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La represión de Bullrich a comunidades mapuche tenía sentido: extranjerizar la tierra

La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala vuelve a colocar en el centro del debate el papel de Patricia Bullrich en la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Principal impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche, Bullrich es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que elimina límites a la extranjerización de la tierra, y fortalece los mecanismos de desalojo. La paradoja es evidente: mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país. Durante años, buena parte de la prensa hegemónica presentó los conflictos territoriales mapuche como simples hechos de violencia o «usurpaciones», ocultando el trasfondo de una disputa por la defensa del territorio frente al avance de intereses extractivos, inmobiliarios y de capitales privados. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política y en definitiva en la entrega territorial para el extractivismo. Por ANRed

Bullrich es la titular del bloque libertario en el Senado, y tiene un papel central en la negociación para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras el primer transpié, la ministra tomó la tarea política de negociar con sectores dialoguistas y con representantes de las provincias. El objetivo del gobierno apunta a llegar al 6 de agosto con un texto consensuado y los acuerdos políticos para lograr luz verde en el senado.

Muchos ahora pueden entender el encono de Bullrich contra comunidades mapuche que recuperaban territorio en manos de empresarios o en los ojos del extractivismo. Desde el inicio de su gestión como ministra de Seguridad en 2015, Patricia Bullrich construyó un discurso que presentó a sectores del pueblo mapuche como una amenaza para la soberanía nacional y el orden público. Ese enfoque tuvo uno de sus momentos más críticos en enero y agosto de 2017, cuando la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, fue escenario de sucesivos operativos represivos de Gendarmería. Tras esos hechos, Bullrich sostuvo públicamente que el Gobierno no permitiría «una república mapuche en el medio de la Argentina», una frase que se convirtió en el eje de una narrativa oficial que vinculó los reclamos territoriales de comunidades originarias con supuestos proyectos separatistas y organizaciones violentas.

El 1 de agosto de 2017, durante un operativo de Gendarmería para desalojar un corte sobre la Ruta Nacional 40, en apoyo al reclamo territorial de la Lof Cushamen, desapareció Santiago Maldonado, que mantenís su presencia en solidaridad con la comunidad. Durante los 78 días en que se desconoció su paradero, Bullrich defendió de manera reiterada el accionar de la fuerza federal, afirmó que no existían indicios de que Gendarmería hubiera detenido al joven, cuestionó testimonios de integrantes de la comunidad y rechazó la hipótesis de desaparición forzada. Incluso en su exposición ante el Senado aseguró que no estaba dispuesta a «tirar un gendarme por la ventana», en una férrea defensa institucional de la fuerza bajo su mando.

Diversos organismos de derechos humanos, referentes académicos y organizaciones indígenas interpretaron que esa estrategia política y comunicacional contribuyó a la estigmatización del pueblo mapuche, presentando sus reivindicaciones históricas por el territorio como un problema de seguridad nacional antes que como un conflicto de derechos reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. La insistencia oficial en asociar a comunidades mapuches con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), pese a la falta de pruebas concluyentes sobre la participación de la mayoría de las comunidades en hechos delictivos, fue señalada como un elemento central en ese proceso de criminalización.

La muerte de Santiago Maldonado marcó un punto de inflexión en ese conflicto. Aunque la causa judicial concluyó que falleció por ahogamiento y no encontró pruebas suficientes para imputar penalmente a los gendarmes por su muerte, el operativo represivo previo, las responsabilidades políticas del Ministerio de Seguridad y el tratamiento oficial del caso continúan siendo objeto de debate público y de fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. Desde entonces, Bullrich ha mantenido una línea política de endurecimiento frente a los conflictos territoriales mapuches.

La represión alcanzo otras comunidades recuperadas, incluso con heridos de bala y asesinatos como el de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.

www.anred.org/bullrich-la-represion-a-comunidades-mapuche-tenia-sentido-estranjerizar-la-tierra/

Anred 25/07/26

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 La Justicia absolvió a la Lof Lafken Winkul Mapu: «fuimos culpados de retornar a nuestra propia tierra»

Ceremonia religiosa en la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad mapuche en Villa Mascardi.

