En un contexto de creciente alineamiento con Israel y Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de deportar a una docente iraní Leila Mohammadi casada con un argentino. El hecho ocurrió el mismo día de la detención del activista brasileño parte de la flotilla global por Gaza, Thiago Ávila. Hoy el gobierno anunció la expulsión del embajador de Irán. Por ANRed.
Ese martes por la noche, Leila Mohammadi, de 45 años, arquitecta, doctora en comunicación y docente universitaria, fue detenida al ingresar al país junto a su marido, también académico. Ambos residen en Chile desde hace dos años y viajaban con fines familiares. Sin embargo, fue interceptada por personal migratorio, esposada y retenida durante 12 horas.
Según denuncias, fue hostigada, privada del sueño y nunca recibió explicaciones sobre su situación. A la mañana siguiente fue liberada, pero inmediatamente deportada a Santiago de Chile.
Ese mismo día, también en Aeroparque, fue detenido el activista brasileño Thiago Ávila, coordinador de Global Sumud. Había llegado desde Montevideo junto a su familia para continuar una gira internacional vinculada a la organización de una flotilla humanitaria con destino a Gaza, cuyo objetivo es denunciar el bloqueo israelí.
Las autoridades señalaron que su detención respondió a una “alerta”, aunque no brindaron detalles. Desde la organización de la flotilla denunciaron que se trató de una decisión política “emanada de las más altas esferas del gobierno”, en el marco de una política de criminalización de la militancia internacionalista. Ávila fue incomunicado y separado de su familia, y se preveía su deportación. Dirigentes como Myriam Bregman, Romina del Plá, Celeste Fierro y Juan Grabois repudiaron el hecho y exigieron su liberación.
Un giro cada vez más restrictivo
Los episodios no aparecen como hechos aislados. Se inscriben en una política migratoria que el gobierno viene profundizando desde comienzos de año, con operativos en el conurbano bonaerense, controles masivos y anuncios de expulsión para personas en situación irregular.
A esto se suma el avance en la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria ,comparada por distintos sectores con un “ICE argentino”, que buscará reforzar los controles y acelerar deportaciones.
La reciente decisión de Cancillería anunciada hoy se inscribe en esa misma línea: una política exterior y migratoria cada vez más alineada con los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel, y orientada a restringir el ingreso y la circulación de determinadas personas, en particular aquellas vinculadas a espacios de militancia, solidaridad internacional o países considerados “sensibles”.
Hoy, La Cacillería declaró «persona no grata y expulso al embajador iraní del país. La decisión fue oficializada mediante un comunicado de Cancillería, donde se informa que el diplomático deberá abandonar el territorio argentino en un plazo de 48 horas.