Por Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español
2/10/2026. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y se ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario. No aceptamos el discurso de la meritocracia ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.
Según el CGPJ, hace 10 años, el 50% de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 fueron el 75%. Estos datos están ligados a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora respecto al mercado inmobiliario. La realidad es que en 2000 una persona con contrato indefinido y sueldo medio podía acceder a una hipoteca con 31 años y pagarla en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo. Y cae con mayor fuerza cuando se conoce que en el 2025, el 35% de viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas, por muchas horas que trabajen, y por mucho que ahorren, pueden pagar al contado un piso? Estos pisos pagados al contado son adquisiciones de grandes propietarios y fondos de inversión, que ahogan a la clase trabajadora con la complicidad del “gobierno más progresista de la historia”.
El Estado trabaja al servicio del capital, ejerciendo una violencia institucional estructural sobre la clase trabajadora, y el Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice de ello. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda, como en el desahucio de Maricarmen en Madrid. Avala un poder judicial que ejecuta desahucios incluso con protocolos antisuicidio activados, que acaban teniendo consecuencias fatales como el suicidio de Olga o el de Javier, vecinas de L’Hospitalet. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría a costa nuestra.
El Gobierno de Pedro Sánchez, ni con Sumar ni con Podemos, no ha puesto freno a la precarización de la clase trabajadora. La ayuda del bono de alquiler joven o la bonificación del IRPF a los rentistas son una transferencia descarada de dinero público a manos privadas. La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de pisos por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras. Asimismo, haber dejado fuera de la Ley de Vivienda de 2019 (LAU 2019) los alquileres de temporada o por habitaciones permite que esas mismas manos rentabilicen salvajemente hasta el último metro cuadrado.
Otro ejemplo claro es el traspaso de las 40.000 viviendas de la SAREB a Casa 47, la nueva empresa pública estatal que ha sustituido a SEPES. Un modelo que pretende ofrecer vivienda asequible pero que excluye a personas con rentas inferiores a dos veces el IPREM, distribuye los pisos mediante sorteo y externaliza su gestión a servicers y fondos de inversión. Además, durante este traspaso continúan los desahucios y el acoso inmobiliario, en lugar de regularizar la situación de las familias que ya viven allí, tal como exige el movimiento por la vivienda.
