Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés. Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola derechos humanos.
La Cámara de Senadores dio media sanción a la llamada «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada», a pesar de un rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, siguió adelante con dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, requiere de más condiciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble para luego expropiar; en el segundo, flexibiliza el procedimiento, lo agiliza para facilitar los desalojos.
Es probable que la discusión en Diputados llegue con otras sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valiosa y ponderada para el sector empresarial, pero totalmente ignorada para el mundo indígena: la seguridad jurídica.
En primer lugar, la acción de desalojo para inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para juicios sumarísimos. En otras palabras, y evitando tecnicismos, los plazos se acortan, no se admiten excepciones previas, los abogados no puede presentar alegatos y las apelaciones —revisión de la medida— son restrictivas.
En segundo lugar, amplía la legitimación activa o permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo. En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción, y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial, complejiza mucho más el escenario.
Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial. Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.
Una ley de tierras para un modelo que arrasa territorios
En 2022 se realizó una reunión en la casa de Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) que involucró a jueces federales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Hay sospecha que luego se realizaron otras reuniones con altos dirigentes políticos del país.
El Proyecto de Ley de extranjerización afecta a toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. El actual gobierno de Javier Milei quiere derogar esta Ley, que defiende la soberanía nacional, beneficiando a corporaciones internacionales, como parte de su política de venta del país a capitales extranjeros, concentración de la tierra, desalojos masivos, despojos de los bienes comunes (recursos naturales)- a través de la extracción de materias primas (Extractivismo)- ya sea litio, megaminería, agroindustria o fracking. Por ello el control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito de ese nefasto negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas. Esto es posible a través de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio. Por Ana Muro, corresponsal de AnRed
El Proyecto de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» afecta a nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. Más de 4 mil referentes de todo el país ya firmaron contra el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada».
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue aprobada y promulgada en diciembre de 2011. Luego, Mauricio Macri la modificó en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a corporaciones internacionales.
Los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros. El Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación. La Ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para contraponer el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). Por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional esos datos no son ciertos. El decreto de Macri recién asumido como presidente, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional (a través del traspaso de acciones). De este modo la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
La Ley de protección de Glaciares también tiene un rol importante en este proceso de extranjerización, ya que, muchos bienes comunes se encuentran en zonas glaciares y periglaciares y la Ley no permite la explotación y exploración de ellos. En 2010 Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los Glaciares, que ya había sido aprobada en ambas cámaras (diputados: por unanimidad; senadores: con solo tres votos en contra), para que volviera a la Cámara de Diputados. Esto es similar al procedimiento seguido para aprobar la ley de protección de los bosques autóctonos, ya que se argumentó que la ley perjudicaría el desarrollo económico.
Durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.
Acumulación por despojo del territorio y por el saqueo de los bienes comunes a traves del extractivismo.
El control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito del negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas y esto posible a traves de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.
La criminalización a referentes indígenas, la profundización del extractivismo y el proyecto de Ley “inviolabilidad de la Propiedad Privada”, mejor dicho ley de extranjerización de la Tierra, son parte de esta foraz empresa a nivel global del orden mundial imperante basado en la apropiación de los recursos naturales (bienes comunes) en la llamada transición energética.
La violencia institucional y de las fuerzas de seguridad es más visible cuando la Resistencia se organiza. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política a las y los que luchan el extractivismo y defienden su territorio. La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala visibiliza la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Patricia Bullrich, impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche desde 2015, como Ministra de Seguridad, es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La muerte de Santiago Maldonado es también cuestionada por parte de organismos de derechos humanos.
Asimismo, el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.
Mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país.
América Latina es el lugar del mundo donde se asesinan a más ecologistas y defensores de su territorio. En 2023 fueron asesinados 196 ecologistas, el 85 % de ellos en América Latina.
Imagen de portada: Fuente: www.observatoriodetierras.ar
El gobierno de Javier Milei busca eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Pretende profundizar un proceso de saqueo que ya avanzó durante distintos gobiernos. Hoy, alrededor de 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, una superficie similar a la de Inglaterra.
Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de esas tierras. También aparecen empresas de Chile, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, junto con sociedades radicadas en paraísos fiscales. Esos capitales se instalan en territorios estratégicos, ricos en agua dulce, minerales, hidrocarburos, bosques, glaciares o vías navegables.
El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras muestra esta situación. En amarillo aparecen los departamentos o localidades donde la propiedad extranjera supera el límite del 15 por ciento fijado por la Ley de Tierras Rurales. En rojo se señalan los territorios ubicados en zonas de frontera que también exceden ese porcentaje. La distribución permite observar que la extranjerización se concentra especialmente sobre la Cordillera, el norte fronterizo, la Patagonia y la cuenca del río Paraná.
Hay 36 departamentos que ya superan el límite legal. En Lácar, Neuquén, y en Molinos y San Carlos, Salta, la extranjerización supera el 50 por ciento. En General Lamadrid, La Rioja, alcanza el 57 por ciento. En Tinogasta, Catamarca, llega al 27 por ciento, mientras que en Iglesia, San Juan, alcanza el 25 por ciento. Son territorios atravesados por proyectos mineros, reservas de agua y ambientes glaciares o periglaciares.
En Misiones, la multinacional chilena Arauco posee más de 230 mil hectáreas, avanza con el monocultivo de pinos y controla parte de importantes cuencas hidrográficas. En Chubut, Benetton concentra unas 900 mil hectáreas en una región marcada por conflictos con comunidades mapuches. Cerca del Paraná, empresas extranjeras controlan tierras, puertos y nodos logísticos fundamentales para el modelo agroexportador.
El próximo 6 de agosto está prevista una nueva convocatoria en el Senado para tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. Frente a este nuevo intento de saqueo, se están organizando acciones en distintos puntos del país. En el AMBA, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores de la Tierra y otras organizaciones llaman a concentrar frente al Congreso Nacional a partir de la 12. Exigimos a la CGT y las CTA que llamen a un paro general y movilización ese día, para poder garantizar una presencia multitudinaria.
Milei quiere convertir el territorio argentino en una plataforma para las multinacionales, mientras entrega la minería, el agua, los bosques y las vías navegables. Desde Izquierda Socialista planteamos defender la soberanía nacional, impedir nuevas ventas, y expropiar sin indemnización a los grandes latifundios extranjeros y avanzar en una reforma agraria que entregue la tierra a quienes la trabajan. Los recursos naturales deben quedar bajo propiedad estatal y su utilización debe surgir de las decisiones de las y los trabajadores y las comunidades involucradas, al servicio de las necesidades populares.
9 de Julio: El día de la dependencia y un mapa interactivo para verla
Imaginemos que una superficie similar a la provincia entera de Santa Fe se extranjerizara. La idea sirve para ir a la información.Se conmemora este jueves el 9 de Julio: 210 años desde la Independencia. El contexto es extraño: subordinación económica a través de la deuda externa, alineación política y militar con Estados Unidos y su proyecto de ir hacia Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, prebendas a las trasnacionales y al extractivismo minero y de tierras raras, la zona liberada para lugares cruciales como el río Paraná, por nombrar apenas algo de la actualidad. Como complemento crucial de esa tendencia, el Observatorio de Tierras coordinado por científicas y científicos del CONICET y la UBA produjo el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra, que muestra que casi el 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, es propiedad de empresas o personas extranjeras: un tamaño similar a Santa Fe entera o a un territorio como el de Inglaterra. El sitio No a la Mina de Chubut explica la situación. Presentamos el mapa interactivo del Observatorio.
La agencia de noticias NO a la Mina, de Esquel, Chubut publicó la siguiente síntesis antes del 9 de Julio:
“El Observatorio de Tierras, impulsado por científicxs del CONICET y la UBA, publicó el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra. El dato es alarmante: el 5 % del territorio argentino —13,2 millones de hectáreas— está en manos de capital extranjero”.