A casi cuatro años del violento desalojo de Villa Mascardi, ocurrido el 4 de octubre de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en la causa que les iniciaron por supuesta usurpación tras intentar iniciar una recuperación territorial. «La Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve. Luego de todo lo que hemos enfrentado, y que es de público conocimiento, fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta», celebraron desde la comunidad mapuche. Por ANRed.

En una declaración pública difundida este lunes 6 de julio, la comunidad sostuvo que «hoy la Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve» y destacó que el tribunal tuvo en cuenta su «pertenencia a un pueblo originario y los artículos 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional«. «Hoy, a casi cuatro años de aquel desalojo, esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta«, expresaron desde el Lof, que también agradeció el acompañamiento de las comunidades mapuche, organizaciones solidarias y de la Gremial de Abogadas y Abogados durante todo el proceso judicial, uno de los más emblemáticos de los últimos años contra el pueblo mapuche y que representa un fuerte revés para la estrategia de criminalización del reclamo territorial indígena.

En una declaración pública, la comunidad recordó que «ha pasado tiempo desde aquel 4 de octubre de 2022, día en que el odio y el racismo se hicieron uno, y el gobierno de entonces, a través del Ministerio de Seguridad, mediante el Comando Unificado y en un desmedido operativo, entró violentamente a nuestro territorio con el fin de desalojarnos«.

Tras aquel operativo, señalaron: «fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Fuimos acusados de ser falsos mapuche, de violentos y de un sinfín de cosas. Quisieron deslegitimar nuestro reclamo territorial; nos persiguieron, nos encarcelaron y buscaron detener nuestra lucha y nuestra conciencia«.

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La Justicia reconoce el derecho territorial de la Comunidad Mapuche Tehuelche Loma Redonda, Cacique Tramaleu

Histórica sentencia. Loma Redonda, 17 de febrero de 2025 – En un fallo histórico para los derechos de los pueblos indígenas, la Justicia ha resuelto a favor de la Comunidad Aborigen Loma Redonda – Tramaleu en el caso de reivindicación territorial iniciado contra un particular que ocupaba ilegalmente parte de sus tierras comunitarias ancestralmente ocupadas desde finales de la mal llamada “conquista del desierto”. Por Infoterritorial

La sentencia definitiva, dictada por la Dra. María Valeria Freile, jueza del Fuero Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia, reconoce el derecho de la Comunidad Loma Redonda a la propiedad y posesión comunitaria del “lote 19-a de la Fracción D, Sección G-II, en el Departamento Río Senguer”, Chubut. Asimismo, ordena el desalojo del señor Tito Mahmoud Alí y de cualquier otro ocupante que se encuentre en la propiedad en un plazo de 180 días, bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso.

Este fallo ratifica el derecho de la comunidad a sus tierras ancestrales, en concordancia con la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La jueza desestimó las excepciones planteadas por el demandado, incluyendo la prescripción adquisitiva y la falta de legitimación activa de la comunidad, destacando que la propiedad comunitaria indígena no puede ser usucapida ni enajenada.

El litigio, que se extendió por varios años, se centró en la reivindicación de 4.000 hectáreas que fueron reconocidas como parte del territorio comunitario por el Estado Provincial mediante el Título de Propiedad Comunitario Indígena N° 1.901, otorgado en virtud de la Ley 3.247 (actual Ley V Nº 52 DJ) de Chubut y el Decreto Provincial N° 1.602/1990.

En su fallo, la magistrada destacó que la comunidad ha mantenido una ocupación ancestral del territorio. Asimismo, impuso las costas del proceso a la parte demandada.  Desde la Comunidad Aborigen Loma Redonda Tramaleu celebramos esta sentencia como un *paso fundamental en la lucha por el reconocimiento y protección de los territorios indígenas en Chubut y Argentina. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar defendiendo nuestros derechos y exigimos el cumplimiento efectivo de este fallo judicial, que constituye un antecedente relevante en materia de restitución territorial mapuche tehuelche.

