Por Katrien Demuynck | 19/01/2026 | EE.UU.
El asesinato de Renee Good es solo la punta del iceberg de un ICE (siglas en inglés de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) descarrilado que aterroriza a los barrios, persigue a cualquier persona que «no sea lo suficientemente blanca» y da a Estados Unidos un rostro cada vez más fascista.
Más de 300.000 personas ya han sido detenidas y expulsadas del país por el ICE, independientemente del tiempo que llevaran viviendo allí, de si dejaban atrás a hijos u otros familiares, de si tenían trabajo o de si tenían o no vínculos con el país al que eran enviados.
La actuación violenta de los agentes del ICE, generalmente enmascarados y sin la menor identificación, causa terror en los barrios. Supuestamente buscan «inmigrantes ilegales», pero en la práctica persiguen a cualquier persona que no parezca lo suficientemente blanca. Como resultado, muchos ciudadanos indígenas, los únicos que no son inmigrantes en los Estados Unidos, también son víctimas del ICE y corren el riesgo de ser deportados.
Así ocurrió en el caso de Elaine Miles, miembro de las Tribus Confederadas de la Reserva Indígena Umatilla en Oregón. Miles, de 65 años, es conocida como actriz. En noviembre de 2025 cuatro agentes del ICE la detuvieron en la calle y le pidieron su identificación. No aceptaron su documento de identidad indígena. Afortunadamente, también llevaba consigo su pasaporte estadounidense. Tras algunas amenazas adicionales, la dejaron en paz.
Sin embargo, las agencias gubernamentales federales están obligadas a reconocer los documentos de identidad de las naciones indígenas como documentos de identidad válidos debido a la relación de Estado a Estado entre las naciones reconocidas federalmente y los Estados Unidos.
Después del genocidio y la deportación, la expulsión
Por lo tanto, tener un documento de identidad de su nación no protege a las personas indígenas de ICE. De esta manera, la política colonial de los Estados Unidos añade otra medida al genocidio, a las deportaciones a miles de kilómetros de distancia, al robo de tierras y al desplazamiento de los pueblos indígenas a reservas: la expulsión.
El caso de Elaine Miles es uno de los muchos casos de personas indígenas a las que se les pide que muestren sus documentos de ciudadanía o que son detenidas por los servicios de inmigración.
Pero puede ir más allá. Cuando Leticia Jacobo, de 24 años, miembro registrada de la Comunidad Indígena Salt River Pima Maricopa en Arizona, fue detenida por una infracción de tráfico —conducir con un permiso de conducir no válido—, el Departamento del Sheriff del condado de Polk, en Iowa, la clasificó como inmigrante ilegal. Ni siquiera se le informó de ello.
Solo cuando su madre fue a recogerla a la cárcel el 11 de noviembre, tras un mes de reclusión, descubrió que su hija no reunía los requisitos para ser puesta en libertad. Ese mismo día iba a ser entregada al ICE para ser deportada a un destino desconocido.
Era día festivo y todas las instituciones oficiales estaban cerradas. Sin embargo, la familia logró movilizar documentos adicionales desde Phoenix, Arizona, a más de 2000 kilómetros de distancia, donde había nacido Leticia, lo que permitió detener el proceso de deportación en el último momento. Sin embargo, no todo el mundo puede contar con su familia de esta manera.
Entre enero y marzo de 2025 la nación navajo informó de más de 15 casos de control y detención por parte del ICE de miembros de la nación en Arizona y Nuevo México. Las detenciones suelen producirse también en territorios de las reservas. Entre otras, la nación indígena quinault de Washington respondió en junio de 2025 a una redada bloqueando sus fronteras al ICE.
