El gobierno intenta convencer, increíblemente, de que los datos económicos son optimistas. Incluso hace propaganda de que bajó la pobreza en el tercer trimestre del año pasado. Pero la realidad la comprueba cualquier trabajador o trabajadora yendo al supermercado: todo sube, y mucho, principalmente los alimentos y otros bienes de la canasta familiar. El propio gobierno peronista de Alberto Fernández ya no puede disimularlo, y no le queda otra cosa que reconocer que la inflación de marzo “va a volver a dar mal”, con números terroríficos cercanos al 6%. La burocracia sindical de la CGT y las CTA, por su parte, se dedica a reuniones del consejo económico y social, donde garantizan acuerdos salariales a la baja, a cambio de promesas empresarias de “no incrementar los precios”, que obviamente nunca se cumplen.
Esta es la realidad. Con salarios, jubilaciones y montos de los planes sociales totalmente pulverizados. Con una cada vez mayor porción de la clase trabajadora que ya no puede sobrevivir ni con changas. Por eso son cada vez más grandes las protestas de las organizaciones de desocupados combativos, que reciben como respuesta que no hay más planes, que estos se encuentran congelados. El por qué es muy simple: el gobierno tiene que cumplir con el ajuste exigido por el FMI.
