Antecedentes en Argentina
Si bien los lazos entre Israel y nuestro país son de larga data, recién en 1995 ambos Estados rubricaron un Convenio de Cooperación Comercial y Económica, ratificado por la ley 24.710.
Años más tarde, Mekorot encontró en el sector sindical ligado a la gestión del agua un gran aliado para expandir su influencia. Según registros periodísticos, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) sostenía relaciones con la empresa al menos desde 2007. El dirigente menemista Rubén Pereyra en aquél momento a cargo de la conducción, era un representante del modelo de “sindicalismo empresario” instalado durante la hegemonía privatista de la década del ‘90. Estos vínculos sirvieron de base para la firma en agosto de 2008 de un acuerdo marco de cooperación entre FENTOS, Mekorot y el gobernador Mario Das Neves de Chubut, para realizar estudios y proyectos de obras hídricas y de agua para riego. El antecedente es de importancia por el alcance nacional de la Federación y su compromiso con la empresa.
Mapa de las provincias argentina en vínculo con Mekorot
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la relación con Mekorot cobró otra dimensión. La Empresa 5 de Septiembre pertenece al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) y está constituida con el 10% de las acciones correspondientes a les trabajadores de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), prestataria del servicio en 80 localidades. El objeto principal de la empresa es brindar servicios integrales de consultoría, diseño y evaluación de obras; su incidencia en las políticas y decisiones de ABSA es más que relevante. La relación de Mekorot con ambas empresas es de larga data.
En los años 2008 y 2009, la localidad de Bahía Blanca atravesó una fuerte crisis hídrica, situación que apuntaló a la intervención de Mekorot en tareas de consultoría para el diseño de un “plan de emergencia” y posteriormente una planta de reuso de líquidos cloacales, para destinar el agua reciclada al Polo Petroquímico, aliviando de esta manera el agua para uso doméstico. Mekorot diseñó la planta junto a la Empresa 5 de septiembre, ABSA aportó $150 millones para su financiamiento y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) otros $30 millones. En 2011 se presentó el proyecto, en 2016 inició su construcción y en 2019 la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, inauguró su primera fase. No encontramos registro que se haya realizado licitación, ni audiencia pública sobre la obra, ni evaluación de impacto ambiental, ni consulta o participación de organizaciones de la sociedad bahiense, a pesar del interés que había despertado la crisis hídrica. El único sector consultado fue el complejo petroquímico.
En la ciudad de La Plata, el proceso fue similar, en paralelo, pero con otro desenlace. El objetivo allí era construir una planta de tratamiento de aguas para la región de la capital provincial, Berisso y Ensenada, como complemento de la planta Donato Gerardi (Ensenada) y extender el servicio a futuro mediante la extracción de agua del Río de La Plata. La Empresa 5 de Septiembre, SOSBA y ABSA junto a Mekorot lideraron el proceso, la empresa hispano-israelí Ashtrom BV y las constructoras platenses Mako y Eleprint completaron el equipo de la UTE conformada para la ejecución.
En noviembre de 2009 el entonces gobernador, Daniel Scioli, declaró de interés público el proyecto y llamó a licitación en el marco del Régimen de Iniciativa Privada. El costo estimativo inicial era de 90 millones de dólares a cargo de los responsables del proyecto, contemplando la construcción y posterior operación de la planta hasta el repago total de la obra en unos 15 años, lo que implicaba al menos un 30% de aumento de la tarifa para los usuarios de la zona. A fines de 2010, Scioli viajó a Israel para concretar el acuerdo para las plantas de Bahía Blanca y La Plata. El intendente bahiense, Cristian Breintenstein, y el titular de ABSA, Guillermo Scarcela, fueron de la partida. A su regreso, rápidamente inició el proceso de licitación para la planta de La Plata.
En el año 2011, al tomar estado público el proceso, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, con el respaldo de la red internacional Stop The Wall, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones iniciaron la campaña “Buenos Aires, las Aguas Bajan Turbias”, denunciando los crímenes de apartheid contra el pueblo palestino de Mekorot y el negociado en torno al proyecto.
Según Adolfo Ruiz, ingeniero empleado en el área de hidráulica de la provincia y delegado de ATE, la reparación y mejora para reducir las pérdidas de las cañerías existentes permitiría obtener resultados similares a los proyectados para la planta, con costos sustancialmente menores. Además del aumento de la tarifa, se cuestionaba el proceso licitatorio hecho “a medida” de la empresa y la calidad de agua propuesta: el “doble estándar” característico del modelo de gestión de Mekorot: agua “corriente” no apta para consumo humano, de menor calidad y costo, y “agua potable” a mayor precio.
Con mucho esfuerzo se presentó un detallado pedido de informes en la Legislatura a través del diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica. Fruto de la movilización en la calle y el trabajo en los medios de comunicación, en octubre del 2012 se logró la aprobación del pedido de informe en la Legislatura y luego la suspensión de la licitación. Una victoria importante, ya que a pesar de los reiterados intentos, a la fecha el proyecto no se pudo concretar. De todos modos, la alerta continúa, dado que muchos de los actores intervinientes en aquellos años siguen ocupando espacios de poder: Daniel Scioli es Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del actual gobierno de Javier Milei; Julio Castro, titular de SOSBA y de la Empresa 5 de Septiembre en aquél entonces, continúa a la cabeza del gremio; Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, sigue tendiendo lazos con los gobiernos de turno para fortalecer los negocios del sionismo y los propios.
