Ahora el Ejecutivo comunica con orgullo la aprobación del decreto Maricarmen, pero la realidad es que es únicamente fruto de la presión popular. Un decreto que ha dividido en dos, separando del resto de medidas los contratos de alquiler indefinidos, para garantizar que el PNV y Junts lo tumben, una maniobra que ya utilizó el PSOE de Felipe González en 1985 con el Decreto Boyer. El decreto recoge la mayoría de las demandas con diversas medidas. En materia asistencial, frena los desahucios a personas vulnerables hasta 2030, aunque esta medida ya estaba incluida en la moratoria tumbada a principios de este 2026. Además, pasa a regular bajo la LAU de 2019 el alquiler por habitaciones y el temporal, tapando un agujero legislativo que nunca debería haber existido. Para atacar la especulación, prohíbe hasta 2028 que los fondos de inversión compren pisos por un precio inferior al 70 % de su precio de mercado; esta medida va en la dirección correcta, pero se queda muy corta: nosotras pedimos la prohibición total de la venta de pisos a cualquier precio por parte de fondos de inversión. Asimismo, impide a los grandes tenedores subir el precio si la renta ya está por encima del tope de referencia, aunque los topes se hayan estabilizado en valores vergonzosos a precio de mercado. En esta línea, ofrece bonificaciones de hasta el 100 % del IRPF a los rentistas para que no suban o reduzcan un 5 % los precios de los alquileres. ¿No es esto una indemnización? ¿No es esto legitimar la extracción de beneficios a costa del derecho a la vivienda?
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos frontalmente contra estas medidas neoliberales y temporales. Es una vergüenza tener que sufragar con recursos públicos a un grupo de parásitos del sistema y continuar permitiendo que la vivienda sea una mercancía más sujeta a las dinámicas capitalistas. El PSOE legisla para gestionar las migajas que quedan del parque de vivienda acumulado en manos privadas. Intenta imponer una falsa paz social, dando paliativos a la clase trabajadora y contentando al gran capital inmobiliario. Pero la realidad es que es una situación insostenible: la vivienda nunca será un derecho garantizado mientras exista el rentismo y se permita que sea un bien de mercado.
El Gobierno sabe esto, pero no aborda el problema, y no les convenceremos con buenas palabras ni acuerdos parlamentarios. Debemos obligarles a través de la movilización popular y con una de las herramientas más potentes de la clase trabajadora: la huelga general. La plataforma «Ens costa la vida» ya realizó una encuesta en todo el territorio catalán y encontró una mayoría de la clase trabajadora dispuesta a ir a la huelga por la vivienda. Y si la huelga general no es una realidad hoy en día, es por la connivencia de sindicatos como CCOO o UGT, que llevan años diciendo «todavía no». Para avanzar en la preparación de la huelga general es urgente organizarse en los barrios y en los centros de trabajo y de estudio; necesitamos la confluencia de movimientos sociales, sindicalismo de base y sindicatos de inquilinas, que exijan a la burocracia sindical de CCOO y UGT romper la paz social con los especuladores y fondos de inversión, y que se sumen al clamor popular contra los desahucios y por un parque de vivienda pública.
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos junto al movimiento por la vivienda, exigiendo la paralización inmediata de los desahucios, el cierre de los pisos turísticos, la intervención de los precios del alquiler para que no superen el 20 % de los salarios, la expropiación sin indemnización económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100 % pública.
La lucha por el derecho universal a la vivienda forma parte de la lucha contra el sistema capitalista, y comienza uniendo a todos los sectores laborales y avanzando hacia la huelga general.
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