La Corte Suprema ordenó reactivar una causa por delitos económicos durante la dictadura.
POR JUAN MANUEL MANNARINO DIC 3, 2023
El 25 de abril de 1977, en Córdoba, hubo un plan especial de secuestro. A cargo de la Brigada de Infantería, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez supervisó la cadena de mandos y se encargó de pulir los detalles. Fue algo inédito: esa noche, en varios operativos secuenciados y simultáneos, detuvieron a personal jerárquico de la empresa Mackentor S.A., tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires.
–¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las armas? –preguntaron los represores a José Miguel Coggiola, uno de los 19 directivos secuestrados.
–No entiendo de qué me hablan –respondió Coggiola, sorprendido.
–Ustedes financian la subversión. No te hagás el boludo– insistieron los verdugos. Minutos después, le pusieron un revólver en la nuca y vendaron sus ojos.
Mackentor era un grupo empresario, de capitales nacionales, especialista en la construcción vial e hidráulica. Con cerca de 400 empleados, había realizado obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. A su vez, tenía dos empresas anexas: Horcen y Empresa del Interior. En los ’70, mientras crecía la industria nacional y la alianza obrero-estudiantil tras el Cordobazo, Mackentor representaba una concepción que lejos estaba de la ortodoxia económica. La novedad principal era que su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que obtenía participación en las ganancias. El grupo estaba en auge: había construido la Ruta Nacional 3 y en el barrio Las Flores de Córdoba tenía el as en la manga: una fábrica de tubos para conductos de alta presión, pionera en el país.