El proyecto Sprint se traduce como: “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global”. Comenzó a gestarse en 2018 y en septiembre de 2020 se inició formalmente con el financiamiento de la Unión Europea. Un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos –junto con colegas en Argentina (INTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)– concentraron sus esfuerzos en evaluar el impacto de los plaguicidas.
Lo paradójico es que el mismo INTA que hoy quiere desplazarla, celebró en su momento con bombos y platillos el acuerdo. A través de sus canales de comunicación realizó una cobertura del inicio y le dio seguimiento al proyecto, mediante artículos en los que se reivindicaba un “enfoque que apostaba a la salud global”. Sprint se gestó para “desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos para la salud mundial con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas”. Buscaba mejorar el uso sostenible de plaguicidas a través del diálogo entre la evidencia científica, los productores y los decisores de política pública.
En una primera instancia, Aparicio y su equipo, como los únicos representantes de Sudamérica, midieron la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. El propósito era estudiar cómo, en baja cantidad y aplicados de manera prolongada, más de 200 plaguicidas podían tener efectos considerables.
En 2023, debía continuar con la siguiente etapa del proceso y reunirse con los productores para comentar lo que había encontrado, pero las autoridades del INTA le prohibieron ese encuentro. En 2024, el Instituto decidió ir un paso más allá y pidió abandonar el consorcio. Luego le iniciaron a la científica una investigación sumarial; todo por investigar el modo en que los agroquímicos podrían afectar la salud del ambiente y las poblaciones.
Aparicio amplía el derrotero: “Ahora me quieren exonerar por un proyecto que en su momento fue aprobado por las autoridades, a través de la firma de un convenio. Cuando comenzamos a recolectar y procesar los primeros datos, desde el INTA comenzaron a visualizar el caudal de información generado y me pidieron suspender una reunión y luego salir del proyecto. Más tarde, me iniciaron una investigación sumarial”.
Entre los principales resultados que reportaron en Argentina, la investigación logró documentar la existencia de mezclas de más 200 plaguicidas en suelo, en agua, en materia fecal, orina y sangre humana y animal. Los investigadores lograron evidenciar “la ruta del plaguicida”, es decir, reportar cómo están distribuidos en el suelo local y apuntar a cómo están combinados, porque no se sabe cómo afectan al organismo cuando más de uno ingresa al mismo tiempo.
La científica justifica por qué es valioso el aporte: “Entre otras cosas, identificamos las principales muestras en la sangre humana y el posible efecto crónico que tiene en la salud. También se estableció una especie de ‘caja de herramientas’ para realizar mejores estudios toxicológicos. Confirmamos que los productores convencionales tienen mayores concentraciones de estos químicos en relación a los productores agroecológicos”.
Una carta de rechazo
Ante la injusticia contra una investigadora del Conicet y del INTA que podría ser exonerada por el hecho de investigar algo que molesta a las autoridades gubernamentales, circula una breve carta en la que se reconocen sus aportes científicos y se invita a firmar “en defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar”. En el texto se lee: “Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes expresamos nuestro acompañamiento a la Dra. Virginia Carolina Aparicio, investigadora del INTA e Investigadora Independiente del Conicet en Balcarce, y nuestra preocupación ante la decisión de avanzar con su exoneración de la Administración Pública Nacional”. Y continúa: “Virginia Aparicio cuenta con una extensa trayectoria científica en el estudio de suelos, agua, producción agropecuaria y plaguicidas, en proyectos nacionales e internacionales”.
Hacia el final, el documento refiere: “Defendemos una ciencia pública en la que sea posible investigar, producir conocimiento y comunicar sus resultados con libertad, responsabilidad y transparencia. Por ello, solicitamos a las autoridades del INTA que no hagan efectiva la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio y que garanticen plenamente su derecho de defensa y el debido proceso”.
De acuerdo a Scopus, la base bibliográfica que reúne y mide la producción de los científicos, Aparicio fue citada más de 3100 veces por colegas, publicó 91 papers y fue coautora en 270. Posee una productividad científica y un impacto considerable en la academia, de manera que la calidad de su trabajo no está en discusión. Lo que las autoridades buscan atacar al querer apartarla es la libertad de investigación, uno de los pilares sobre los que se edifica la actividad científica en todo el mundo. Resultó curiosa la libertad que defiende el gobierno.
Fuente: www.pagina12.com.ar/2026/09/26/el-gobierno-quiere-silenciar-a-la-cientifica-del-inta-que-estudia-la-ruta-de-los-plaguicidas-en-argentina/