Desde la llegada de Milei empezaron a moverse en la Justicia varias causas judiciales tanto para liberar a genocidas como para enjuiciar a la militancia que se enfrentó a la dictadura. Un ejemplo fue el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña por el cual se anuló la prescripción del delito por la voladura del Comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976 y se llamó a declarar a militantes de la organización montoneros, a quienes se imputó y se busca arrastrarlo hacia una condena.
No es menor que el citado acto en Formosa se dio en la previa al 30 de octubre, día en el que los organismos de DD.HH participarán de una audiencia en la Cámara de Casación, donde – según anunció la abogada Miryam Bregman- se buscará revocar la jurisprudencia actual en la materia para poder empezar a juzgar la militancia revolucionaria de los años 70.
La contraofensiva de la derecha a nivel mundial tiene sus reflejos locales que no pueden quedar circunscritos a partidos políticos o gobiernos, sino que atraviesan al sentido común de una sociedad que ha ido tomando distancias de los derechos humanos. Sobre esta mutación en la subjetividad de las masas, algunos sectores, sin ser necesariamente representantes de la derecha argentina, buscan abrir debates que se proponen romper un consenso que en este país empezaron a construir las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que supo hacerse carne en el pueblo argentino a partir de la rebelión popular del 2001 y la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
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