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Caso Ivo Torres: el joven kolla que fue asesinado por gendarmería

Desde esta mañana se realiza la ultima audiencia por el asesinato de Ivo Rodrigo Torres, el joven que recibió dos disparos por la espalda mientras trabajaba. Habrá sentencia al Sargento Walter Daniel Alvarez, bajo la custodia de gendarmeria, la misma fuerza que lo ejecutó a Ivo. Luego de los alegatos de la familia, el Tribunal dispuso cuarto intermedio, retomando a las 16hs para continuar con los alegatos de los acusados. Por Johana Arce para ANRed.

La familia y amigos realizan una convocatoria en el Tribunal Oral Federal donde enjuician al unico imputado por el crimen del joven kolla. Ivo circulaba en motocicleta llevando hojas de coca y turrones en su mochila cuando fue perseguido por un móvil de Gendarmería Nacional y asesinado durante el operativo de 4 efectivos del Escuadrón 21 en el Barrio Pradera en La Quiaca el 6 de febrero de 2025.

«Fue muy doloroso para nosotros, la familia. Lágrimas, tristeza. Y hoy estamos más que nada fuertes, unidos, porque sabemos que se va a hacer justicia. Porque esto fue un asesinato de gatillo fácil.» remarcó el hermano de Ivo luego de la inspeccion ocular realizada en el dia de ayer.

Ademas expresó la discriminacion que se vivencia en la zona fronteriza, «Somos personas humanas, también tenemos familias, tenemos nuestras culturas, somos humildes.  Y que nunca se crean superior a nosotros».

El abogado de la querella, Carlos Sebastian Espada manifestó se trata se un «hecho de violencia institucional» al ser parte de la fuerza y que ademas hay una cuestion cultural y discriminación por ser miembro de un pueblo originario, de ser un trabajador rural.

La jueza federal Carina Gregoraschuk imputó a Walter Daniel Alvarez como autor material, mientras que el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, volvieron a prestar funciones aunque fueron participes del crimen de estado a manos de gendarmeria. La familia reafirmó el pedido de justicia y que no van a parar y van a continuar exigiendo hasta que cumpla la sentencia que tiene que cumplir en un audiencia marcada de dolor donde estuvieron frente a frente al acusado.

Además, que sean enjuiciados todos los gendarmes involucrados, que participaron de una persecución a alta velocidad, y más alla que este enjuiciado el principal autor del disparo, el resto intento tapar lo que sucedió, escondiendo las municiones de las armas reglamentarias y alegando que fue en defensa propia cuando con la pericia Ivo cuenta con 2 disparos por la espalda.

El joven oriundo de la Comunidad San Juan de Quillaques de la localidad del Departamento Susques, residente de la Comunidad de Barrancas del departamento de Cochinoca en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, trabajaba de albañil, era estudiante de turismo del Coaj, (Consejo Organizativo aborigen de Jujuy del Instituto de Educación Superior Intercultural) y soñaba con ejercer y fortalecer el turismo comunitario en la puna jujeña, sueños que fueron interrumpidos por ser indígena y transportar hojas de coca.

La autopsia identificó que recibió dos disparos de arma de fuego, uno en la pierna y otro en la espalda, que le perforó un pulmón, y otros seis impactaron en su moto, que fueron realizados a corta distancia por arma reglamentaria de gendarmería y evidenciado por cámaras de la zona.

www.anred.org/caso-ivo-torres-el-joven-kolla-que-fue-asesinado-por-gendarmeria/

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Facundo Jones Huala anuncia huelga de hambre seca tras nueva prórroga de 90 días de su prisión preventiva

«A partir de este momento me declaro en huelga seca de carácter indefinido por las decisiones arbitrarias y viciadas de la fiscalía, de todo el poder judicial y el poder político», anunció el lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien ya se encontraba en huelga de hambre de sólidos. Fue en la audiencia en la que el Juez Federal Gustavo Zapata dictó una nueva prórroga de 90 días (tres meses) de su prisión preventiva, por la que permanece desde hace casi un año alojado en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, además de rechazar nuevamente su pedido de traslado a una cárcel de seguridad de Esquel. La decisión se dio en el marco de un planteo para endurecer los cargos contra Jones Huala por parte del Ministerio Público Fiscal. «Las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos. Vemos que los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla con Facundo (como lo hacen con Eneas, Milton y otros) lo que denominamos ‘el derecho penal del enemigo’ «, denunció La Gremial de Abogadas y Abogados, que representa a Jones Huala. Por ANRed.