“Lo más preocupante es qué territorios fueron transferidos: cordilleras, cuencas hídricas y zonas de influencia del río Paraná. No son tierras cualquiera, sino áreas estratégicas por su valor ambiental, su biodiversidad, el agua y los bienes comunes que albergan”.
“Mientras la Ley 26.737 establecía límites a la extranjerización de tierras rurales, la nueva normativa elimina controles clave y profundiza un modelo que favorece la expansión extractiva y la apropiación de recursos estratégicos por capitales extranjeros”.
“Como advierte el Observatorio de Tierras: o que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país’».
El sitio presenta además la posibilidad de sumarse a la firma del «Rechazo a la Ley de Sturzenegger sobre extranjerización de la tierra y desalojos».clickeando aquí.
En esa convocatoria se plantea que el llamado proyecto de inviolabilicad de la propiedad privada «es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas». Detalla las medidas que facilitan la extranjerización y concentración de las tierras, facilita al mismo tiempo los desalojos de inquilinos de viviendas urbanas, y amenaza a las tierras rurales «exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, agravando una situación ya crítica en zonas de frontera, ribereñas, con acceso a recursos minerales fundamentales y reservorios de agua dulce».
Con respecto al manejo del fuego y los incendios sospechosamente recurrentes en el país, el documento explica sobre el proyecto oficialista: «Uno de los puntos más importantes es que elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. De esta manera, habilita el cambio de uso de suelo para esos emprendimientos y acota la restricción solo a los bosques protegidos por la ley de bosques nativos (26.331) y a los bosques no productivos abarcados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273.
El mapa del presente
Aquí presentamos el mapa interactivo del Observatorio, con todos los detalles sobre la extranjerización del territorio argentino.
El gobierno de Javier Milei avanza aceleradamente para “redefinir” es decir derogar la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una norma que desde 2010 protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. La posibilidad de cambiar su núcleo de protección ambiental aparece como una demanda reiterada del sector minero y de varios gobiernos provinciales que buscan abrir paso a proyectos de megaminería en la cordillera. El avance es contundente: el Ejecutivo analiza tanto un proyecto legislativo como un posible DNU para sortear los tiempos parlamentarios, mientras mantiene mesas de negociación con gobernadores y empresas que reclaman “seguridad jurídica” para desembolsos millonarios. El extractivismo es la prenda de cambio luego del apoyo financiero de EE.UU. y organismos internacionales. Por ANRed.
El eje del conflicto radica en que la ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera y otras prácticas extractivas en zonas glaciares y periglaciares. Para el gobierno y el lobby minero, estos límites son “imprecisos” y traban inversiones de cobre, litio y otros minerales críticos. Para las organizaciones socioambientales, comunidades y buena parte del sector científico, la reforma es un retroceso que colocaría en riesgo la principal fuente de agua de la región andina en un contexto donde las cuencas ya sufren crisis hídricas severas. La disputa, lejos de ser técnica, es profundamente política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos. Para eso también hay que vencer la resistencia de pobladores que han negado el extractivismo para conservar el ambiente. Casos más cercanos fueron las rebeliones en Chubut, Mendoza y Jujuy.
Las provincias mineras, especialmente San Juan, impulsan cambios profundos. Reclaman que la autoridad de aplicación de la ley pase del Estado nacional a las jurisdicciones provinciales, lo que permitiría habilitar proyectos actualmente frenados por el Inventario Nacional de Glaciares. En paralelo, el sector empresarial presiona para acotar la definición de “ambiente periglaciar”, considerada por ellos demasiado amplia. Esa sola modificación habilitaría de inmediato zonas que hoy están protegidas. Las cámaras mineras insisten en que sin una nueva redacción no habrá inversiones que, según sus proyecciones, podrían alcanzar entre 3.000 y 15.000 millones de dólares cifras que nunca se cumplen teniendo en cuenta el bajo numero de trabajadores que implementa las mineras.
