Villarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70′. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.
La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.
Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los “libertarios” no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.
En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.
Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.
Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.
Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.
Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza “los peronistas de Perón” relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.