Se puede observar una continuidad en el orden mundial desde el colonialismo hasta el imperialismo actual. Esta continuidad se manifiesta especialmente en la apropiación y explotación sistemáticas de los bienes communes (recursos naturales) y de los territorios mediante prácticas (neo)extractivistas en los llamados países periféricos. Este modelo conduce a violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos, que se manifiestan, entre otras cosas, en la creciente criminalización de las y los defensores del medio ambiente. Por el contrario, las empresas transnacionales que contribuyen de manera significativa al daño ecológico y social no son perseguidas penalmente ni obligadas a reparar el daño causado; más bien, sus actividades suelen ser favorecidas política, jurídica y económicamente por los Estados.
Las élites políticas y económicas de los países periféricos actúan en muchos casos en su legislación y en la práctica gubernamental en dependencia estructural de las potencias dominantes, independientemente de su orientación ideológica respectiva. El modelo de producción que persiste desde la época colonial permite la apropiación continua de los bienes comunes y, al mismo tiempo, va acompañado de la desindustrialización, la dependencia económica, la destrucción del medio ambiente y la desigualdad social en los países afectados.
Desde la década de 1990, casi todos los gobiernos de América Latina, tanto progresistas como neoliberales, formaron parte de lo que Maristella Svampa llama “consenso de los commodities” (de las materias primas), lo que supuso una mayor profundización de las estrategias extractivistas. La dependencia económica y política de los países proveedores de materias primas está integrada en las estrategias geopolíticas.
Esta nueva hegemonía mundial se ve actualmente amenazada por otros bloques de poder, como Rusia, China y Europa, que no quieren quedarse al margen de la distribución del poder geopolítico y los bienes comunes. Los conflictos actuales giran en torno a los bienes comunes y la transición energética.
Ante la finitud de los recursos no renovables, la lucha por las materias primas y los recursos energéticos estratégicos se convierte en un tema central de las disputas y los conflictos geopolíticos. El sistema financiero los necesita para seguir funcionando.
La industria armamentística también necesita estos minerales para la fabricación de armas. El complejo militar-industrial de las principales potencias bélicas busca nuevos y mejores materiales críticos (para una mayor precisión) para muchos desarrollos de investigación y tecnología en todo el mundo, que se encuentran principalmente en América Latina y África.
La relación entre la extracción de materias primas y las guerras es cada vez más relevante, y las tecnologías y la transición energética desempeñan un papel importante. Ante la nueva dimensión de las guerras, los genocidios y los conflictos armados en el mundo, los bienes comunes desempeñan un papel importante.
Las llamadas energías verdes o renovables que Europa quiere introducir refuerzan el extractivismo latinoamericano y africano. A su vez, esta extracción de materias primas conduce a un aumento del desplazamiento y la apropiación de bienes comunes, lo que agrava aún más la injusticia social y la contaminación ambiental.
Los problemas relacionados con la contaminación se «resuelven» trasladándolos de un lugar a otro , transportando residuos altamente tóxicos a países periféricos y almacenándolos allí donde los jefes de Estado lo permiten.
A pesar de las constituciones nacionales, que garantizan una serie de derechos nacionales e internacionales, así como mecanismos de protección, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, en la práctica política y económica se observa que estas exigencias normativas suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos y económicos, de modo que las asimetrías de poder suelen beneficiar a los actores hegemónicos.
La nueva conquista del “desierto” del Siglo XXI
Durante la época colonial, Europa consolidó su hegemonía gracias a lo que Marx denominó «acumulación originaria», mediante la apropiación y usurpación de territorios indígenas, así como mediante el trabajo forzoso y la apropiación de metales. El colonialismo se basó en justificaciones ideológicas racistas y excluyentes procedentes del centro norte. Las teorías positivistas y, más tarde, biologistas predominantes justificaron este modelo de producción y acumulación capitalista y el sistema jurídico-político y social asociado a él.
“El Estado nacional argentino se construyó con la sangre de los pueblos y culturas indígenas, víctimas de un genocidio” decía Osvaldo Bayer. Luego del genocidio de los pueblos originarios y la siguiente ocupación, el Estado Argentino consolidó la apropiación de los territorios patagónicos. Según Jacinto Oddone, luego de la Campaña del Desierto el Estado Nacional transfirió entre 1876 y 1903, 42 millones de hectáreas a 1.843 personas que se adueñaron de la tierra.
Las oligarquías locales impulsaron un proceso de homogeneización que, sin embargo, era paternalista, ya que consideraban a los indígenas como inferiores. Están integrados en el sistema de producción, el mercado de consumo y el orden social, pero desempeñan el papel de explotados, y de hecho son los más explotados.
La última dictadura militar y los siguientes gobiernos democráticos profundizaron el saqueo, a favor de una clase dominante cada vez más al servicio de intereses extranjeros. Las elites locales y los grupos de poder como Techint, Perez Companc, entre otros, fueron los beneficiados de estas políticas. Asimismo personalidades de la comunicación como Ted Tuner, el Grupo Benetton, a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino y el magnate británico Joe Lewis, poseen 13.000.000 de hectáreas, sin contar la ilegal apropiación del Lago Escondido que contó con la complicidad judicial descarada. También creció la compra por parte de los Emiratos Árabes y Qatar.
La Resistencia quiso poner fin a ese proceso de saqueos en los 90 con una gran movilización indígena en América Latina. Las sublevaciones maya-zapatista en Chiapas en 1994 y el resurgimiento quechua-aymara desde Ecuador a Bolivia entre 1997 y 2005. De estas influencias surgen reformas constitucionales en varios países latinoamericanos. La reforma constitucional Argentina de 1994 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios por parte del Estado Nacional, asimismo se ratifican Tratados Internacionales de protección a los pueblos indígenas. A pesar de ello, a diario se vulneran esos derechos de manera sistemática por los diferentes gobiernos de turno. 150 años después continuan las mismas prácticas de racistas y de despojo hacia los pueblos originarios, a pesar de una normativa que los protege.
La región latinoamericana se está convirtiendo en un intenso proveedor de bienes comunes sin procesar —sin ningún valor agregado— para el mercado mundial. Se habla de una economía de enclave, ya que crea pocos puestos de trabajo, incluso los desplaza, y apenas tiene vínculos con el resto de la economía. Esto contrapone a la teoría del derrame, con la que los políticos de la justifican la extracción de materias primas. Quienes se benefician de ello ignoran las abrumadoras pruebas documentadas de los daños medioambientales, que no son el resultado de errores o casos aislados, sino que son inherentes a la misma. Las promesas de los distintos gobiernos de que estas empresas transnacionales promoverán el desarrollo y el empleo no se están cumpliendo.
La extracción de materias primas es ecológicamente insostenible debido a su magnitud, intensidad e impacto en las estructuras socioecológicas en las que se basa, y provoca desequilibrios de todo tipo. Según el biólogo Gudynas “No hay forma responsable de llevarla a cabo”. “La extracción de materias primas convierte las zonas en las que se lleva a cabo en zonas de sacrificio”.
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Anred 02/08/26