Tras el planteo para endurecer los cargos contra el referente mapuche Facundo Jones Huala como la extensión de su prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal, en una audiencia oral virtual realizada este pasado viernes 29 de mayo, el Juez Federal Gustavo Zapata avaló dicho pedido dictando una prórroga por 90 días (es decir, tres meses) de la prisión preventiva del lonko en la Unidad Penal Federal N°6 de máxima seguridad de Rawson, Chubut, en la que permanece desde hace casi un año alojado. Además, el magistrado volvió a rechazar nuevamente el pedido de Jones Huala de ser traslado a la U14 de Esquel.

El MPF argumentó su pedido al juez Zapata en que «el accionar por el que se lo investiga había comenzado antes de lo que se creía inicialmente» y que «la investigación se encuentra en pleno proceso y su liberación podría entorpecer la pesquisa».

En cuanto al traslado a Esquel, en 2025, cuando se realizó por primera vez ese planteo, el juez Zapata autorizó la derivación y solicitó al Servicio Penitenciario Federal que le otorgue un cupo en la U14 de Esquel, pero por decisión política la solicitud fue rechazada por la misma institución, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ante esta nueva prórroga, Jones Huala pidió la palabra en la audiencia virtual y anunció: «a partir de este momento me declaro en huelga seca de carácter indefinido por las decisiones arbitrarias y viciadas de la fiscalía, de todo el poder judicial y el poder político».

Por su parte, la Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a Jones Huala expresó en un comunicado: «la audiencia oral de hoy con el Juez Federal y los fiscales de Bariloche fue una verdadera declaración de guerra tanto a Facundo, a su defensa, y nos animamos a decir que se extiende a cualquier comunidad de Pueblos Originarios. En un enfrentamiento de dos horas la Fiscalía pidió otra nueva prórroga a la prisión preventiva que fue concedida por el Juez. La defensa de la Gremial los enfrentó con todo lo que teníamos, atacando cada uno de los argumentos. Es como decimos: las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos. También rechazaron nuestro pedido de morigeración de la petición en la modalidad de arresto domiciliario o pulsera electrónica. Pese a nuestros muy contundentes argumentos, también fue rechazado el pedido de traslado de Facundo a la cárcel de Esquel, avalando asi la postura del Servicio Penitenciario Federal», detallaron.

Y agregaron: «Facundo anunció que dejará de ingerir agua y el Juez simplemente contestó ‘se tiene presente’ y ‘buenos días’. Obviamente, apelaremos las decisiones ante la Cámara de Roca. Aunque vemos que los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla con Facundo (como lo hacen con Eneas, Milton y otros) lo que denominamos ‘el derecho penal del enemigo’. Solo nos queda seguir luchando», remarcó la Gremial.

Imagen: Victoria Aybar.

Las irregularidades en la causa -entre ellas la detención sin orden judicial- como otros atropellos y la negación de su traslado a Esquel motivaron inicialmente una huelga de hambre. En los últimos días Facundo denunció los hostigamientos hacia su integridad, consistentes en requisas y destrucción de sus pertenencias y rituales ancestrales. No es la primera vez que lo hace.

En este marco, el pasado sábado 16 de Mayo  familiares y amigos llevaron adelante la presentación del libro por primera vez en la Comarca Andina tanto para poder advertir sobre la situación crítica que atraviesa como para promover la venta de ejemplares y alivianar los costos económicos.

www.anred.org/facundo-jones-huala-anuncia-huelga-de-hambre-seca-tras-nueva-prorroga-de-90-dias-de-su-prision-preventiva/

Anred 01/06/26

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El perfil racial pone en el punto de mira del ICE a las personas indígenas estadounidenses

Fuentes: Rebelión [Foto: Un manifestante con una pancarta pidiendo abolir el ICE (Tony Webster, Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)]

Por Katrien Demuynck | 19/01/2026 | EE.UU.

El asesinato de Renee Good es solo la punta del iceberg de un ICE (siglas en inglés de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) descarrilado que aterroriza a los barrios, persigue a cualquier persona que «no sea lo suficientemente blanca» y da a Estados Unidos un rostro cada vez más fascista.

