De agosto a octubre de 1974 el gobierno, a través de José López Rega y la Triple A, se lanza a poner remedio a la extensa e incesante movilización de base convirtiendo la violencia en el método privilegiado para enfrentar la oposición sindical. En total unos 200 activistas gremiales y partidarios fueron asesinados por la Triple A y los comandos civiles fascistas antes de setiembre. Sin embargo, esta violencia no puede considerarse una respuesta a la guerrilla. La gran mayoría de los ataques fueron dirigidos contra quienes intentaban desarrollar políticamente a la izquierda mediante el aprovechamiento de métodos legales o defendían los derechos democráticos existentes.
Paralelamente, el Parlamento puso en manos del Ministerio de Trabajo, a través de la Ley de Seguridad, facultades casi irrestrictas para la represión de las huelgas y combatir al sindicalismo clasista estipulando penas de prisión de uno a tres años para los líderes de las huelgas declaradas ilegales.
Luego de dos meses de conflicto en Ika-Renault, René Salamanca es expulsado del sindicato y la Seccional Córdoba del Smata intervenida. Sin embargo, el movimiento de delegados seguía siendo fuerte en el lugar de producción y el 6 de noviembre, los trabajadores del Smata cordobés abandonaron sus tareas para exigir el retiro de las autoridades nacionales del sindicato y el retorno de los dirigentes locales.
A comienzos de octubre la policía ocupó los locales del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba y ordenó la captura de sus dirigentes.
En diciembre, el sindicato de los trabajadores azucareros de Tucumán (Fotia), también va a ser intervenido a raíz de una huelga.
Hacia fines de año el ambiente laboral estaba relativamente pacificado. Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975, las huelgas cayeron en el nivel más bajo del gobierno justicialista. El ausentismo, calculado en un 20 % de la fuerza laboral, se convirtió entonces en la expresión del descontento obrero.
El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del 1° de marzo para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo.
Ese mes se produce un nuevo movimiento en Villa Constitución por aumento de salarios y el control de los ritmos de producción, también en protesta por negarse a reconocer la victoria de la lista opositora electa a fines de 1974. Son encarcelados más de 40 activistas gremiales y el comité ejecutivo electo. Se produce entonces una protesta popular que terminó dos meses después.
El 31 de mayo renuncia el titular del Ministerio de Economía, Gómez Morales, y es reemplazado por Celestino Rodrigo. El plan económico implementado resultó en un descalabro total. El costo de vida aumentó un 21% en junio y 35% en julio. El país fue escenario de una serie de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que lo paralizan cerca de un mes.
En julio la CGT, en un intento por recuperar el control de la situación, convocó a un paro de 48 horas. Desbordada por la movilización obrera que exigía la renuncia de Rodrigo y López Rega, la CGT abandonó a su principal aliado en la represión al activismo sindical. En pocos días la exigencia de ratificación de los aumentos salariales que había reunido una multitud en apoyo al gobierno peronista, se transformó por primera vez en una movilización política en su contra.
El remedio golpista
A pesar del triunfo que significó el alejamiento de los dos ministros cuestionados, los conflictos laborales no disminuyeron su intensidad ampliando su alcance a sectores de las clases medias. Los médicos de los hospitales y los empleados judiciales se sumaron a la protesta obrera.
En las fábricas y barrios empiezan a surgir “comisiones coordinadoras” para organizar la actividad entre obreros de distintas industrias en una zona determinada.
A principios de junio, activistas de la Fiat y del Smata de Córdoba habían constituido el más importante de estos comités de resistencia, La Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, especie de CGT paralela local que unía a los sindicatos disidentes y dirigió las huelgas en la segunda mitad de 1975 por mejoras salariales y para exigir la liberación de la cárcel de la directiva del Smata cordobés y la anulación de la orden de detención de su secretario general. Fue el año de mayor cantidad de paros en el complejo Ika-Renault entre 1966-76 y obligó a la empresa a ignorar a los interventores del sindicato y tratar directamente con los comités de fábrica.
Las referencias del gobierno a la “subversión industrial” y a la “guerrilla industrial” -término acuñado por el titular de la UCR, Ricardo Balbín- eran frecuentes, así como la prohibición de huelgas. Es significativo que la primera acción “antisubversiva” de importancia, en noviembre, cuando el Ejército tomó en sus manos el control total de la “anti insurgencia”, se dirigiera contra los mineros de Sierra Grande que llevaban 44 días de ocupación por aumento de salarios y el derecho a elegir sus representantes sindicales.
Aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del 76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el complejo de Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del Conurbano bonaerense.
En las primeras semanas de marzo una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por un nuevo ministro de Economía, Mondelli, comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reeditando la situación que dio origen al Rodrigazo.
Empresarios y militares deciden entonces atacar frontalmente al poder del trabajo que no pudo ser destruido en los conflictos industriales ni por el peronismo en el gobierno.