Del otro lado, científicos y comunidades advierten que cualquier recorte en la protección del ambiente periglaciar implicaría impactos irreversibles. Los glaciares funcionan como reguladores naturales del agua: almacenan y liberan caudales que sostienen la vida de pueblos enteros, la producción agrícola y los ecosistemas de montaña. Numerosos especialistas sostienen que la presión para redefinir la ley surge más de intereses económicos que de necesidad técnica. La evidencia científica es clara respecto del papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, y sobre los riesgos que implica intervenirlo con explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua propios de la megaminería.
La reforma también está rodeada de tensiones institucionales. Una eventual derogación por DNU abriría una batalla judicial inmediata, dado que la Corte Suprema ya validó la constitucionalidad de la ley en fallos previos. Pero incluso la vía legislativa enfrenta resistencias sociales crecientes. En varias provincias cordilleranas se multiplican comunicados, asambleas y movilizaciones en defensa del agua, advirtiendo que la reforma no solo impactaría en los glaciares, sino en las formas de vida y en los territorios donde comunidades indígenas, campesinas y urbanas dependen de cuencas cada vez más frágiles.
El debate expone una contradicción estructural. El gobierno presenta la reforma como parte de una “oportunidad histórica” para atraer inversiones y posicionar al país en la demanda global de minerales críticos. Esa visión choca con la crisis ambiental que atraviesa la cordillera y con la urgencia de proteger los últimos reservorios de agua dulce. Mientras se repite la narrativa del progreso económico.
En los últimos días, una frase se volvió central en boca de comunidades, especialistas y organizaciones ambientales: “se puede vivir sin oro, pero no sin agua”. Ese mensaje resume el fondo del conflicto. Lo que está en disputa no es solo una ley, sino un modelo de país. La ofensiva para modificar la Ley de Glaciares aparece como una pieza más de un esquema extractivista que prioriza la renta inmediata por encima de la sustentabilidad, la salud y la soberanía de los territorios.
Tras el hallazgo de peces muertos en torno al Dique Cuesta del Viento, desde la Asamblea de Vecinos Jáchal No se Toca de San Juan denunciaron “un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero (de Barrick Gold) en la cuenca del río Jáchal”. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informaron que, según un estudio, la muerte de esos peces se debió a un fenómeno natural por “niveles bajos de oxígeno disuelto”. Sin embargo desde la Asamblea ya realizaron presentaciones ante la justicia que desmienten la versión oficial. Compartimos comunicado.
LA MORTANDAD DE PECES, AGUAS ABAJO DE VELADERO, SE JUDICIALIZÓ
La Asamblea Jáchal No Se Toca informa que aportó pruebas, que desbaratan la versión oficial del gobierno de San Juan, a las Actuaciones judiciales investigativas por la situación en el Dique Cuesta del Viento. Legajo N° MPF-JA-00734-2025.
El lunes 3 de noviembre de 2025 aparecieron miles de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento (Iglesia-San Juan-Argentina).
El jueves 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la comunidad que, “Las evidencias preliminares obtenidas indican que el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia) en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica”.
El viernes 7 la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó análisis junto a especialistas para conocer las condiciones de oxígeno disuelto en el agua en diferentes sectores del Dique Cuesta del Viento. Los resultados dan cuenta que no hay problemas de oxígeno disuelto ya que las mediciones realizadas varían entre 7,84 mg/L y 9,16 mg/L. Es decir, son niveles óptimos de oxígeno disuelto para los Pejerreyes. Cabe aclarar que los Pejerreyes pueden vivir sin ningún tipo de problemas con 6 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua.
Este 11 de noviembre, la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentó ante la Unidad Fiscal del Norte (Jáchal) para realizar la denuncia penal y se encontró con la grata noticia que el día miércoles 5 el Fiscal de turno ya había iniciado una investigación penal por el delito de envenenamiento de agua en el Dique Cuesta del Viento. Por ello, se sumaron evidencias que dan cuenta de las condiciones óptimas del oxígeno disuelto en el agua mientras seguían apareciendo pejerreyes muertos en la orilla del Dique. Esto quiere decir que la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan mintió.
