“La Obediencia Debida continúa”
Esto nos dijo Juliana García Recchia, militante de derechos humanos e hija de desaparecidos, a quien entrevistamos. Hace poco más de un año, y tras una “búsqueda de 32 años”, pudo reencontrarse con su hermana apropiada.
• El año pasado, al ser liberado uno de los autores materiales del secuestro y asesinato de tu padre, nos dijiste que era otra muestra de que continuaba la obediencia debida. ¿Esto sigue?
-Hay una larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas. Hay ejemplos tremendos como el del Tribunal Oral Federal Nº 5, que contaba en sus filas hasta hace un par de años con el “Dr.” Guillermo Madueño como juez titular, hoy preso, acusado de complicidad con delitos cometidos por la dictadura. O el juez federal Guillermo Gordo, aún en funciones, también acusado por algunos organismos de tener vínculos con los genocidas, que el año pasado absolvió a 3 Jefes de Área de represión.
Como ejemplo te dí el fallo que ordenó la liberación del represor Eduardo Alfonso, de probada actuación en el asesinato de mi padre, exculpado por tratarse de una “orden de guerra que estaría obligado a cumplir”. Esta misma Cámara ya se había expedido en su momento en contra de la nulidad de estas leyes por considerarla “inconstitucional”.
Por otra parte, los genocidas que van a juicio son, en su mayoría, los mismos que continúan acumulando condenas a perpetua. Mientras fueron miles los involucrados en la represión, incluidos civiles. Por eso digo que continúa la aplicación de la teoría de la Obediencia Debida, más allá de que esas leyes hayan sido anuladas por el Congreso producto de la movilización de cientos de miles a lo largo de todos estos años.
• El gobierno sigue utilizando la bandera de defensa de los derechos humanos como propia ¿Cuál es su rol?
-Cuando Cristina dice que el tema genocidio “debe quedar en manos de la justicia”, deja a criterio de cada juez la resolución de las causas sabiendo que hay jueces que vienen desde la dictadura y que la figura del genocidio no existe en la legislación argentina.
Al negarse a tomar las decisiones políticas que permitirían enjuiciar y castigar a todos los genocidas y sus cómplices y decir “que se encargue la justicia”, están sembrando la impunidad. En el país hubo un plan represivo sistemático llevado a cabo por la dictadura, y así debe encararse el juzgamiento, no caso por caso, hecho por hecho, y sólo hacia las cúpulas.
Se impone la necesidad de invertir la causalidad de la prueba para todos los militares que revistaron durante la dictadura, que se sistematice la búsqueda de los chicos, que se ordene la realización del ADN a todos los nacidos entre 1975 y 1982 para cotejar con el Banco de datos de Abuelas, que se obligue a que se abran los archivos militares, policiales y de las empresas vinculadas al genocidio, con comisiones integradas por organismos de DD.HH., familiares y trabajadores.
El Socialista 17/03/10