Más de 300.000 personas ya han sido detenidas y expulsadas del país por el ICE, independientemente del tiempo que llevaran viviendo allí, de si dejaban atrás a hijos u otros familiares, de si tenían trabajo o de si tenían o no vínculos con el país al que eran enviados.

La actuación violenta de los agentes del ICE, generalmente enmascarados y sin la menor identificación, causa terror en los barrios. Supuestamente buscan «inmigrantes ilegales», pero en la práctica persiguen a cualquier persona que no parezca lo suficientemente blanca. Como resultado, muchos ciudadanos indígenas, los únicos que no son inmigrantes en los Estados Unidos, también son víctimas del ICE y corren el riesgo de ser deportados.

Así ocurrió en el caso de Elaine Miles, miembro de las Tribus Confederadas de la Reserva Indígena Umatilla en Oregón. Miles, de 65 años, es conocida como actriz. En noviembre de 2025 cuatro agentes del ICE la detuvieron en la calle y le pidieron su identificación. No aceptaron su documento de identidad indígena. Afortunadamente, también llevaba consigo su pasaporte estadounidense. Tras algunas amenazas adicionales, la dejaron en paz.

Sin embargo, las agencias gubernamentales federales están obligadas a reconocer los documentos de identidad de las naciones indígenas como documentos de identidad válidos debido a la relación de Estado a Estado entre las naciones reconocidas federalmente y los Estados Unidos.

Después del genocidio y la deportación, la expulsión

Por lo tanto, tener un documento de identidad de su nación no protege a las personas indígenas de ICE. De esta manera, la política colonial de los Estados Unidos añade otra medida al genocidio, a las deportaciones a miles de kilómetros de distancia, al robo de tierras y al desplazamiento de los pueblos indígenas a reservas: la expulsión.

El caso de Elaine Miles es uno de los muchos casos de personas indígenas a las que se les pide que muestren sus documentos de ciudadanía o que son detenidas por los servicios de inmigración.

Pero puede ir más allá. Cuando Leticia Jacobo, de 24 años, miembro registrada de la Comunidad Indígena Salt River Pima Maricopa en Arizona, fue detenida por una infracción de tráfico —conducir con un permiso de conducir no válido—, el Departamento del Sheriff del condado de Polk, en Iowa, la clasificó como inmigrante ilegal. Ni siquiera se le informó de ello.

Solo cuando su madre fue a recogerla a la cárcel el 11 de noviembre, tras un mes de reclusión, descubrió que su hija no reunía los requisitos para ser puesta en libertad. Ese mismo día iba a ser entregada al ICE para ser deportada a un destino desconocido.

Era día festivo y todas las instituciones oficiales estaban cerradas. Sin embargo, la familia logró movilizar documentos adicionales desde Phoenix, Arizona, a más de 2000 kilómetros de distancia, donde había nacido Leticia, lo que permitió detener el proceso de deportación en el último momento. Sin embargo, no todo el mundo puede contar con su familia de esta manera.

Entre enero y marzo de 2025 la nación navajo informó de más de 15 casos de control y detención por parte del ICE de miembros de la nación en Arizona y Nuevo México. Las detenciones suelen producirse también en territorios de las reservas. Entre otras, la nación indígena quinault de Washington respondió en junio de 2025 a una redada bloqueando sus fronteras al ICE.

No se puede ser ilegal en tierras robadas

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¡El cuerpo de Facundo es una guerra!

Facundo Jones Huala

Facundo Jones Huala cumplió condena, 9 años en total. Sin embargo, la gendarmería de Chile y el juzgado de Río Bueno siguen sosteniendo una decisión arbitraria e ilegal manteniéndolo detenido. Actualmente lleva 25 días de huelga seca, su salud es endeble y su vida está en peligro. Su historia, como la de otros Weychafe Mapuche, expone la complicidad de los Estados, como Chile y Argentina, con los intereses privados en pos del saqueo y el extractivismo.  Escribe Gustavo Figueroa para Periodismo de Mar a Mar.

