Asimismo, se registraron hasta la fecha 58 ataques por parte de las fuerzas israelíes a las fuentes hídricas, 7 en Gaza, entre ellos el bombardeo de una planta desalinizadora. El sistema de aguas residuales dejó de funcionar, el 83% de los pozos de agua subterránea no están operativos, dos de las tres plantas desalinizadoras trabajan parcialmente y solo uno de los tres acueductos de Mekorot transporta agua pero lo hace al 42% de su capacidad. En Cisjordania se llevaron a cabo el 88% de los ataques a reservas hídricas, y el 62% fueron cometidos por colonos que intensificaron la violencia. Estos ataques, con la intención de perjudicar a la población, son considerados crímenes de guerra.
Israel vierte cemento en manantiales de agua al sur de la ciudad ocupada de Hebrón, para evitar que los palestinos los utilicen en la agricultura.
Mekorot en Abya Yala
Desde el siglo pasado, la lucha y resistencia del pueblo palestino ha sido referencia para muchos movimientos y organizaciones políticas y sociales del Abya Yala. Existen además cantidad de asociaciones y entidades de la diáspora Palestina que con mayor o menor extensión y articulación en los distintos territorios mantienen viva la causa, destacándose la tarea del Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción (BDS).
Por otro lado, las luchas por el agua en la región han motorizado importantes procesos de organización y articulación, entre los más diversos sectores y saberes, logrando importantes conquistas, a nivel reivindicativo e institucional. La Guerra del Agua en Bolivia (2000), sembrando el camino para la llegada de Evo Morales al gobierno; el plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, para la reforma constitucional (2004), que puso en manos del Estado en forma exclusiva la gestión del agua potable y saneamiento en Uruguay, declarando su acceso como derecho humano fundamental, mucho antes que las Naciones Unidas. El movimiento antirrepresas en Centroamérica y el ejemplo de Berta Cáceres; en Argentina el No a La Mina en Esquel (2003), y las puebladas contra las megamineras en La Rioja, Mendoza y Catamarca, por mencionar sólo algunos hitos.
Como hemos señalado, Israel opera desde sus inicios como un régimen colonial. Busca profundizar su hegemonía económica y política apostando a un fuerte desarrollo militar y de seguridad, controlando los principales bienes naturales del territorio ocupado. Lo hace además, ejerciendo el apartheid como mecanismo institucional de limpieza étnica hacia la población originaria de ese territorio. Desde esa convicción analizamos la expansión de Mekorot en nuestra región, en el marco del conjunto de intereses que históricamente tiene el sionismo en nuestros países. Vale la aclaración, puesto que en nuestros territorios, algunos sectores, incluso desde un pensamiento progresista, destacan el modelo de gestión de la empresa, su desarrollo tecnológico, sus logros, etc. divorciando estos aspectos del principal rol que ha cumplido toda la vida: gestionar el agua desde una relación de dominación de un pueblo sobre otro.
Mekorot se posiciona internacionalmente como ‘líder en la gestión de recursos hídricos’, por su desarrollo en tecnología, sus enormes plantas de desalinización y el reciclado de efluentes. A su vez, alimenta el mito del ‘milagro israelí’, por haber ‘transformado un desierto en un oasis’, omitiendo por supuesto, el despojo del territorio palestino y el robo de sus principales fuentes de agua. En Latinoamérica, Mekorot ofrece principalmente servicios de consultoría: asesoramiento en la gestión hídrica, monitoreo, planificación de políticas, diseño de proyectos y capacitación, entre otros. En general, estos servicios se ofrecen a gobiernos, empresas u organismos que requieren mantener, expandir o profundizar proyectos extractivistas que demandan un uso intensivo del agua. Frecuentemente, entidades del lobby sionista de los distintos países invitan a comitivas gubernamentales a recorrer las instalaciones de la empresa en Israel o a participar en los seminarios y eventos que organiza sobre el agua.
La presencia de Mekorot en la región adopta características particulares. Si bien se trata de una empresa estatal, su accionar se equipara a cualquier otra empresa privada. Al menos hasta ahora actúa con perfil bajo —resulta difícil seguirle el rastro—, a diferencia de otras trasnacionales con fuerte presencia mediática y en diferentes estamentos de la vida cotidiana. En general elige interlocutores poco conocidos para sus vínculos con los distintos niveles de gobierno, opta por intermediarios que le permiten eludir la normativa que rige para la contratación pública, las posibilidades de control y cualquier demanda por falta de transparencia. En los pocos convenios que han trascendido no fija domicilio en el país firmante, ni reconoce oficinas propias o filiales en la región.