Por lo expuesto, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca se le exige al Sr. Gobernador Marcelo Orrego que el gobierno provincial diga la verdad de lo ocurrido con pruebas técnicas fehacientes y confiables (resultados de metales pesados y otros compuestos de la actividad minera a través de análisis de agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal que son los que aportan el agua al Dique Cuesta del Viento, también análisis de metales pesados en barros y peces del mencionado dique) y al Intendente Matías Espejo que convoque, en forma urgente, a la UNCuyo de Mendoza para realizar los análisis de agua según la Ordenanza Agua Segura, ya que hace dos años que no se hacen esos análisis.
Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad
La Conferencia de las Partes (COP) es la principal instancia de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Reúne a 198 partes (197 países y la Unión Europea). Este año, se realizó en Belém, en el norte de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.
A diez años del Acuerdo de París
La COP30 se convocó al cumplirse una década del Acuerdo de París, cuando los gobiernos del mundo se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para que la temperatura global no superara, durante el siglo, un aumento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Superar ese límite supondría abrir un escenario incierto y de riesgos catastróficos para el conjunto de la especie humana.
La realidad es que la temperatura media de los últimos tres años ya superó ese umbral. En 2024 incluso alcanzó los 1,6 grados, lo que lo convierte en el año más caluroso de los últimos 125 mil del planeta.
El informe publicado por la Universidad de Oxford, El estado del clima en 2025: un planeta al borde del abismo, recopila investigaciones que señalan que de 34 signos vitales planetarios relevados, 22 se encuentran en estado de emergencia.
En ese marco, se destaca que en 2024 los incendios forestales aumentaron un 370%. La masa de hielo de Groenlandia y de la Antártida se encuentra en mínimos históricos de volumen, incluso pasando puntos de no retorno que amenazarían con provocar metros de aumento en el nivel de los mares.
Este escenario se expresa también en el huracán más potente de la historia, que azotó a Jamaica la última semana, y en los extremos climáticos que vivimos en la Argentina: por un lado, temporales e inundaciones; por otro, sequías e incendios cada vez más frecuentes. De mantenerse el ritmo actual de aumento de la temperatura global, los costos asociados a los llamados “desastres naturales” derivados del calentamiento global implicarían, de acá a 2050, una pérdida del Producto Bruto Mundial de 18 billones de dólares, el equivalente a multiplicar por seis las pérdidas de los dos años de pandemia de Covid-19.
Más grave aún: esta dinámica expondría a la muerte a unos dos mil millones de personas y multiplicaría exponencialmente las migraciones forzadas provocadas por la crisis climática.
Persecución judicial, criminalización, detenciones arbitrarias y represiones. Son algunos de los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo interpeló al Estado argentino y estableció que el gobierno de Catamarca no emita nuevas autorizaciones en el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El rol clave de la Asamblea El Algarrobo.Por Ana Chayle, desde Andalgalá (Catamarca), para Agencia Tierra Viva.
El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puso en la mira internacional al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.
La demanda internacional se enmarca en un reclamo que cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Vigilancia, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones son algunos de los hechos denunciados que, junto con la negación de justicia, determinaron la presentación de los vecinos ante el organismo interamericano.
Implicancias del avance judicial
El requerimiento de la CIDH al Estado argentino implica que el gobierno de Catamarca “no puede autorizar nuevos trabajos en el yacimiento minero Agua Rica”, afirma Mariana Katz, representante legal de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda internacional. En diálogo con Tierra Viva, la abogada explica que “técnicamente, la provincia de Catamarca pierde la potestad o la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que pase con el yacimiento Agua Rica, porque al haber una demanda internacional cualquier acción que realice la provincia de Catamarca va a tener una repercusión directa en el reclamo internacional y, por lo tanto, las acciones que realice la provincia van a recaer en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Además, la internacionalización de la causa supone un cambio sustancial de los actores del pleito. Debido a esto, los vecinos de Andalgalá ya no litigarán con el Estado provincial sino con el Estado argentino, a través de Cancillería de la Nación. Katz explica que, al haber adoptado el país el sistema federal, “cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece”. Por esto, “el sujeto que tiene que dar respuestas a la demanda internacional es el Estado argentino”, refiere.
