El derrotero del grupo empresarial fue digno de una película de terror. Así lo explicó el fiscal: “Primero me robás la empresa. Después me secuestrás, me torturás o hacés que me tenga que exiliar. Me inventás un pretexto para robármela. Luego vuelvo al país, te digo que ese pretexto es falso, que me la tenés que reintegrar como estaba, y además me tenés que resarcir por daños y perjuicios por los años que me quitaste la empresa de forma ilegal e injusta. Pero me respondés que llegué tarde para reclamar, me condenás por ese reclamo, me hacés pagar los honorarios y provocás que vaya a la quiebra. Es de locos”.
Mackentor, entonces, se declaró en quiebra en 2002. Para la querella, el “horror” del caso desnudó la complicidad civil como ningún otro en la provincia. “La Justicia Federal de Córdoba siguió intacta después de la dictadura. Encubrió, frenó y obstaculizó cualquier reclamo y lo hizo a través de actos judiciales. Lo que Menéndez no había logrado, lo logró la Justicia cordobesa. Es decir, la quiebra de Mackentor. Encima, a Kejner se le prohibió salir del país porque la quiebra era sospechosa de ser fraudulenta. Nuestra estrategia fue pedir las nulidades de la intervención de la Justicia, declarar la responsabilidad del Estado y ordenar la reparación económica y moral. No hay tiempo biológico para hacer otro juicio”.
La querella citó el caso de Papel Prensa como antecedente. Allí el Estado pidió la nulidad de los actos de venta del paquete accionario mayoritario a Clarín, La Nación y compañía por tratarse de una venta en el contexto de persecución masiva de personas y a precio vil. “Mackentor es mucho más que Papel Prensa porque hay más víctimas, y acá robaron, no hubo siquiera venta”, enfatiza la querella.
También se refirió al caso de la apropiación de empresas de los hermanos platenses Alejando y Carlos Iaccarino y el desapoderamiento de los bienes de la familia Siderman en Tucumán. “Son casos parecidos, por cómo usurparon las empresas más allá de motivos diversos. Pero en Mackentor la prueba es demoledora. Acá aparecen los ganadores. Antes aparecían Menéndez, Barreiro y los represores ilustres. Ahora están los cómplices: las empresas y la Justicia. Con eso, tenemos un cuadro completo de lo que se vivió en el Terrorismo de Estado en Córdoba”.
La complicidad empresarial y judicial, en tiempos de negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, se meten en el centro del debate político. Con un actor insospechado, apoyando su juzgamiento: la Corte Suprema de la Nación.
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