Mekorot ha participado en Belo Horizonte y otras regiones de Brasil. En Colombia brindó servicios de consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales —entes ambientales del gobierno— de Cundinamarca o en La Guajira, por mencionar sólo algunas. En República Dominicana el gobierno nacional la contrató para el diseño del Plan Hídrico nacional (2023), la Red Socioambiental impugnó el acuerdo ante el organismo de control de contrataciones públicas, por las irregularidades y las excesivas cláusulas de confidencialidad que incluía, logrando su suspensión. En México firmó un acuerdo con el área de ambiente, a través de la Comisión Nacional del Agua (2013), para asesorar sobre calidad de agua y remediación de acuíferos. Por una cuestión de espacio, desarrollaremos sólo dos ejemplos de su incursión: en Chile y Uruguay.
En Chile, años atrás la empresa intentó establecer vínculos en Valparaíso, pero organizaciones que impulsaron el boicot lograron frenar su avance. Más recientemente, tras una intensa acción de la Agencia de Cooperación Israelí, el Gobierno Regional del Biobío anunció en mayo del 2023 la firma de un convenio con Mekorot para realizar el “Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos” de la región. La operación alertó a la comunidad palestina en Chile, la organización Abogados por Palestina investigó el caso, constatando que la firma del contrato no había sido directa por parte del gobierno, sino a través de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, llamada “Desarrolla Biobío”, por lo cual no rige la Ley de Compras Públicas.
El acuerdo compromete el pago de 300 mil dólares, su vigencia es de un año con renovación automática e incluye cláusulas usureras, en sintonía con los clásicos acuerdos de Libre Comercio: ante cualquier duda o interpretación de los términos del contrato rige la legislación inglesa; ante incumplimiento o controversia, no se dirime en tribunales chilenos, sino un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional; y otras condiciones que ponen en riesgo el dinero público. Por todas estas irregularidades, Abogados por Palestina presentó en marzo de 2024 un requerimiento ante la entidad fiscalizadora superior de Chile de la cual esperan respuesta.
En Uruguay, la zona metropolitana de Montevideo padeció en 2023 una crisis hídrica y sanitaria por la situación límite de la cuenca del Río Santa Lucía de donde se abastece la planta potabilizadora que provee a dos tercios de la población del país. Cuenca atravesada por el desmonte, el agronegocio, la industria forestal y de celulosa y las descargas cloacales sin tratamiento, entre otras amenazas que hacen al corazón del modelo productivo uruguayo. En 2013, ante una crisis hídrica de menor magnitud, se conformó el Consejo de Cuenca, se realizó un diagnóstico y se dispusieron medidas urgentes para sanearla, que con el tiempo quedaron en el olvido. Completa el cuadro el achicamiento de la planta de empleados de OSE, empresa estatal a cargo del servicio, y la falta de inversión pública necesaria para el mantenimiento de una infraestructura obsoleta —el 50% del agua potable se pierde por las cañerías de la red—. La sequía de los últimos años sólo prendió la mecha del dispositivo que muches alertaban que iba a estallar.
Desde hace años Mekorot viene instalando en Uruguay la idea de usar agua del Río de la Plata, altamente contaminada, para sumar otra fuente de captación. En marzo del 2022 OSE firmó un contrato con la empresa por 275 mil dólares para asesoramiento y capacitación en materia hídrica. Ante la solicitud de información, OSE sólo entregó la resolución de directorio donde se mencionaba el monto y el objeto del contrato, pero no su contenido. La estrategia del gobierno actual es avanzar con el Proyecto Neptuno, en la localidad de Arazatí, a cargo de un consorcio de empresas privadas, para tomar agua del Río de la Plata y transportarla 72 km para inyectarla a la red, altamente cuestionado por sus enormes costos —700 millones de dólares— y dudosa viabilidad ya que incluiría proceso de desalinización en algunos meses del año. ¿Cuáles han sido los ‘consejos’ de Mekorot? ¿Recuperar la cuenca del Santa Lucía, restablecer el bosque nativo, ordenar el territorio modificando los cultivos forestales en zonas de recarga del río, reemplazar los cultivos del agronegocio, tratar los efluentes para evitar las descargas, todas recomendaciones hechas en 2013? ¿Frenar el vaciamiento de OSE? Claro que no, su recomendación es avanzar con los negociados del Proyecto Neptuno.
Antecedentes en Argentina