Persecución judicial, criminalización, detenciones arbitrarias y represiones. Son algunos de los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo interpeló al Estado argentino y estableció que el gobierno de Catamarca no emita nuevas autorizaciones en el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El rol clave de la Asamblea El Algarrobo. Por Ana Chayle, desde Andalgalá (Catamarca), para Agencia Tierra Viva.
El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puso en la mira internacional al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.
La demanda internacional se enmarca en un reclamo que cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Vigilancia, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones son algunos de los hechos denunciados que, junto con la negación de justicia, determinaron la presentación de los vecinos ante el organismo interamericano.
Implicancias del avance judicial
El requerimiento de la CIDH al Estado argentino implica que el gobierno de Catamarca “no puede autorizar nuevos trabajos en el yacimiento minero Agua Rica”, afirma Mariana Katz, representante legal de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda internacional. En diálogo con Tierra Viva, la abogada explica que “técnicamente, la provincia de Catamarca pierde la potestad o la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que pase con el yacimiento Agua Rica, porque al haber una demanda internacional cualquier acción que realice la provincia de Catamarca va a tener una repercusión directa en el reclamo internacional y, por lo tanto, las acciones que realice la provincia van a recaer en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Además, la internacionalización de la causa supone un cambio sustancial de los actores del pleito. Debido a esto, los vecinos de Andalgalá ya no litigarán con el Estado provincial sino con el Estado argentino, a través de Cancillería de la Nación. Katz explica que, al haber adoptado el país el sistema federal, “cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece”. Por esto, “el sujeto que tiene que dar respuestas a la demanda internacional es el Estado argentino”, refiere.
La CIDH, creada en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Junto con otros tratados internacionales, esta declaración tiene raigambre constitucional en Argentina, por lo cual el Estado está obligado a cumplir con sus disposiciones.
