En este sentido, Torremare indicó: “En el juicio se ventilaron casos de trabajadores de fábricas grandes de la zona que habían sido perseguidos, señalados y entregados por las propias patronales ante la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la época, intervenido por el Ejército. En este sentido, hay que destacar el valor documental de fichas y registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que fueron aportados por la CPM para este juicio y que muestran que la inteligencia ilegal y persecución de los trabajadores fue anterior a sus secuestros y que no se trataron de casos de delitos comunes, por fuera del plan sistemático del terrorismo de estado”.
Se trata de un grupo de 15 trabajadores que además de padecer los tormentos, la tortura, la privación ilegal de la libertad y otros delitos, padecieron luego el destierro de sus ciudades y pueblos porque no conseguían trabajo. Sobre este grupo de víctimas abordadas en el juicio, entonces, también resultaron absueltos los imputados.
Petra Marzocca agregó, respecto a los trabajadores cuyos casos integraron esta causa, que desde la Mesa del juicio La Huerta -que integran organismos, referentes de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes de Tandil- se contactaron con ellos al poco tiempo de iniciada la investigación penal y les propusieron integrar sus casos con el resto con el objeto de evitar el fraccionamiento de las causas y mostrar la interrelación y la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona centro de la provincia.
“En los primeros encuentros nos contaron que las patronales los perseguían y marcaban por reclamos tan básicos como elementos de protección de las manos y pies. Por eso, cuando escuchamos las absoluciones realmente nos sorprendió e indignó muchísimo, pero esperaremos a tener los fundamentos y encontrarnos las querellas para evaluar cómo seguimos ante Casación Federal”, concluyó Marzocca.
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Andar 03/11/25