Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en 2015, al menos diez organizaciones han sido multadas por reclamar pacíficamente sus derechos o denunciar vulneraciones de derechos de terceros; entre ellas, Greenpeace, Irídia y Amnistía Internacional. Ninguna de estas organizaciones supone una amenaza para la seguridad ciudadana y, por el contrario, han sido sancionadas económicamente como consecuencia de su actividad cotidiana, centrada en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Además, también han sido sancionadas más de 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial.
Este escenario muestra el estado precario del derecha a la protesta en España, por lo que los partidos políticos deberían comprometerse a reformar la Ley Mordaza, los artículos más lesivos del Código Penal y prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, en los primeros seis meses de legislatura; puesto que éstos son algunos de los factores que más inciden en el ejercicio de derechos humanos como el derecho de reunión y la libertad de expresión.
Asimismo, en la práctica continúa la discriminación y la indefensión de colectivos vulnerables, como personas refugiadas y migrantes, por culpa de las identificaciones por perfil racial y étnico.
La modificación de la Ley Mordaza no puede demorarse más
Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, las organizaciones reclaman a todos los partidos políticos la protección del derecho a la protesta como parte central en sus programas electorales. “Es necesario que hagan realidad el compromiso asumido por escrito ante la sociedad civil en febrero de 2015 y acaben el trabajo que hacen empezar en la última legislatura. Los partidos estuvieron cerca de aprobar una reforma, pero, finalmente, el bloque que sostenía la legislatura y era partidario de la modificación no logró un acuerdo y esta ley sigue en vigor”, aseguramos desde las organizaciones .
“ Avanzar en derechos no es una cuestión partidista ni ideológica: afecta a todas las personas, en su día a día; al respecto de sus opiniones, cualesquiera que sean; y al ejercicio de su propia libertad de manifestarse”.
Las discrepancias entre los partidos favorables a la reforma (PSOE, PNV, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Junts) se centraron en tres artículos y una disposición adicional. En concreto, los referidos al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de material antidisturbios y, en particular, de las pelotas de goma (artículo 23); lo que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); lo que sanciona “la desobediencia o resistencia a la autoridad oa sus agentes” (artículo 36.6), y la disposición adicional que avala los rechazos, conocidos como “devoluciones en caliente”, de migrantes en las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla.
“Una vez más, recordemos que las autoridades deben garantizar, por encima de todo, los derechos de las personas que alzan la voz, expresan sus desacuerdos con políticas gubernamentales y defienden sus derechos reuniéndose de manera pacífica, sin miedo a verse afectadas por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad o a ser criminalizadas”.
Código penal y pelotas de goma
Por otra parte, los delitos del Código Penal que afecte a la derecha a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos, recientemente modificado, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que pueda sancionarse la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.
Las organizaciones recuerdan que en España los balones de goma deberían estar prohibidos, por ser intrínsecamente imprecisos e indiscriminados en su trayectoria, por la falta de trazabilidad que impide conocer qué agente dispara y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que el su uso comporta. Este tipo de proyectiles no han sido diseñados como herramientas de control de masas y, por eso, nunca deberían emplearse para dispersar a quienes se manifiestan de forma pacífica. Cabe apuntar que utilizarse con el propósito de castigar puede llegar a constituir un acto de tortura.
En las últimas dos décadas el uso de proyectiles de energía cinética, como pelotas de goma, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha registrado la muerte de una persona, Iñigo Cabacas, y 24 han sufrido lesiones graves, muchas de ellas ellas oculares. Asimismo, el uso de estos proyectiles ha podido contribuir a la muerte de decenas de personas más en las tragedias del Tarajal (2014) y Melilla (2022).