Virginia Aparicio es investigadora del Conicet y podría ser desplazada de la
Administración pública.
Desde hace décadas evalúa de qué manera los agroquímicos pueden afectar los ambientes y la salud humana. En el presente buscan apartarla de su cargo con acusaciones infundadas.
Al ingresar al sitio oficial del Consejo, según se lee, su tema de investigación es: “Transporte vertical de plaguicidas en sistemas intensificados de producción de granos”. En otras palabras, desde hace décadas se concentra en analizar de qué manera los agroquímicos afectan a los ambientes y la vida humana. Desde que asumió Milei, existe una persecución en su contra y, en el presente, denuncia que buscan exonerarla, es decir, desplazarla de la administración pública. En sus propias palabras: “quitarme mi identidad científica”. “Me lo comunicaron de manera extraoficial. Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial”, dice la científica a Página/12. Y completa: “Toda la vida hubo tensión en torno a los temas que investigo. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”.
Aparicio estudia cómo los químicos aplicados al agro perjudican la flora, la fauna, la tierra y la salud humana. Aunque siempre fue un tema espinoso que hizo ruido a los gobiernos de turno –en la medida en que la matriz productiva argentina se sustenta en los dólares que provienen del campo– durante los últimos días, la situación tomó otro cariz. En concreto, a Aparicio le informaron la intención de apartarla de la actividad científica por su participación en un proyecto internacional denominado Sprint, que en su momento generó orgullo para la ciencia del país.
En 2020, luego de que el macrismo convirtiera al sector científico y tecnológico en tierra arrasada, el trabajo de Aparicio fue incorporado en un consorcio internacional y el INTA recibió una partida considerable de euros. Lo relata así: “Con el proyecto Sprint tuvimos la oportunidad de tener financiamiento de la Unión Europea en un momento en que el INTA estaba muy desfinanciado. Por este motivo, traer recursos de otros lugares del mundo fue muy importante y nos permitió analizar más de 200 plaguicidas”. A nivel general, el proyecto se aprobó con 14 millones de euros y una parte se destinó al organismo argentino.
La especialista explica: “Las imputaciones forman parte del secreto de sumario. No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública, pero pienso que hay una suerte de sucesos encadenados que permiten entender un poco. Pude saber que las autoridades del INTA creen que, de alguna manera, perjudiqué económicamente al Estado nacional. Tengo las pruebas de que eso no ocurrió. La plata del proyecto ingresó a una cuenta de INTA y se siguieron todas las reglas administrativas. Tuvo una auditoría favorable en Argentina y luego se rindió en Europa y pasó lo mismo. Para colmo, cuando el gobierno actual, en 2024, decidió que nos teníamos que bajar del proyecto, hubo que devolver la parte de los fondos que no fue utilizada”.
Su investigación tiene como desafío la protección de los recursos naturales. Precisamente, si algo no le interesa a este gobierno es lo que suceda con la salud del ambiente, y mucho menos con la salud de las personas.