se hace para no desperdiciar recursos no renovables. Hoy el 50% de nuestra energía proviene del gas y el 40% del petróleo. Se queman para obtener electricidad eléctrica que podríamos conseguir por vía hidroeléctrica (si se hicieran nuevas inversiones en el área) o atómica, si se terminara Atucha II. O incluso con nuevas obras que permitirían utilizar e incluir en nuestra oferta energética nacional fuentes alternativas, como la solar o la eólica.
Hay que debatir y planificar qué hacer con nuestras riquezas en gas y petróleo, cómo aplicarlas a un verdadero proyecto de desarrollo al servicio de las necesidades populares. Pero, antes que eso, debemos recuperarlas. De ahí que el primer paso sea reestatizar todo el complejo gasífero-petrolero. Terminar con los negociados de YPF-Repsol, Panamerican y las transportadoras y distribuidoras. Se impone la conformación de una gran empresa estatal de energía, que rearticule y se de una política de utilización de nuestro gas y petróleo. Y, para evitar que, -como pasó en otras épocas o pasa hoy con Enarsa-, esa empresa estatal sea “colonizada” por los grandes pulpos (locales o transnacionales), o quede sumida en la corrupción, es necesario que sea administrada por sus propios trabajadores y profesionales, incluyendo la gran capacidad técnica desperdiciada de miles de ypefianos que fueron despedidos con la privatización.
Una vez obtenida esta base indispensable, habrá que planificar, incluyéndolo en un plan más global, las obras públicas necesarias para ampliar nuestra infraestructura energética, agrandando las centrales hidroeléctricas, terminando las nucleares y desarrollando nuevas fuentes, cosa perfectamente factible de financiar si se le dedica apenas una parte de las millonadas que hoy se pagan de deuda externa.
Y, mientras se realiza este programa imprescindible de ampliación de la oferta energética, debe quedar en claro donde están las prioridades. No debe haber excusas: la prioridad es el consumo de los trabajadores, desocupados y jubilajubilados a tarifas populares. Y, mientras no sea universalizada la red de gas natural, es una exigencia básica que las empresas deben cumplir prioritariamente con la existencia de garrafas a los precios establecidos en todos los puntos donde se requiera o ser castigadas con la ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar e incluso expropiar a los transgresores.
J.C.
El socialista 28/07/10