La voz del agua y de los cerros en la marcha por el aniversario de Chilecito. Foto: Asamblea por la Vida de Chilecito
La experiencia reciente
Desde su asunción en el Ministerio del Interior, Wado de Pedro —paradójicamente, hijo de víctimas de la última dictadura genocida del país— quiso que les titulares de las provincias conocieran de primera mano, in situ, el modelo de gestión del agua de Israel. Debido a la pandemia, el viaje recién pudo concretarse en abril de 2022, con mandataries y funcionaries de 10 provincias y de distintos signos políticos. Mientras tanto, en 2021, el gobierno promovió un ‘memorándum de entendimiento’ entre Mekorot y el ente que regula el servicio de agua y saneamiento a nivel nacional, el ENOHSA. Todas estas gestiones contaron con el acompañamiento militante de Mario Montoto.
En el viaje a Israel, De Pedro propuso a les gobernadores crear una ‘mesa de trabajo’ para centralizar en una sola autoridad en la órbita de su Ministerio el manejo del agua, tomando como ejemplo el modelo israelí. Señaló que junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) habían elaborado un borrador de proyecto de ley a tal fin y querían firmar un convenio con la empresa y las provincias para avanzar en ese sentido. Mendoza y Río Negro no estuvieron de acuerdo, señalando que no era un tema de competencia nacional. De todos modos, al regreso de la comitiva y por intermediación del CFI, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron convenios para que Mekorot diseñara sus Planes Maestros de Agua, principalmente.
A principios de 2023 se realizó un acto oficial en Casa Rosada para ‘formalizar’ los convenios, con la presencia del Embajador de Israel, el presidente de Mekorot y les titulares de las provincias firmantes, a las que se sumaron Santa Fe y Santiago del Estero. Más recientemente, con el recambio de gobierno, los gobernadores de Neuquén, Chubut y Jujuy anunciaron la firma con la empresa, completando así la plantilla actual de 12 provincias, la mitad del país, de una u otra manera vinculadas a Mekorot. Si nos detenemos a analizar el mapa, es la ruta del avance de la frontera extractivista, megaminera, petrolera y del agronegocio.
Ante la profundización del genocidio en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de Javier Milei es uno de los pocos en la región y el mundo que afirma su apoyo incondicional al primer ministro Benjamin Netanyahu. Fronteras adentro, empresarios sionistas de mucho poder económico integran el círculo rojo del gobierno de Milei, incluso en puestos clave, como Eduardo Elzstain o Gerardo Werthein —actual embajador en EE.UU— o referentes como el rabino Axel Wahnish, designado embajador en Israel. Las perspectivas, por tanto, no son muy alentadoras.
La falta de información y participación
El intermediario elegido en esta etapa para acompañar a Mekorot, eludiendo las normas de contratación pública, control y monitoreo, acceso a la información y participación pública es el Consejo Federal de Inversiones.
Se trata de un organismo autónomo y autárquico, es decir, no tiene obligación de responder a ningún ámbito superior, más que a su propio directorio. Conformado en 1959 por representantes de las provincias, su objeto es la ‘investigación, la coordinación y el asesoramiento’ para una ‘adecuada política de inversiones’. Por el CFI desfilan la gran mayoría de proyectos de obra pública de las provincias. Está financiado por un porcentaje de lo correspondiente a cada jurisdicción de la coparticipación federal; a modo de ejemplo, para el ejercicio 2024, serían alrededor de $90.000 millones.
Su actual secretario general, Ignacio Lamothe, muy cercano a De Pedro, con antecedentes en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue elegido para ese cargo en octubre de 2020. Lamothe llegó al CFI tras la muerte del anterior titular, Juan José Ciacera, quien estuvo 33 años ininterrumpidos al frente del organismo. Una señal del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y gobiernos de turno para mantener el status quo de la entidad.
Al tomar conocimiento de los primeros convenios firmados entre las provincias y Mekorot, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, solicitó una entrevista con De Pedro, requiriendo mayor información. En la oportunidad el Ministro respondió que su organismo no tenía ninguna injerencia en los acuerdos firmados, que la información debía ser requerida al CFI.
Después de insistir mediante notas en el marco de las leyes de Acceso a la Información Pública y en específico de la Información Pública Ambiental, desde el CFI respondieron que el organismo no está obligado a las disposiciones de esas normas. Igualmente brindaron información genérica sobre los acuerdos firmados con Mekorot, aclarando que en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero, si bien había convenios específicos con el CFI, no había injerencia de la empresa —a pesar de los anuncios a la prensa en ese sentido por parte de ambos gobernadores—.
Charla sobre Mekorot en Las Juntas, Ambato, Catamarca, en la Asamblea de Ríos Vivos, que nuclea distintas asambleas de la provincia