El cuerpo de Facundo Huala es una guerra, una bomba molotov. Los primeros diez días de huelga escupió sangre: una úlcera estomacal se reventó en su interior. Hoy, cumpliendo el día 25 de huelga seca, “pierde la atención, su memoria a corto plazo no es tan buena, y por la baja en glucosa (hipoglucemia) se queda dormido, cuando está muy agotado”. Su familia indica: “una falla renal podría poner en riesgo su vida”. Mientras que la gendarmería de Chile y el juzgado de Río Bueno siguen sosteniendo una decisión arbitraria e ilegal manteniéndolo detenido, cuando ya cumplió la condena carcelaria (nueve años) en su totalidad. «El impedimento judicial»: Chile está incumpliendo el Tratado de Extradición firmado que asegura el cumplimiento de la pena de Facundo el 26 de junio de 2024. La advertencia: “producto de la deshidratación, su sangre se ha ‘espesado’, lo que, en un futuro no muy lejano, podría provocar una trombosis”. El cuerpo de Facundo Huala va a estallar como una guerra, una bomba molotov, en la cara de los hermanos y la milicia que lo quiere ver rendido.

En este momento Facundo está internado en el Hospital Interculturalidad de Nueva Imperial, una localidad ubicada a unos 35 kilómetros de Temuco. Su madre Pity Huala lo acompaña junto a un machi que lo trata. Pity Huala exige su liberación y pide por el acompañamiento espiritual, en llellipun, en los diferentes territorios para fortalecer a su hijo que se encuentra acechando, víctima de un sistema de tortura que intenta disciplinar con su dolor y detención a todos los integrantes del pueblo mapuche que se muestren desobedientes y contestarios.

El caso de Facundo Huala, como el de Héctor Llaitul (líder de la coordinadora Arauco-Malleco, condenado recientemente a 23 años de prisión) expone los montajes jurídicos e institucionales que están dispuestos a llevar adelante Estados como el de Argentina y Chile, en nombre del capital extranjero y la explotación extractiva del territorio.

Justamente, en la actualidad, la cuenca del río Bueno y el curso del río Pilmaiken resultan el botín pretendido por la empresa noruega Statkraft para la instalación de una hidroeléctrica, que es, en definitiva, una forma de intervenir y alterar el curso natural de un río, el equilibrio de la vida. Son distintas las comunidades que se alzan en contra de este proyecto, no sólo por el valor del agua dulce para sus vidas y los cultivos que consumen (Chile sigue siendo, desde las comunidades mapuche, un lugar agrícola), sino también para resguardar el feyentun, la vida espiritual.

Se dice que el Río Bueno, al ser una vía de encuentro con el Océano Pacifico, conduce los espíritus de los muertos hacia el Wenu Mapu, la tierra de arriba. Si algo o alguien cambiara, interviniera o desviara el curso de este río, esos espíritus no podrían concretar el ciclo de la vida, quedando varados en la tierra, desterrados, estancados en un limbo perpetuo.

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La sintonía fina del genocidio Wichí Pueblos originarios

Pueblos originarios

La sintonía fina del genocidio Wichí Pueblos originarios

Wichis como viven

 

Total normalidad reina en el Gran Chaco. La parasitosis hincha las pancitas de los niños aborígenes, comida diaria no hay. La desnutrición le da un tono amarillo al cabello de las mujeres. La mortalidad infantil hace lagrimear a los hombres. Más allá de la represión directa, la violencia estructural aplasta a los pueblos originarios: la negación de agua, alimentos, atención médica y educación. Hambre, sed, asesinatos, denuncias desesperadas y evidencia de sobra que incluye una estadística sanitaria horrorosa. Una investigación en el territorio Wichí de la Provincia de Formosa se transformó en una travesía al corazón de las tinieblas.

Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed.

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Los ataques no paran: de nuevo niños Wichí baleados en Formosa

Pueblos Originarios

Los ataques no paran: de nuevo niños Wichí baleados en Formosa

 

wichi golpeado por la policia

Una ola de violencia policial está arrollando a las comunidades indígenas Wichí de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Unas semanas después de que unos niños fueran heridos gravemente, la fuerza estatal atacó ayer otra vez con balas de plomo a chicos Wichí de esa localidad, lesionando a varios de ellos, uno con herida en la cara. Dos niños fueron llevados a la comisaria y golpeados brutalmente. Los niños están sin atención médica. El referente Wichí Agustín Santillán tiene amenazas de muerte por parte de la policía.

Por Stefan Biskamp para ANRed / Fotos: Agustín Santillán.