Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional
23/7/2026. El jueves 16 de julio, en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C., se llevó a cabo la “Cumbre anti izquierda” que reunió a representantes de gobiernos y organizaciones políticas de 66 países. El objetivo, según los convocantes, es establecer una cooperación internacional de inteligencia, la coordinación entre policías y acciones dirigidas a cortar el financiamiento de las organizaciones de izquierda que el gobierno de EEUU considere involucradas en actividades terroristas.
Al frente de la convocatoria, y dirigiendo la cumbre, se encontraban altos funcionarios del gobierno de EEUU, partiendo por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto a Stephen Miller (principal asesor de Trump), y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros, demostrando la gran importancia que Trump dio a este encuentro.
Entre los asistentes había representantes de ministerios de relaciones exteriores, embajadores, y funcionarios de alto nivel operativo y técnico. Representaban a países de Europa, Asia y América. Israel fue el único país de Medio Oriente presente. Entre estos países estaban España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Chile o Uruguay, entre otros.
Los objetivos delineados por el gobierno estadounidense
Esta cumbre, antecedida por la declaración de Antifa (forma genérica de referenciar el antifascismo) como “organización terrorista” en septiembre de 2025, se inscribe en una política represiva de Trump, quien recientemente firmó la orden ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, una disposición de emergencia que apunta contra la izquierda y el movimiento anarquista, con el objetivo de autorizar el uso de recursos del Estado yanqui para el combate contra organizaciones de izquierda a las que declara como terroristas.
En los últimos meses, Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos: Antifa Ost, Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, Armed Proletarian Justice y Revolutionary Class Self-Defense. La inclusión de estas en las listas FTO (Organización Terrorista Extranjera) y SDGT (Terrorista Global Especialmente Designado) activa un protocolo de persecución global que implica bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y denegación de visados.
Trump avanzó en esta línea dentro de EEUU, cuando a propósito del asesinato de Charlie Kirk, anunció la criminalización del antifascismo en su propia red Truth Social: “Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a Antifa, un desastre enfermo, peligroso y de izquierda radical, como una gran organización terrorista”.
El principal orador de la cumbre, Marco Rubio, declaró: “Pueden llamarse anti capitalistas o anti imperialistas, comunistas, o anarquistas, o marxistas, pero el carácter fundamental es siempre el mismo”. Por su parte, Stephen Miller, el ultraderechista asesor de Trump tras la criminal política anti inmigrantes, habló de la necesidad de combatir el “cáncer mortal de la civilización” y de que “el mayor riesgo que tenemos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y demasiado cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal”.
Adicionalmente, el 20 de julio, el Departamento de Estado emitió un informe titulado “Cuba: La capital del comunismo en el siglo XXI”, en el que presenta al gobierno cubano como promotor de la “subversión” izquierdista en Estados Unidos y elabora listas de activistas de solidaridad con Palestina, defensores de derechos humanos y activistas de izquierda como supuestos agentes del régimen cubano, apuntando a su criminalización y a crear condiciones políticas para una agresión militar contra Cuba similar a la de enero de este año contra Venezuela.
Macartismo 2.0 para criminalizar la resistencia contra Trump y la ultraderecha