El 24 de marzo, con el concurso de los poderes represivos del Estado, se iniciaba una nueva etapa: la domesticación del poder del trabajo a sangre y fuego.
Conclusión
La etapa abierta por el Cordobazo como presencia del poder del trabajo que amenazaba las bases de dominación de la burguesía, no fue cerrada por el gobierno peronista instalado en 1973, ni siquiera durante el mandato de Juan Domingo Perón, pese a su indiscutible ascendiente sobre los trabajadores y sectores populares. Fue precisamente esa incapacidad del peronismo la que obligó a los militares a entrar en escena desarrollando paralelamente un plan estratégico en el terreno económico y social que perseguía el objetivo de replantear las bases de dominación de la burguesía superando lo que Juan Carlos Portantiero (1972) denominara “el empate histórico”.
Si bien en el período analizado (1969-76) hay momentos en que la burguesía coyunturalmente retoma la iniciativa política institucional, no tiene éxito en detener la crisis abierta por la movilización obrera y popular en las unidades productivas.
En este sentido seguimos a John Holloway cuando señala que, a nivel mundial, a fines de los ‘60 y principios del ‘70 el patrón de dominación y producción comenzó a sacudirse por la pérdida de autoridad dentro de las fábricas que es la base del desarrollo capitalista (Bonefeld/Holloway, 1992).
Esta crisis sólo puede ser resuelta a través de la lucha, del restablecimiento de la autoridad, del derecho a dirigir, y de la búsqueda de nuevos patrones de dominación. La crisis era sobre todo una crisis en la relación de dominación: se habían roto los patrones establecidos de control sobre el trabajo. Era una crisis de dominación empresarial pero también de los sindicatos, porque la estructura sindical se basaba en el mantenimiento de cierto tipo de equilibrio entre el capital y el trabajo. La crisis fue un estallido de lucha abierta entre capital y trabajo. El capital no podía permitir que eso continuara: tenía que restablecer su derecho al mando, su derecho a determinar qué es posible y qué no lo es (La Rosa Roja de Nissan).
El rol central que ocupan los sindicalistas peronistas, particularmente el predominio que van a alcanzar la UOM y su líder Lorenzo Miguel en el gobierno a partir del Rodrigazo, es consecuencia directa del creciente poder de la movilización obrera y la apuesta para mantener la paz social y controlar al movimiento obrero a cambio de una mayor participación de los sindicatos en la administración del Estado.
Pero esta solución significaba para la patronal más concesiones económicas, al tiempo que no lograba reafirmar la autoridad de gerentes y empresarios en las plantas para establecer una nueva base de acumulación frente a la crisis económica y la pérdida de rentabilidad.
Paralelamente se desarrollará otro fenómeno incipiente pero más preocupante para los sectores dominantes del capital.
La apertura política hacia el peronismo y su líder luego de 17 años de proscripción y su posterior presencia en el poder introdujo un quiebre entre las luchas de fábrica y las luchas contra la política del Estado que fue característico del período que va del Cordobazo hasta comienzos del ‘72. A partir de ese momento, los conflictos se desarticularon entre estos dos planos -sindical y político- bloqueando la unidad de la movilización obrera. Esta situación comienza a modificarse a partir del Rodrigazo.
A partir de las movilizaciones de junio/julio del ‘75 esta situación cambió y aumentaron los conflictos fabriles en repudio a la violencia y la persecución política. El propio Rodrigazo que había comenzado como un gran movimiento reivindicativo por cuenta de las Comisiones Internas y los Cuerpos de Delegados fue superando los límites puramente gremiales y pasó a cuestionar abiertamente al gobierno peronista.
El golpe de Estado vino a poner remedio a esta situación de movilización ininterrumpida de los trabajadores a lo largo de siete años. Donde habían fracasado la Revolución Argentina, el Gran Acuerdo Nacional, el peronismo en su versión de izquierda (Cámpora), el Pacto Social, Perón, la derecha peronista con Isabel y López Rega y los sindicalistas en el gobierno, el golpe triunfó.
Pero el golpe no fue sólo eso. También fue dirigido a abortar la posibilidad de que el amplio y masivo movimiento que se expresaba en las fábricas y movilizaciones, y había desplazado del gobierno al ala más reaccionaria del peronismo, se orientara hacia una salida política independiente. De esta manera congeló la crisis del peronismo, abriendo el camino para su recuperación política en las décadas siguientes, y fundamentalmente liquidó físicamente y en la conciencia de los trabajadores y sectores populares la posibilidad histórica de que las masas peronistas confluyeron con una dirección auténticamente revolucionaria.
Fuente: argentina.indymedia.org/2026/03/19/a-50-anos-del-golpe-civico-militar-y-eclesiastico/
www.anred.org/a-50-anos-del-golpe-civico-militar-y-eclesiastico/
ANRED 20/03/26