Hace 12 días que se ha cumplido en octavo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
En todo este tiempo, las autoridades han interpuesto al menos 250.300 sanciones basadas en artículos que afectan al derecho a la protesta pacífica y han multado a una decena de organizaciones sociales que no representan ningún peligro para la seguridad ciudadana.
Las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Irídia, Novact, Defender en Quien Defiende, Comisión Legal Sol, Rights International Spain y la plataforma No Somos Delito, solicitan a los partidos políticos que atiendan de forma urgente las recientes recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que subrayó como la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal siguen teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensoras de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía.
Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica, como indica la Comisión de Venencia del Consejo de Europa, o que queden impunes las actuaciones ilegales de agentes de las fuerzas de seguridad que se exceden en sus funciones. También deberían rechazar que la manifestación espontánea pueda ser objeto de sanción, o que las identificaciones y registros de manifestantes sean arbitrarias o que el uso de la fuerza por parte de la policía sea excesivo y no proporcional a la amenaza.