Fuente: infoterritorial.com.ar/la-justicia-reconoce-el-derecho-territorial-de-la-comunidad-mapuche-tehuelche-loma-redonda-cacique-tramaleu/

www.anred.org/la-justicia-reconoce-el-derecho-territorial-de-la-comunidad-mapuche-tehuelche-loma-redonda-cacique-tramaleu/

19/02/25

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Cultura Derechos Humanos Nacional

¡El cuerpo de Facundo es una guerra!

Facundo Jones Huala

Facundo Jones Huala cumplió condena, 9 años en total. Sin embargo, la gendarmería de Chile y el juzgado de Río Bueno siguen sosteniendo una decisión arbitraria e ilegal manteniéndolo detenido. Actualmente lleva 25 días de huelga seca, su salud es endeble y su vida está en peligro. Su historia, como la de otros Weychafe Mapuche, expone la complicidad de los Estados, como Chile y Argentina, con los intereses privados en pos del saqueo y el extractivismo.  Escribe Gustavo Figueroa para Periodismo de Mar a Mar.

El cuerpo de Facundo Huala es una guerra, una bomba molotov. Los primeros diez días de huelga escupió sangre: una úlcera estomacal se reventó en su interior. Hoy, cumpliendo el día 25 de huelga seca, “pierde la atención, su memoria a corto plazo no es tan buena, y por la baja en glucosa (hipoglucemia) se queda dormido, cuando está muy agotado”. Su familia indica: “una falla renal podría poner en riesgo su vida”. Mientras que la gendarmería de Chile y el juzgado de Río Bueno siguen sosteniendo una decisión arbitraria e ilegal manteniéndolo detenido, cuando ya cumplió la condena carcelaria (nueve años) en su totalidad. «El impedimento judicial»: Chile está incumpliendo el Tratado de Extradición firmado que asegura el cumplimiento de la pena de Facundo el 26 de junio de 2024. La advertencia: “producto de la deshidratación, su sangre se ha ‘espesado’, lo que, en un futuro no muy lejano, podría provocar una trombosis”. El cuerpo de Facundo Huala va a estallar como una guerra, una bomba molotov, en la cara de los hermanos y la milicia que lo quiere ver rendido.

En este momento Facundo está internado en el Hospital Interculturalidad de Nueva Imperial, una localidad ubicada a unos 35 kilómetros de Temuco. Su madre Pity Huala lo acompaña junto a un machi que lo trata. Pity Huala exige su liberación y pide por el acompañamiento espiritual, en llellipun, en los diferentes territorios para fortalecer a su hijo que se encuentra acechando, víctima de un sistema de tortura que intenta disciplinar con su dolor y detención a todos los integrantes del pueblo mapuche que se muestren desobedientes y contestarios.

El caso de Facundo Huala, como el de Héctor Llaitul (líder de la coordinadora Arauco-Malleco, condenado recientemente a 23 años de prisión) expone los montajes jurídicos e institucionales que están dispuestos a llevar adelante Estados como el de Argentina y Chile, en nombre del capital extranjero y la explotación extractiva del territorio.

Justamente, en la actualidad, la cuenca del río Bueno y el curso del río Pilmaiken resultan el botín pretendido por la empresa noruega Statkraft para la instalación de una hidroeléctrica, que es, en definitiva, una forma de intervenir y alterar el curso natural de un río, el equilibrio de la vida. Son distintas las comunidades que se alzan en contra de este proyecto, no sólo por el valor del agua dulce para sus vidas y los cultivos que consumen (Chile sigue siendo, desde las comunidades mapuche, un lugar agrícola), sino también para resguardar el feyentun, la vida espiritual.

Se dice que el Río Bueno, al ser una vía de encuentro con el Océano Pacifico, conduce los espíritus de los muertos hacia el Wenu Mapu, la tierra de arriba. Si algo o alguien cambiara, interviniera o desviara el curso de este río, esos espíritus no podrían concretar el ciclo de la vida, quedando varados en la tierra, desterrados, estancados en un limbo perpetuo.