La CIDH, creada en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Junto con otros tratados internacionales, esta declaración tiene raigambre constitucional en Argentina, por lo cual el Estado está obligado a cumplir con sus disposiciones.
6/8/2025. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, arrojó otra sobre Nagasaki. Miles murieron calcinados o tras una lenta agonía por la radiación. Harry Truman, presidente yanqui, dijo que era la única forma de terminar la guerra.
A fines de julio y comienzos de agosto de 1945, en la localidad alemana de Potsdam, la antigua capital prusiana, se encontraban los líderes de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en Europa: el presidente norteamericano, Harry S. Truman; el primer ministro británico, Winston Churchill (reemplazado por el laborista Clement Attlee); y Iósif Stalin, de la URSS. Tras las rendiciones italiana y alemana a comienzos de mayo, “los tres grandes” definían las reparaciones de guerra y el reparto del mundo de posguerra, y garantizaban la reconstrucción y un nuevo orden capitalista gracias a la traición de Stalin.* La guerra continuó en el Pacífico, ya que Japón aún no había capitulado.
Un día antes de iniciada la Conferencia de Potsdam, Truman recibió el mensaje: “el niño nació bien”. El telegrama en clave no se refería a un tierno acontecimiento, sino a que el “Proyecto Manhattan”, dirigido por el físico Robert Oppenheimer en Los Álamos (Nuevo México), había logrado su objetivo: crear la bomba atómica.** La noticia llenó de optimismo a Truman, quien vio en la bomba atómica un instrumento clave para volcar las negociaciones a su favor y consolidar la hegemonía imperialista estadounidense.
Destructor de mundos
El 6 de agosto, a solo cuatro días de finalizada la conferencia, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, que contaba con 250 mil habitantes. Era la primera vez en la historia que se lanzaba una bomba atómica. La ciudad fue devastada.
La explosión generó una bola de fuego que, en el hipocentro (área de impacto de la bomba), alcanzó una temperatura de 4 mil grados centígrados. El efecto del calor provocó inmediatamente una onda expansiva que derribó todo a su paso. En diez segundos, el viento feroz ya había avanzado casi cuatro kilómetros a la redonda. A medida que la onda expansiva se debilitaba, una succión de aire y una presión inversa se generaron desde el hipocentro: el viento se revirtió y empezó a soplar a la misma velocidad, pero ahora hacia el centro. No quedó nada en pie en un radio de tres kilómetros. Todos los hogares sufrieron daños severos hasta seis kilómetros de distancia. Después de veinte o treinta minutos, comenzó a caer una espesa “lluvia negra” en un área de 30 kilómetros a la redonda, que contenía hollín y polvo radiactivo.
Cerca de 150 mil personas murieron por efecto de la bomba, entre los afectados instantáneamente y quienes fallecieron en las semanas o meses siguientes producto de la radiación. Todos los que estaban en un radio de 1,2 kilómetros del hipocentro perecieron calcinados. A dos kilómetros de distancia, las quemaduras alcanzaban el 100% de la piel, que se desprendía en tiras. Los que se encontraban hasta a cuatro kilómetros del hipocentro sufrieron severas quemaduras en las partes del cuerpo expuestas al aire.
Miles de personas ingresaron al área al día siguiente en busca de heridos o de familiares desaparecidos: muchos murieron posteriormente, tras padecer horribles malformaciones en la piel. Aún para 1960 se observaban efectos residuales, especialmente leucemia, cáncer de tiroides, mama y pulmón. Las mujeres embarazadas expuestas a la radiación sufrieron abortos espontáneos y, en una tasa desproporcionadamente alta, dieron a luz niños con diversas discapacidades.
