Los militares se obsesionaron. Creían que el grupo financiaba a la guerrilla. Pero los empresarios no eran militantes ni tenían relación alguna con organizaciones políticas ni sindicales. Había, en realidad, otro nexo: Kejner tenía una íntima amistad con Gustavo Roca, abogado de presos políticos de izquierda, quien a su vez fue síndico de Mackentor. Tras el golpe de marzo del ’76, Roca debió exiliarse, siendo uno de los primeros en denunciar en el exterior las violaciones a los derechos humanos. Menéndez lo consideraba un enemigo público. Y ordenó perseguir a los empresarios. Enterado, Kejner se fue del país
Sólo ellos lograron escapar. Pero el cerco fue inmediato: se ordenó el secuestro de más de 20 personas entre directivos, empleados y familiares del grupo empresarial en Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, tomaron por asalto diez propiedades de la empresa. A los directivos los llevaron a los centros clandestinos de La Ribera y La Perla. Allí fueron torturados y sufrieron simulacros de fusilamiento. En esta situación estuvieron Marta Kejner –a cargo de la compañía–, Ángel Sargiotto, Ramón Ramis, Enzo Manassero, José Miguel Coggiola, Carlos Zambón y Hermenegildo y Luis Paván, entre otros.
En cuestión de días, como si tratara de un trámite exprés, el juez Adolfo Zamboni Ledesma firmó la ocupación militar de las empresas, acusándolas bajo la figura de “asociación ilícita y encubrimiento”. Nunca, sin embargo, se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época. Los represores mantuvieron la planta de empleados, pero la desguazaron por mala administración, robaron algunos de sus bienes y, además, la hicieron desaparecer del mercado por su débil poder de competencia. Vaciada a través de la transferencia ilegal de activos hacia empresas amigas del poder militar, y mientras los integrantes y directivos de la empresa Mackentor habían sido privados de la libertad y eran sometidos a tortura, se les rescindió el contrato para la construcción del Acueducto San Francisco-Villa María. De inmediato, el mismo fue readjudicado a Supercemento Sociedad Anónima, grupo cercano a Menéndez.
El caso Mackentor, en rigor, fue uno de los 21 expedientes que formaron parte de la megacausa La Perla, por delitos de lesa humanidad. Había un vínculo directo: buena parte de las víctimas del grupo empresarial pasó por los centros clandestinos del circuito represivo provincial. La particularidad fue que, por primera vez en dicha provincia, se habían agregado dos delitos de tipo económico: la usurpación y el robo calificado. Sin embargo, en 2016 un tribunal federal cordobés condenó solamente a Luciano Benjamín Menéndez por los secuestros y las torturas de los empresarios. De ese modo el fallo llegó hasta la intervención judicial de la empresa, por lo que los delitos económicos quedaron impunes.
Cuando el caso parecía dormido, luego de idas y vueltas con apelaciones y rechazos, la querella conoció en los últimos días una noticia impensada: la mismísima Corte Suprema de la Nación dio lugar a que la causa retorne a la Cámara de Casación Penal, que había rechazado tratarla. Le ordenó, en efecto, que dicte una nueva resolución, en línea con la jurisprudencia por delitos de lesa humanidad y amparándose en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se insta al Estado a investigar, castigar y reparar a sus víctimas. Para la Corte, lo actuado por la Cámara fue de notoria gravedad, ya que “los hechos omitidos son muy relevantes” (ver fallo completo).
El abogado Juan Carlos Vega, parte de la querella, había pedido la nulidad de todas las decisiones judiciales que continuaron a la ocupación militar de la empresa Mackentor, desde el 25 de abril de 1977 a la fecha. “La intervención judicial –así como los actos que en ese marco fueron realizados– formaron parte del plan sistemático llevado a cabo en la última dictadura militar, siendo que la intervención del Poder Judicial de la Nación –por medio del juez Zamboni Ledesma– solo otorgó una fachada de legalidad a los actos que se encontraban viciados. La decisión del juez debía ser analizada en el contexto en el que fue dictada, el cual permite inferir que su objetivo fue simplemente darle un marco formal de legalidad a la usurpación y vaciamiento que se llevó a cabo con la empresa”, dictaminó ahora el fallo de la Corte.
Es la primera vez que los delitos civiles por el caso Mackentor son mencionados de ese modo desde que la causa recorre la Justicia Federal provincial. En 1985 los Kejner, dueños de la empresa, intentaron recuperar lo perdido pero no pudieron, dado que el expediente había prescrito. La causa resucitó en 2012, cuando se revocó el fallo al considerarse que se trataba de delitos de lesa humanidad, y luego llegó a juicio oral con la condena a Menéndez. Además de la complicidad empresarial, el fallo de la Corte también deja abierto el examen de la complicidad de la Justicia durante el Terrorismo de Estado, a partir de considerar que Zamboni Ledesma continuó la acción de los militares que usurparon la empresa.
Otra arista que se desprende tras la resolución de la Corte es que el grupo Macri aparece nuevamente en el radar de la complicidad con los represores. El principal beneficiario del vaciamiento de Mackentor había sido el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, un negocio de 8 millones de dólares de aquella época.
Para el periodista Fabián García, especialista en el tema, el capítulo Mackentor formó parte de una secuencia de apropiaciones de empresas en el país. Primero fue el secuestro de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y la cúpula y empleados de ese grupo en marzo de 1977 para obligarla a vender Papel Prensa. Luego, la intervención de Aluar en mayo del ‘77, uno de los pasos de la feroz persecución a José Ber Gelbard, accionista de Aluminio Argentino (Aluar), presidente de la Confederación General Económica (CGE) y ministro de Economía de los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.
Según el fiscal Facundo Trotta, que lo investigó durante la megacausa La Perla, el grupo Mackentor venía “pegando muy fuerte” con las obras viales: “Había una cuestión ideológica, de burguesía nacional. En el sentido de que, como empresarios argentinos, luchaban por adjudicarse la obra pública y dejar las regalías en el país”. Además estaba la cuestión ética: Kejner había renunciado a la Cámara de Construcción porque comprobó que en las licitaciones existía corrupción. En el establishment, Mackentor empezó a ser vista con malos ojos.
Tiempo después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absolvió a los empresarios –por no haber encontrado pruebas– pero la justicia civil los siguió acusando. La empresa continuó intervenida hasta el fin de la dictadura. Tras el retorno a la democracia, Mackentor demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, aunque el reclamo fue rechazado por entender que los hechos habían prescrito.