Tres días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Los resultados fueron igualmente devastadores. Las cifras oficiales hablan de más de 250 mil asesinados en ambos bombardeos. El 15 de agosto el emperador japonés Hirohito anunció la rendición.
Años después, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, convertido en un abierto opositor a la carrera armamentista, recordó con cierta amargura que, tras la detonación exitosa en Nuevo México, pensó: “me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”.***
Publicado en Dossier, Guerra y genocidio en Palestina: colonialismo y resistencias en tensión, Nuestra América
El genocidio sistemático del sionismo hacia el pueblo palestino está siendo televisado y replicado en redes sociales frente a los ojos del mundo entero. La destrucción, la muerte, el saqueo y la violencia están todas juntas, diseminadas en un pequeño territorio frente a las costas del Mar Mediterráneo. El pueblo palestino, particularmente en Gaza, está sufriendo una segunda Nakba más cruel y más profunda que la primera.
Más de 35.000 asesinades, la mayoría mujeres e infancias, miles de casas destrozadas, casi ningún hospital en pie, el acceso al agua y el servicio eléctrico fueron diezmados y más de un millón de personas se convirtieron en refugiadas. Estas son algunas de las brutales consecuencias provocadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a 7 meses de la contraofensiva israelí, luego de los ataques de Hamas el pasado octubre.
A pesar de las exigencias de los pueblos del mundo para que se detenga la violencia, e incluso con una resolución de la ONU en la que se exigió un cese al fuego, el asedio no se detiene y goza de una magnánima impunidad frente a todas las violaciones de derechos humanos que comete. Pero para comprender los hechos cabe reforzar algo muy importante: la ocupación no comenzó el 8 de octubre, son 76 años de colonialismo, saqueo y destrucción de los cuerpos y territorios del pueblo palestino.
Si bien mucho se dice y analiza sobre este mal llamada guerra —porque no es otra cosa que un genocidio—, y existen serios y profundos análisis del caso, poco se menciona del carácter profundamente extractivista que tiene esta ocupación. Es en esta perspectiva que pone el foco en los territorios, los bienes comunes y su despojo, que este artículo pretende analizar la ocupación israelí. Para ello daremos a conocer a un actor que opera tras bambalinas y del que poco se sabe aunque sea uno de los pilares centrales para la realización, profundización y viabilidad del apartheid: la empresa estatal de agua israelí, Mekorot.
Colonialismo de colonos
Desde el comienzo de la ocupación en 1948, más del 80% del territorio de la Palestina Histórica fue anexado por el Estado israelí violando así el Plan de Partición (1947,ONU) en el que se preveía sólo un 40 % de las tierras para la constitución del mismo. Ahora bien, hablar de anexión de un territorio no se circunscribe estrictamente a la pérdida de tierra disponible para una población, sino también a la capacidad de reproducir la vida, a la libre circulación y a la posibilidad de sostener prácticas culturales, religiosas o económicas.
A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos israelíes implementaron un plan sistemático de limpieza étnica hacia el pueblo palestino mediante métodos opresivos basados en la expoliación de los bienes comunes y de los territorios. Además de incontables violaciones a los derechos humanos, como la construcción de muros, la criminalización, la persecución y el asesinato, el sionismo centró parte de su estrategia colonialista en la destrucción o monopolización de los bienes comunes del pueblo palestino.
Mediante el avance violento de asentamientos ilegales, aplicando desalojos forzosos a las familias palestinas e instalando allí a colonos israelíes, destruyendo casas, poblados y campos agrícolas, principalmente de olivos —práctica milenaria del pueblo palestino—, privatizando los servicios públicos, prohibiendo la libre circulación, generando desempleo y pobreza, es que profundizan el apartheid y el asedio. Pero hay un elemento clave para la concreción material de estos asentamientos que es vital para el expansionismo sionista: el agua.
